Causa bomberos: la Justicia aceptó a la Municipalidad como querellante
Luego de que se conociera días atrás el pedido de “contar su verdad” por parte de varios de los siete imputados por asociación ilícita, en el marco de una investigación contra una banda que presuntamente cobró altas sumas de dinero a comerciantes para expender certificados apócrifos de bomberos, el fiscal Guillermo González aceptó este miércoles a la Municipalidad como querellante particular en la mencionada causa.
No obstante, González aclaró que la incorporación del municipio como parte interesada en la investigación es independiente al curso que podrían tomar las nuevas pesquisas, incluso si ello requiriese indagar sobre un potencial rol de empleados municipales.
Al mismo tiempo, el fiscal a cargo de la causa se abstuvo de realizar mayores declaraciones.
El viceintendente a cargo del Ejecutivo Municipal, Daniel Passerini, había solicitado el pasado jueves, a través de Asesoría Letrada, actuar como parte querellante.
“El municipio capitalino se considera víctima de una estafa, por lo cual pedirá participar activamente en la causa”, sostuvo el intendente electo, al mismo tiempo que destacó que “hay satisfacción con la marcha de la investigación judicial”.
En cuanto al trámite judicial, el mismo avanza en varios frentes. La causa ha sido bautizada en Tribunales II como el “caso de los bomberos”, porque tres de los principales acusados se desempeñaban en esta fuerza que depende de la Policía de Córdoba.
Está caratulada como asociación ilícita.
Pese al secreto de sumario, se sabe que el fiscal Guillermo González y su equipo de trabajo analizan la prueba recolectada en los distintos allanamientos, al tiempo que ya descubrieron unas 30 habilitaciones irregulares a locales de Córdoba y se están tomando numerosos testimonios.
Entre quienes están declarando, cobran relevancia varios comerciantes que aseguran haber pagado por actas que eran truchas pero sin saber que lo eran, según trascendió. No está claro si serán imputados o si serán tomados como damnificados.
Los pesquisas entienden que la operatoria delictiva lleva varios años de existencia en Córdoba. “Creemos, suponemos, que hay cientos, miles de habilitaciones irregulares. Pero hay que detectarlas fehacientemente. Es mucho lo que se está investigando”, comentó una fuente de la causa.
“Estamos en presencia de la punta de un iceberg. Las detenciones fueron adoptadas porque se temía que pudiera producirse un nuevo Cromañón”, añadió otro informante.
Hasta ahora se ha detectado alrededor de una treintena de habilitaciones truchas de bomberos para sucursales de supermercados, concesionarias de autos, consultorios y hasta complejos deportivos. No se han detectado boliches o bares, como se temía. Esto no quiere decir que no puedan surgir.
La causa avanza y se esperan nuevas imputaciones.
En ese marco, surgió que, además de analizar a más personal de bomberos, también está bajo la lupa el rol que habrían tenido funcionarios o empleados de la comuna en este accionar. No se descarta que puedan ser acusados empleados o detenidos.
El punto es gravitante si se tiene en cuenta que, en paralelo, la Municipalidad de Córdoba insiste en que quiere ser querellante en esta compleja causa. El pedido podría ser aceptado por la fiscalía, según se escuchó en Tribunales II. Voceros judiciales indicaron que se puede aceptar la participación de la comuna como querellante y, en paralelo, avanzar también sobre personal municipal.
No se descarta que puedan ser imputados incluso particulares.
Por lo pronto, varios de los acusados ya pidieron declarar ante el fiscal González y dar su versión.
Las indagatorias serían realizadas en Tribunales II de manera presencial la semana próxima. Los acusados, por ahora, no irán a la cárcel de Bouwer, según trascendió. Seguirán alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 9 (la UCA).
Los imputados por presunta asociación ilícita son los exbomberos Julio Zárate (55) y Eduardo Arturo Rivero (58); el bombero en funciones Marcos Fernando Lúquez; el policía Leonardo Gorosito (trabajaba en Subjefatura de Policía), y los especialistas en seguridad e higiene Félix Rafael Calama (56), Mario García (48) y Roque Javier Olmedo (48).
Passerini quiere ser querellante
Desde la Municipalidad de Córdoba, se indicó que, por instrucción del viceintendente a cargo del Palacio 6 de Julio, Daniel Passerini, la asesoría letrada de la comuna solicitó a la fiscalía ser querellante en la causa.
“El municipio capitalino busca tener acceso a los detalles de la instrucción y conocer el listado de locales o comercios alcanzados por la investigación, a los fines de realizar las constataciones que correspondan en cada caso”, se indicó.
A todo esto, Passerini señaló: “El municipio capitalino se considera víctima de una estafa, por lo cual pedirá participar activamente en la causa”. Señaló que desde la Municipalidad “hay satisfacción con la marcha de la investigación judicial” y destacó la relevancia que cobra el proceso de digitalización que permitió “agilizar la investigación judicial”.
Desde la comuna se indicó que, en marzo de este año, el municipio “le facilitó a la fiscalía un acceso directo a todo el sistema de habilitaciones de comercios”.
En paralelo, se indicó que las habilitaciones que requieren la intervención de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba constituyen aproximadamente un 9% del total.
Ingenieros civiles. El Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba informó que designó un profesional para que integrara el cuerpo de técnicos que realizarán relevamientos en comercios de Córdoba. La nominación surge de un pedido efectuado por el fiscal González.
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