Cómo cayó el refugio cordobés que planeó “Fito” Macías para su familia antes de escapar de la cárcel
La línea de tiempo lo explica: en noviembre, Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, esposa del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo “Fito” Macías, compró de contado la casa en el country Valle del Golf, en Malagueño, en las afueras de la ciudad de Córdoba. La casa tenía una deuda de dos años de expensas, que también cancelaron en efectivo, sin chistar. Fue en el último viaje previo a la mudanza de Inda junto a los tres hijos de “Fito”: Michelle, de 21 años, Ilse María, de 12, y Lian Sejam, de 4, el 4 de enero, cuatro días antes de que se detectara la fuga de “Fito” de la Penitenciaría del Litoral, donde el capo narco cumplía una condena de 34 años de prisión por narcotráfico, asesinatos y lavado de dinero.
Macías sabía que tras su escape seguirían motines en las cárceles, secuestros de policías, ataques con explosivos, y hasta la toma por parte de hombres armados del canal TC. El desastre fue tal que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el “conflicto armado interno” y ordenó una lucha sin tregua contra una veintena de bandas, entre ellas Los Choneros, la organización liderada por “Fito”.
La casa de dos plantas y cuatro dormitorios en el country cordobés fue el lugar elegido por Macías para resguardar a su familia de las venganzas que se desatarían en su contra. Un lugar de enfriamiento, no una nueva base de operaciones, creen. Aunque hay puntas que todavía faltan ser investigadas, como saber si además de esta casa compraron otras propiedades en Córdoba.
La familia de “Fito” Macías, además de una empleada doméstica, un sobrino y un amigo de la familia, Denny Yadira Laines Basurto, Javier Macías Alcivar y Ángel Zambrano Chiquito, fueron cargados en un avión militar y devueltos a Ecuador. El instrumento que se utilizó para su expulsión fue una resolución migratoria: la revocatoria de su residencia transitoria, que el clan obtuvo sin inconvenientes al ingresar al país porque no pesaba sobre ellos ninguna orden de detención, ni siquiera un “código azul” de Interpol de pedido de paradero.
El desembarco planeado
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dijo que hubo una “planificación de esta familia para instalarse en Argentina”, debido a que a la casa la “compraron en noviembre”. “Tienen varias entradas, con lo cual nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar a la familia y luego escaparse de la cárcel”, apuntó Bullrich.
El ministro del Interior nacional, Guillermo Francos, asintió que “fue absolutamente planificado” y reveló que la familia de Macías “tiene entradas en septiembre, octubre, noviembre y enero”.
“Es importante señalar que el fiscal encargado de investigar el viaje de la mujer de ‘Fito’ a la Argentina fue asesinado hace pocos días. Cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Para dar una idea de la magnitud de la organización que lidera este delincuente”, remarcó.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó que no tienen indicios de que hayan venido a desarrollar el narcotráfico: “Vinieron a esconderse, a refugiarse”.
Los primeros datos
La ministra Bullrich contó en conferencia de prensa que “hubo una alerta de parte de la Justicia ecuatoriana, y nos pasaron el dato de que estaba en Córdoba”.
Pero la pista más concreta llegó al ministro Quinteros. Un informante le escribió que Inda Peñarrieta y sus tres hijos se habían mudado a una casa en el country Villa del Golf que había sido comprada a nombre de Jorge Peñarrieta Tuarez, hermano de Inda.
El anónimo detalló que durante meses fueron llegando a la casa camas, colchones, televisores y otros muebles nuevos, todos con fundas y cajas, hasta que el 5 de enero se los vio llegar.
La investigación que inició la división Antiterrorista de la Policía de Córdoba, junto a la Dirección de Inteligencia Criminal, pudo precisar el dato de que la propiedad había sido puesta a nombre de una sociedad: Jomavi, que tiene como socios titulares a los hermanos Peñarrieta Tuarez y que había sido investigada en 2020 por lavado de dinero a favor de Los Choneros, la organización que lidera Macías. En un proceso que quedó cuestionado con sospechas de corrupción, los hermanos fueron sobreseídos en 2022. Algo que podía ser revertido en las últimas horas -y puede significar una complicación judicial para Inda- porque solo unas horas antes de que mataran al fiscal César Suárez Pilay, él había enviado a la fiscal provincial de Manabí un memorando para conocer si la esposa de “Fito” tenía procesos pendientes o investigaciones en esa jurisdicción.
La investigación
Alberto Bietti, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba, contó que apenas llegó el dato se montó un operativo sigiloso de vigilancia en los alrededores del country. Lo primero que llamó la atención es que en la casa señalada los habitantes sólo se movían en remises truchos. El R-12 y el Corsa que venían a buscar a los integrantes del clan familiar resaltaban, por oposición, con los autos de marca y patentes nuevas del resto de las viviendas del barrio privado.
“Se pidió colaboración a investigadores ecuatorianos, quienes nos facilitaron imágenes. De ese modo, se pudo corroborar 100% las identidades”, confió Bietti.
El problema para actuar era que no había ninguna orden de detención. Ni siquiera un pedido de paradero de Interpol.
El ministro Quinteros presentó un escrito al fiscal de la Cámara federal en Córdoba, Alberto Lozada, para poner en conocimiento la situación. A la vez, tuvo su primera comunicación con Bullrich, con quien decidieron unificar las investigaciones.
El problema que tenían que resolver era formal: con qué argumento detener y deportar a los Macías.
La invitación a retirarse
El jueves pasado ya estaba todo listo para el procedimiento, pero no había orden de detención, ni de allanamiento. Bullrich pasó la pelota a la Dirección Nacional de Migraciones para que se estudie una posible deportación. Lo que llegó fue menos que eso: una resolución en la que se revoca la residencia transitoria que obtuvieron a su ingreso al país. Es poco más que una invitación a retirarse.
El operativo, liderado en el terreno por Quinteros, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez, Bietti y el apoyo de fuerzas federales, se hizo con eso en la mano. Y con una orden directa del gobernador Martín Llaryora: “Se tienen que ir”.
El procedimiento se planificó al detalle, pero antes tuvo que lidiar con un imprevisto: cuando estaba todo listo, tres integrantes del clan salieron a dar una vuelta al shopping capitalino Patio Olmos. Como siempre, tomaron uno de estos remises truchos y salieron del country, seguidos por una discreta vigilancia de Inteligencia Criminal. Dieron vueltas, comieron, compraron zapatillas y cerca de las 19 tomaron un taxi al voleo y emprendieron la vuelta.
Escondidos en la estación de servicio Shell de ruta 20 estaban los efectivos del cuerpo de elite de la Policía provincial, Eter, las motos de apoyo y los federales. Los dejaron pasar, pero cuando el taxi que llevaba a los tres jóvenes paró en la otra estación, ubicada casi en el ingreso al country, decidieron actuar.
Los bajaron del coche y les informaron que existía una resolución de Migraciones que obligaba a que se retiren del país.
Luego, entraron al barrio privado, tocaron la puerta y al salir Inda y el resto del clan, la notificación se extendió a todo el grupo.
Se habían preparado distintos escenarios, pero como no había orden de allanamiento no podía ingresarse por la fuerza. La picardía de la Policía para poder cumplir con la notificación de Migraciones fue lograr que salgan de la casa por las suyas. Eso impidió, además, otras situaciones de riesgo, como la posibilidad de que alguno de los integrantes del clan intentara resistir y se generara un enfrentamiento, con consecuencias imprevisibles. Entre los presentes, estaba el menor de los hijos de “Fito” e Inda, de 4 años.
Se les permitió cambiarse y preparar las valijas. No había orden para requisar nada, pero los policías que acompañaron a los detenidos no vieron armas, ni drogas, ni dinero. No se les secuestraron los teléfonos celulares, siquiera. El trato fue cordial, sin ningún atisbo de violencia, ni en policías ni en los detenidos del clan Macías. Un observador graficó: “Se los vio hasta sumisos, como sabiendo qué les esperaba ahora, que no tenía sentido resistirse”.
“Seguramente pensaron que Argentina era un país permeable. No tuvieron problemas en comprar la casa”, reflexionó Bullrich. Y aseguró: “Evidentemente se encontraron con una decisión de que esto no es así”.
En la misma línea abundó Quinteros: “No sé por qué eligieron a Córdoba, pero se equivocaron. Les duró 14 días el refugio”.
Francos defendió el instrumento elegido para la virtual expulsión: “Argentina no va a ser hogar de delincuentes ni vamos a permitir que ingresen delincuentes, que lo sepa todo el mundo. Argentina no va a ser un narcopaís”.
También estuvo en la conferencia el ministro de Defensa, Luis Petri, quien remarcó el concepto: “Hay una decisión de combatir el narcotráfico en todo el país, hay una decisión de expulsar a los extranjeros que cometan delitos”.
En las declaraciones hubo una coincidencia plena en un término: “Argentina es un territorio hostil para el narco”. Lo repitieron todos: Bullrich, Petri, Francos y Quinteros, quien le sumó de su cosecha: “Y Córdoba más aún”.
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