Cobrar a extranjeros: un debate infructuoso
El gobierno central anunció que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes que cursen carreras de grado. Lo hizo con el argumento de que eso representaría una fuente de financiamiento para las casas de estudios.
No es la primera vez que esta cuestión se plantea a la opinión pública, con el consecuente debate que suscita.
Sin embargo, se trata de un debate estéril, infructuoso. Primero, por las cifras de las que se habla: en la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, hay entre 1.500 y 2.000 estudiantes extranjeros en la carrera de grado, de un total de 150 mil. Es decir, no sólo representan una porción ínfima (1,3%), sino que la mayoría tiene la residencia otorgada (sea “precaria”, al principio, o “permanente”, tras un tiempo determinado de estadía).
El único caso de estudiantes extranjeros no residentes es el de alumnos de intercambio o con estadía temporaria, fruto de acuerdos con universidades extranjeras, y no tiene que ver con carreras de grado.
De esta manera, la pretendida intención de generar ingresos choca con la realidad, ya que estos serían ínfimos, aun cuando alguna universidad decidiera prestarle atención a la alternativa de cobrar.
Por otro lado, la medida plantea serias dudas constitucionales, toda vez que el artículo 20 de nuestra Carta Magna señala: ”Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias”.
También existen pactos internacionales firmados por la Argentina que van en la misma dirección, con la obligación legal que surge de tales adhesiones.
Para mayor especificidad, la ley 25.871, que establece la política migratoria argentina, plantea que “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
De todo esto, y más allá de que se puedan revisar los requisitos a exigir para quien ingrese al país, no pueden dejar de surgir dudas sobre las reales intenciones del Gobierno nacional para plantear –una vez más– un tema que a todas luces carece de argumentación económica o legal.
No resulta extraño que esto ocurra cuando las universidades –como el resto de las provincias y entidades que dependen del financiamiento nacional– reclaman que el Presupuesto 2025 –de incierta aprobación– prevea las reales necesidades de las casas de estudio, sobre las que se cierne un fuerte ajuste.
Urge que la atención oficial se centre en las urgencias y en las preocupaciones principales de la sociedad, relacionadas con la seguridad, con el aumento de servicios e impuestos, con la caída del consumo, con el aliento a la producción o con la situación de la mayoría de los jubilados, y que se construyan los consensos necesarios para debatir los verdaderos problemas de la Argentina.
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