Conductas que ya no deben ser toleradas
La destitución del ahora exjuez provincial Francisco Martín Flores, más la renuncia al cargo –por denuncias previas– del camarista federal Ignacio Vélez Funes son dos hechos que, en las últimas semanas, invitan a pensar que hay conductas que ya no deben ni pueden ser toleradas. Incluso en instituciones tan difíciles de cambiar, como la Justicia.
En el primer caso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales destituyó a Flores como titular del Juzgado de 1ª Instancia de 27ª nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, al hallarlo responsable de dos acusaciones: mal desempeño de funciones y posible comisión de delitos comunes, en el marco de un contexto de violencia de género en perjuicio de una expareja.
En relación con Vélez Funes –vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba–, el mismo funcionario presentó la renuncia tras haber sido denunciado como presunto autor de acoso sexual y maltrato laboral.
No es una novedad que los índices de confianza en las instituciones argentinas reflejan el pesimismo y el rechazo de la sociedad, cansada de sufrir atropellos que pocas veces son enmendados.
La Justicia, precisamente, está inmersa en esa ola de desaprobación. Una muestra de tal situación: el 79% de los argentinos tenía poco o nada de confianza en la Justicia y el 71% no creía en la independencia de la Justicia respecto del gobierno de turno, según la última encuesta (2021) de la consultora Isonomía y Abogados de Pie, entre dos mil personas de todo el país. Y casi nueve de cada diez tenían una imagen negativa de los jueces.
Otra encuesta, realizada en 2022 por Zuban-Córdoba y Asociados, reflejaba la falta de confianza tanto en la Corte Suprema (72,7%) como en los jueces federales (74,2%).
Como se puede ver, entre siete y ocho de cada 10 personas reprueban de alguna manera el accionar de la Justicia.
De allí que adquieran un significado especial tanto la destitución de Francisco Martín Flores como la renuncia de Ignacio Vélez Funes.
Se trata de acciones que invitan a pensar en un cambio, en especial en el caso de Flores, en el que sus pares entendieron que existen límites claros en relación con la actuación de los jueces.
Las conductas violentas y abusivas ya no deben ser vistas en el Poder Judicial con una vara distinta a la que utiliza la sociedad en su conjunto, que comienza a entender –aun con deudas pendientes– que la violencia de género debe ser erradicada de todos los ámbitos. Más aún cuando se cumplieron todos los pasos legales y cuando se respetaron todas las garantías constitucionales del derecho a la defensa de los victimarios.
Resta ahora esperar que este sea el principio de un cambio de actitud y de un accionar más veloz ante la presunción de que puedan existir estas situaciones. Tan injusto es para las víctimas que las instituciones miren para otro lado cuando se producen estos hechos como esperar años o más de una década para que exista la intención de repararlos.
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