Caso Ciccone: duro fallo en contra del Estado
Con un fallo por unanimidad de sus cuatro miembros, la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado nacional a pagarles mil millones de pesos a los exdueños de la miembro de la imprenta Ciccone.
Se trata de la empresa que en el año 2013 fue expropiada por el Gobierno nacional, en una investigación judicial en contra del entonces vicepresidente Amado Boudou.
La medida se motorizó a través de una ley que se votó en el Congreso, que preveía un pago de 275 millones de pesos que sería compensado por las deudas impositivas que ostentaba la compañía.
Sin embargo, los propietarios de la empresa (Compañía de Valores Sudamericana) demandaron al Estado nacional, con el argumento de que la expropiación fue “inconstitucionalidad”.
La Corte Suprema les dio la razón a los exdueños de Ciccone y actualizó el monto por pagar en los mencionados 1.000 millones de pesos.
El argumento que surge del fallo es que las deudas deben resolverse por otra vía y no puede plantearse una compensación.
El fallo de la Corte se basó en una decisión anterior de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que había señalado que el concepto de indemnización no sólo abarcaba al precio sino también al resarcimiento por daño. Y mencionaron que el medio de pago era dinerario, dejando de lado la posibilidad de la “compensación” que ofreció el Estado nacional.
En ese mismo fallo, los magistrados comerciales intimaron al Estado a depositar los 275 millones de pesos más una tasa anual del seis por ciento de intereses por contar desde el 12 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo pago en dinero.
En su sentencia, la Corte Suprema se pronunció en concordancia con lo dictaminado por el procurador general y desestimó los recursos extraordinarios que habían presentado el Estado nacional y la Afip.
En julio de 2010, la Afip se presentó en la Justicia para pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares, que se ordenaría el 15 de ese mes. Le reclamaba una deuda fiscal de más de 200 millones de pesos.
Luego, la empresa London Supply –contratista del Estado– se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos para levantar la quiebra de Ciccone.
London Supply pagó el dinero “en nombre de” la empresa fantasma llamada The Old Fund, representada por Alejandro Vandenbroele; quien pasó a ser el presidente de la firma.
Vandenbroele fue condenado como testaferro de Boudou, quien también fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por esta causa judicial.
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