Cómo una provincia argentina en quiebra está combatiendo la austeridad implementada por Milei
LA RIOJA, Argentina (AP) — Se ven como dinero en efectivo, caben en las billeteras como si lo fueran y el gobernador promete que se les considerará como efectivo.
Pero estos billetes de colores brillantes no son pesos, la depreciada moneda nacional de Argentina, ni dólares estadounidenses, el dinero que la gente prefiere usar en el país sudamericano.
Son “chachos”, una nueva moneda de emergencia inventada por el gobernador izquierdista de La Rioja, una provincia del noroeste que cayó en bancarrota cuando el presidente derechista Javier Milei recortó las transferencias presupuestales a las provincias, parte de un programa de austeridad sin precedentes en el país.
“¿Quién hubiera pensado que algún día iba a querer juntar pesos?”, dijo Lucía Vera, una profesora de música que salía de un gimnasio lleno de trabajadores estatales que aguardaban para recibir su bonificación mensual de chachos por un valor de 50.000 pesos (unos 40 dólares).
En la capital de La Rioja ahora pueden verse calcomanías en las que se le informa al público que “se reciben chachos”, desde supermercados de cadena y gasolineras hasta restaurantes elegantes y salones de belleza. El gobierno local garantiza una tasa de cambio de 1 a 1 con los pesos, y acepta chachos para el pago de impuestos y facturas de servicios públicos.
Pero hay inconvenientes. Los chachos no pueden utilizarse fuera de La Rioja, y sólo negocios registrados pueden cambiar chachos por pesos en unos pocos puntos de canje establecidos por el gobierno.
“Necesito plata real”, dijo Adriana Parcas, una vendedora callejera de 22 años que le paga a sus proveedores en pesos, después de rechazar a dos clientes consecutivos que le preguntaron si podían adquirir sus perfumes con chachos.
Los billetes llevan el rostro de Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, el caudillo famoso por defender a La Rioja en una batalla del siglo XIX contra las autoridades nacionales en Buenos Aires. Un código QR en el billete conduce a un sitio web que denuncia a Milei por negarse a transferirle a la provincia su parte correspondiente de los fondos federales.
Tras asumir el cargo en diciembre de 2023, Milei impuso rápidamente su terapia económica de choque fiscal, en un intento por revertir décadas de gastos populistas por encima del presupuesto que generaron los monumentales déficits de Argentina. Los recortes estrujaron a las 23 provincias del país, pero desataron una crisis en toda regla en La Rioja, donde la nómina pública abarca a dos terceras partes de todos los trabajadores registrados y los impuestos redistribuidos por el gobierno federal sustentan el 90% del presupuesto.
Con poco menos de 384.600 habitantes y poca industria más allá de los nogales y los olivos, La Rioja recibió más fondos federales discrecionales que cualquier otra provincia el año pasado excepto la de Buenos Aires, donde viven 17,6 millones de personas. Sin embargo, la tasa de pobreza en la provincia es de 66%, resultado, según los críticos, de un sistema clientelista usado desde hace tiempo para apaciguar a grupos de interés a expensas de la eficiencia.
Mientras que las reformas de Milei obligaron a otras provincias a apretarse el cinturón y despedir a miles de empleados, el gobernador Ricardo Quintela —una figura influyente en el largamente predominante movimiento peronista de Argentina y uno de los críticos más acérrimos de Milei— se negó a absorber el descontento por la austeridad.
“No le voy a quitar el plato de comida a los riojanos para pagar una deuda que la tiene el gobierno nacional”, le dijo Quintela a The Associated Press, quien retrató a su plan de impresión de chachos como una posición audaz frente a 10 meses de salarios que se desploman, creciente desempleo y miseria que se profundiza bajo el gobierno de Milei.
La Rioja se declaró en mora de pagos de sus deudas en febrero y agosto. En septiembre, un juez federal de Nueva York le ordenó a la provincia pagarle a tenedores de bonos estadounidenses y británicos casi 40 millones de dólares en daños. La Corte Suprema de Justicia de Argentina está ocupándose del caso de la negativa de la provincia a cobrarle a los consumidores precios astronómicos por la electricidad, luego de que Milei retiró los subsidios.
“Digamos que hay un camino diferente al que marca el actual presidente», agregó Quintela. «El actual presidente está planteando un camino bastante difícil de entender por la crueldad de las políticas que aplica».
Se le escuchaba convencido, en un momento en que los índices de aprobación de Milei han caído por debajo de 50% desde que el economista radical asumió el poder.
Pero según dicen Milei y sus aliados, la alternativa de Quintela ofrece poco más que un regreso al habitual terreno peronista de gasto desenfrenado —e insolvencia— que derivó en la crisis rotunda que su gobierno heredó.
“Estabas acostumbrado a que te hacían el nudo de la corbata y te lustraban los zapatos. Ahora el nudo te lo tenés que hacer vos”, les dijo el secretario de prensa de Milei, Eduardo Serenellini, a líderes empresariales en una visita reciente a la provincia. “Cuando te quedaste sin caja te quedaste sin caja».
Serenellini tomó un billete chacho y luego se lo sacudió como si fuera pelusa.
La estratagema de Quintela en la alejada provincia ha tenido pocos efectos sobre las finanzas federales de Argentina, pero eso podría cambiar si más provincias carentes de dinero en efectivo hacen lo propio, como ocurrió durante la terrible crisis financiera del país en 2001, en la que un plan similar de austeridad brutal hizo que más de una docena de provincias imprimieran a toda prisa sus propias monedas paralelas.
A diferencia de hace dos décadas, cuando el expresidente peronista Néstor Kirchner puso fin al caos al canjear por pesos las monedas provisionales “patacones”, “cecacores” y “bocanfores”, Milei ha rechazado rescatar a La Rioja.
«No seremos cómplices de irresponsables que buscan engañar a la gente con la falsificación de papel”, advirtió Milei en una entrevista reciente con el canal televisivo argentino Todo Noticias. Pero el libertario reconoció que no podía impedir que La Rioja hiciera lo que quisiera, tomando en cuenta que la Constitución de Argentina permite ese tipo de soluciones financieras alternativas.
El chacho entró en circulación en agosto después de que el Congreso de La Rioja aprobó planes para imprimir billetes de esa moneda por un valor de 22.500 millones de pesos con el fin de ayudar a cubrir hasta el 30% de los salarios del sector público.
En un momento en que el ingreso promedio de La Rioja ha disminuido a menos de 200 dólares al mes y las tiendas cierran por falta de clientes, las autoridades distribuyeron chachos por valor de 8.400 millones de pesos en bonificaciones mensuales en agosto y septiembre, en un intento por ayudar a los trabajadores a hacer frente a la inflación anual de 230% en Argentina y estimular a la golpeada economía local.
Para alentar el uso del chacho, las autoridades prometen pagar un interés de 17% en los billetes que se tengan hasta su vencimiento el 31 de diciembre.
“Cuanto más nos acerquemos al vencimiento … se va consolidando la confianza en el instrumento», dijo Carlos Nardillo Giraud, consejero del tesorero provincial.
La mayor parte de los trabajadores estatales entrevistados el mes pasado en filas para cobrar chachos que se extendían por las aceras de La Rioja dijeron que querían deshacerse de esos billetes lo más pronto posible.
“Yo creo que (el chacho) es una alternativa para las familias numerosas, la gente que no llega a fin de mes”, apuntó Daniela Parra, una profesora de física de 30 años que estaba en la motocicleta de su novio con los brazos llenos de chachos, lista para gastarlos todos en una visita al supermercado. «Pero no sabemos qué va a pasar a futuro… el mes que viene”.
En las calles, los comerciantes dijeron sentirse atrapados en un callejón sin salida.
El no aceptar los chachos significaba rechazar clientes con nuevo poder adquisitivo en medio de una profunda recesión. Pero aceptarlos significaba llenar las cajas registradoras con dinero sin valor ante proveedores extranjeros y que ya está siendo intercambiado a precio rebajado por pesos en las calles.
“Es un sistema donde estás obligado a depender (del gobierno)”, dijo Juan Keulian, director del Centro Comercial e Industrial de La Rioja. «No hay opción en un lugar como este”.
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