Chubut: condenaron a tres años de prisión a una exministra que contrataba asesores fantasma
Cecilia Torres Otarola, exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitada para ejercer cargos públicos. La Justicia la encontró culpable de contratar empleados fantasmas.
Dentro de la causa conocida como “Ñoquis calientes”, la declararon responsable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y de quedarse con parte del sueldo de asesores.
Los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri dictaron la pena de tres años de prisión en suspenso.
Omar Rodríguez, el fiscal de la causa, había pedido una condena de tres años y seis meses de prisión hace dos semanas. Finalmente, la pena fue un poco menor para la exfuncionaria, que de todas maneras continuará en libertad.
La exministra también fue condenada porque, cuando era diputada provincial, le exigía la mitad del sueldo a tres de sus asesores.
Torres Otarola fue separada de su cargo en junio de 2020 y ahora deberá abonar el costo del proceso judicial y obedecer ciertas reglas de conducta, según dispuso el Tribunal de Justicia.
El fiscal había solicitado una condena de dos años de prisión en suspenso para los cuatro funcionarios fantasma, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles. La Justicia los encontró culpables de montar una red de empleados que no cumplían funciones, y tampoco podrán ejercer cargos públicos.
Por la misma causa, Branco Rodera Niera y Jaquelina Rodera fueron absueltos previamente ya que no hubieron pruebas contundentes que demostraran su participación.
La causa “Ñoquis calientes” que hizo condenar a la exministra en Chubut
La investigación comenzó con una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval. El hombre aseguró que Torres Otarola le había pedido parte de su sueldo a él y a otros dos asesores más.
Luego de varios meses de investigación, el Ministerio Público Fiscal de Chubut consideró suficientes las pruebas presentadas en contra de la exministra.
El fiscal Rodríguez aclaró que la exfuncionaria no solo había provocado daño material, sino también “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”, y por eso solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La investigación realizada por Rodríguez determinó que la exministra Desarrollo Humano y Familia se apropió de un total de de $ 1.915.154 en 2020.
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