Cómo se previene la violencia policial
El pasado fin de semana, un sargento de la Policía cordobesa asesinó a su pareja con su arma reglamentaria en el domicilio donde vivían, en la ciudad de Alta Gracia. Es el tercer femicidio cometido por efectivos policiales cordobeses en menos de 10 meses.
Los casos son prácticamente idénticos: uniformados en actividad que asesinan a sus parejas con sus armas reglamentarias. Luego se quitan la vida.
Sólo una semana antes, el drama tuvo lugar en Silvio Pellico. A fines de diciembre de 2020, sucedió en barrio San Martín, Córdoba Capital.
Si vamos más atrás, en 2018, entre marzo y mediados de septiembre, tres policías asesinaron a cuatro mujeres. Hubo un femicidio doble en El Diquecito, más uno en Despeñaderos y otro en Córdoba capital.
Entonces, se creó la Auditoría de Salud Mental, para “aminorar los casos de violencia de género” y los “excesos” en otras situaciones. Tres años después, es claro que los femicidios y los casos de “gatillo fácil” siguen siendo una triste y dolorosa realidad.
En consecuencia, la nueva serie de violentos episodios vuelve a poner en primer plano dos puntos que las autoridades conocen a la perfección, aunque no hayan logrado hasta ahora encontrarles solución.
Por un lado, es innegable que el estado psicológico de los policías requiere ser valorado desde otra óptica y desde el ingreso mismo. Los controles internos, según las fuentes consultadas por este diario, se hacen de modo periódico. Pero la realidad demuestra que no alcanzan a detectar las conductas violentas.
Recordemos que ya en 2018, al crearse la Auditoría de Salud Mental, se señaló que la intención era controlar “a fondo” la salud psicológica, sobre todo de los varones, para prevenir situaciones de violencia de género.
Algo más grave aún ocurrió entonces: la nueva oficina dependería de la Dirección General de Control de Conducta Policial, desde donde se habían prometido años antes “mejores controles psicológicos”. En otras palabras, cuando se tornó evidente que no se había logrado ese objetivo, la decisión fue reformularlo creando más burocracia. Esto nos lleva a una cuestión crítica: hasta aquí, se ha insistido en mantener un control interno. Por cierto, ya en 2018 la legisladora Liliana Montero supo reclamar que la supervisión psicológica del personal policial se realizara desde otra institución; por ejemplo, la universidad.
Por otro lado, hace años que las autoridades también se niegan a revisar las normas que regulan que los agentes policiales deben llevarse el arma reglamentaria a sus casas, cuando ya no están en el trabajo. Los organismos de derechos humanos han propuesto el debate en numerosas ocasiones, porque no son pocas las personas que suelen perder la vida a manos de policías que están fuera de servicio, del mismo modo que la mayoría de los policías que fallecen en enfrentamientos armados están fuera de servicio.
Es hora de que las autoridades provinciales, con el acompañamiento de las fuerzas políticas y diferentes instituciones sociales, encaren esta problemática en profundidad.
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