Conflicto salarial de repercusión social y sanitaria
Los reclamos de aumentos salariales en el ámbito de la administración pública de la provincia de Córdoba, como así también de la Municipalidad de la ciudad capital, han sido casi siempre motivo de acaloradas protestas por parte de los gremios involucrados. Con todo, luego de los clásicos escarceos, las partes cerraron acuerdos que posibilitaron descomprimir las tensiones.
Sin embargo, corren tiempos difíciles y cada actividad que se desarrolle en las órbitas públicas o privadas adquiere otra dimensión. Desde hace más de un año, la pandemia por el coronavirus nos cambió la vida. Ya nada será igual, al menos hasta que las vacunas eviten la propagación de un virus.
En ese marco, quién se atrevería a desconocer el rol que asumen los equipos de salud en la atención de la población. Una cruzada épica que alcanza a los profesionales de todas las especialidades.
Es por ello que la demanda de una recomposición urgente de haberes lanzada días atrás por la Multisectorial de Salud de la provincia no se asemeja a aquellas típicas y arduas negociaciones que dirimen los sindicatos de gestión estatal.
En primer lugar, y sin desmerecer la legitimidad de los reclamos, resulta controversial que en un contexto sanitario como el que transitamos el plan de lucha contemple un paro de actividades de un sector esencial como ninguno en esta contingencia.
Pese a todo, habrá que atender y examinar los métodos de contratación de personal en la administración pública cordobesa.
Más allá de la cuestión salarial, la Multisectorial de Salud levanta la voz por la precarización laboral que, sostiene, afecta a muchos profesionales contratados sin estabilidad en sus cargos. Por ello, alegan que durante los últimos meses hubo decenas de contratos caídos, pese a la promesa en contrario del Gobierno provincial.
Además, consideran que hay un déficit en la política sanitaria local, pues la suma de camas críticas y de respiradores no se refleja en la incorporación de personal especializado. Según aducen, la Provincia tiene las camas suficientes de terapia intensiva, “pero no quién las atienda”.
Desde el Centro Cívico, exponen versiones opuestas y difunden pautas salariales acordadas con anterioridad que contradicen a los equipos de salud.
Lo cierto es que poco contribuirá a la solución del problema si las partes se enredan en afirmaciones y en desmentidas, en vez de encarrilar un conflicto de enorme repercusión social y sanitaria.
La precarización laboral en la administración estatal no es novedosa, sólo que los viejos vicios en la incorporación de miles de agentes se reactualiza por las contrariedades impuestas por la pandemia.
Falta personal especializado, no se renuevan contratos, recrudecen los reclamos salariales, no llegan las vacunas prometidas, suben los casos de decesos y de contagios. Razones suficientes para que las autoridades y los sindicatos limen asperezas en un marco de amplio consenso.
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