Cómo se frena la violencia contra las mujeres
El presidente Alberto Fernández anunció que creará un consejo federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Su diseño y la puesta en funcionamiento estarán a cargo de la mesa femenina de su gabinete: las ministras de Justicia, de Seguridad y de Mujeres, junto con la secretaria Legal y Técnica.
En un pequeño anticipo de sus características, se ha señalado que estará integrado por los tres poderes del Estado y que su objetivo será desarrollar estrategias para prevenir e identificar situaciones de riesgo para las mujeres. Es un paso importante contra un delito aberrante. Pero debiera ser abordado a través de un debate legislativo y no de un decreto presidencial. Porque un organismo en sí mismo no soluciona nada. Hacen falta acciones políticas, sociales y culturales más decisivas y sostenidas en el tiempo. Lo que, en la práctica, significa dinero.
El verdadero compromiso de una administración con una determinada política pública se expresa en el presupuesto que se le asigna. Otorgar derechos, garantizar su cumplimiento, prevenir crímenes son acciones costosas, en el buen sentido de la palabra. Si se hiciera un análisis del Presupuesto desde una perspectiva de género, tanto a nivel nacional como de las provincias o de los municipios, ¿qué resultado arrojaría? Si la vida de las mujeres, sus derechos y sus libertades nos importan de verdad, el mejor argumento para demostrarlo estará en las partidas presupuestarias que cada nivel de gobierno destine a ese objetivo.
Además, es imperativo comprender que se trata de un objetivo que debe involucrar transversalmente a todo el Estado. La formación policial –por ejemplo, para atender a las denunciantes–, así como el establecimiento de un protocolo para investigar desapariciones de mujeres o la escena de un crimen donde la víctima sea una mujer, son cuestiones de suma importancia. Traducido, demandarán mucho presupuesto, e incluso acaso sea necesaria una discusión respecto de la posible creación de cuerpos especializados al interior de cada fuerza provincial.
El mismo cuadro se debe aplicar a la Justicia, tanto en el ámbito federal como en las distintas jurisdicciones. Las resoluciones que restringen el contacto de los agresores con sus víctimas, así como la entrega de botones antipánico a mujeres en riesgo, han demostrado que sus respectivas falencias remiten a la falta de presupuesto. Y cuando estos dispositivos fallan, la probabilidad de un nuevo femicidio crece de modo exponencial. Para reducir ese riesgo, hay que invertir más dinero.
Por cierto, la problemática requiere de una fuerte campaña de sensibilización que haga centro en la cuestión cultural que está en el trasfondo del femicidio: la sociedad tiene que desaprender los vínculos entre masculinidad y violencia.
Recién después de que se haya comprendido cabalmente lo anterior, cobrará sentido un consejo federal en el que las distintas jurisdicciones intercambien experiencias, políticas, estadísticas y materiales. Y, de paso, mejoren su eficiencia. Invertir el orden de los factores no resguardará a las mujeres.
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