Caso Joaquín Paredes: el jurado popular define el destino de los seis policías acusados
El juicio por el crimen policial de Joaquín Paredes (15), que tiene a seis policías en el banquillo de los acusados, llega este miércoles a su etapa final y se espera conocer el veredicto de los jurados populares. El proceso se desarrolla en los Tribunales de Cruz del Eje.
Joaquín fue asesinado en la madrugada del 25 de octubre de 2020 en medio de una redada policial que se concretó en Paso Viejo, un poblado de unos mil habitantes ubicado sobre la ruta 38 en el departamento Cruz del Eje.
El más comprometido de los imputados es el agente Maykel López, acusado de ser el autor del disparo que ingresó por la espalda del adolescente y terminó con su vida en aquella fatídica madrugada. Según la modificación que ingresó la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, López y el sargento Ivan Alexis Luna afrontan cargos como coautores del delito de homicidio calificado agravado por la función de miembros de la policía.
Para la fiscal y los abogados querellantes los otros tres policías, Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez y Ronald Fernando Aliendro, fueron coautores del principal hecho que está ventilándose en el juicio, el asesinato de Joaquín Paredes.
El lunes fue el turno de los alegatos de la fiscal y de los querellantes.
La fiscal Pochettino pidió condenas de prisión perpetua para los cinco policías que intervinieron el operativo que culminó con la muerte de Joaquín y con otro adolescente herido de bala en un brazo.
A esa misma petición se sumaron los abogados de la querella por parte de la familia Paredes, Claudio Orosz y Ramiro Fresneda; al igual que Juan Pedro García, el letrado que representa a B, el menor que fue herido de bala en el mismo procedimiento policial.
Por otro lado, la fiscal pidió dos años de prisión efectiva para el subcomisario Daniel Sosa Gallardo, quien está acusado de amenazas.
La postura defensiva
Toda la jornada de este martes estuvo dedicada los alegatos de los abogados defensores de los imputados quienes se esmeraron en criticar la posición tomada por la fiscal Pochettino.
La polémica nació en la primera audiencia de este juicio cuando la fiscal intentó modificar las imputaciones con las que se había elevado la causa luego de las apelaciones resueltas por la Cámara de Villa Dolores que bajaban considerablemente la valoración de los hechos.
Al no concedérsele esa posibilidad por parte de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que preside este juicio, la funcionaria esperó hasta la última jornada de recepción de testimonios para plantear un “hecho diverso” y ahí sí logró introducir las nuevas imputaciones basándose en lo que consideró nuevas pruebas receptadas durante las audiencias del juicio.
Fuertes planteos
El primer turno de los alegatos de este martes fue para los abogados Ricardo Moreno y Jorge del Bianco, defensores de Maykel López, a quien se lo sindica como autor del disparo que mató a Joaquín.
Moreno pidió la absolución de López al señalar que actuó en legítima defensa al responder un ataque con piedras por parte de los jóvenes.
Los dardos del defensor se concentraron en la fiscal Pochettino y planteó que “el proceso investigativo tuvo una falta de objetividad en la meditación de la prueba”.
Y planteó que no se investigaron las denuncias de “daños que sufrieron” en la madrugada del 25 de octubre de 2020 los bienes públicos como la Comisaría y la sede comunal.
En su alegato, afirmó que a la fiscal “no le importó saber la verdad real de cómo sucedieron los hechos que está investigando y sólo le interesó sostener la única verdad o apreciación que es la suya”.
Por su parte, Pedro Despouy Santoro, abogado de los policías Ivan Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado y Jorge Luis Gómez, también pidió la absolución de sus clientes.
Y acusó a la fiscal Pochettino de “rebeldía procesal” al achacarle su insistencia en volver a las imputaciones que planteó en la instrucción del caso que luego fueron reemplazadas tras una apelación resuelta por la Cámara del Crimen de Villa Dolores.
“La fiscal insistió con el hecho originalmente planteado”, alegó Despouy Santoro y aseguró que la representante del Ministerio Público “modificó dos veces el hecho sobre el cual habíamos empezado a trabajar”.
“Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”, aseveró Despouy Santoro.
El letrado sostuvo que hubo testigos con amplias contradicciones sobre los hechos ocurridos en Paso Viejo.
“No hay nada, no hay prueba objetiva de que Luna, Gómez y Alvarado, hayan querido participar en el hecho”, dijo y apuntó que en la acusación “no hay ni un dato objetivo” que permita determinar la culpabilidad de sus defendidos.
Al plantear su argumentación al tribunal y a los jurados populares, expresó: “En relación al hecho (crimen de Joaquín) pedimos la absolución porque no existió la autoría”. Y continuó: “En relación al hecho de abuso de arma tampoco pudo existir porque los imputados señalaron que dispararon al aire en la Comisaría”.
Luego, el abogado Carlos Cardeilhac, defensor de Ronald Fernando Aliendro, coincidió con los argumentos de los demás defensores que le precedieron y aseguró que la fiscal acusa a su defendido por “manejar la camioneta” de la Policía en esa madrugada .
El letrado reclamó que los derechos humanos no “son para los policías” y planteó que existe una tendencia en el juicio de que los policías » no tienen derechos” y que “a los policías hay que darles”.
Por otro lado, aseguró que “hubo una resistencia potencialmente letal que puso en grave riesgo la vida de todo el personal policial” y reconoció el trabajo de la Cámara de Villa Dolores que al resolver la apelación señaló que no “hubo abuso funcional”.
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