Caso Blas Correas: Mosquera, Mezzano y Cumplido, exfuncionarios de Seguridad imputados por presuntas dádivas
Pasó poco más de un año desde que el fiscal Anticorrupción del 2° Turno de Córdoba, Franco Mondino, tomó la determinación de responder con 18 imputaciones al pedido de investigación que hicieron los jueces de la Cámara 8ª del Crimen al condenar el asesinato de Valentino Blas Correas (17).
Además de poner en la mira a 15 uniformados, entre jefes y subordinados, el instructor selló la acusación en contra de tres exfuncionarios del Ejecutivo provincial, el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera; su mano derecha, Lucas Mezzano, y el comisario inspector Gonzalo Cumplido.
A ellos tres les adjudica Mondino el reproche penal de ofrecimiento-aceptación de dádivas, los dos primeros de un lado y Cumplido en el otro extremo, como receptor.
Concretamente, en el juicio que finalizó el 31 de marzo de 2023 –con la condena de los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón a prisión perpetua–, el tribunal integrado por los vocales Marcelo Jaime (presidente), Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno pidió que se investigara a una serie de funcionarios policiales y del Ejecutivo por la presunta comisión de delitos que quedaron sugeridos durante el juicio.
En las primeras audiencias, antes de finalizar 2022, el largo juicio ofreció los testimonios de Mosquera y de Mezzano, como así también el de Cumplido. En esas declaraciones quedó en evidencia que el comisario que seguía la marcha del caso utilizaba un automóvil Toyota Corolla que le era “prestado” por el ministerio.
Mezzano quedó mal parado cuando fue interrogado y una pregunta de Soledad Laciar (mamá de la víctima) lo descolocó. El abogado querellante Alejandro Pérez Moreno aprovechó la oportunidad y terminó por plantear algunos interrogantes que dejaron al segundo de Mosquera en una situación incómoda.
Quedó evidenciado un manejo cuanto menos improlijo en la entrega del Toyota Corolla a Cumplido y otras tratativas o negociaciones que Mezzano realizó con el jefe policial en representación de la cartera, a veces reconociendo que lo hizo en nombre de quien era ministro, Alfonso Mosquera.
En esa audiencia, la impresión de los presentes fue que Mezzano se autoincriminó. Otros pensaron que ocurrió algo más que eso: que también comprometió a Mosquera y a Cumplido.
Esto parece tener reflejo ahora en la decisión de Mondino que imputa a los tres por esas dádivas, las cuales no habrían formado parte del manejo regular de recursos de una cartera ministerial.
Al comisario Cumplido (que no estuvo acusado en el juicio porque había sido sobreseído, también en el fuero Anticorrupción), también Mondino lo imputa por “encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente (el homicidio) y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones”.
El ofrecimiento de dádiva (como el cohecho) es un delito de dos extremos, por lo que se descuenta que también alguien la ofrece. Por eso, Mondino imputa a Mosquera y a Mezzano –los funcionarios– por “presentación u ofrecimiento de dádiva” al jefe policial que se reportaba en la cartera.
La única diferencia es que Mezzano, que habría actuado como intermediario, está como “partícipe necesario” de esa presunta irregularidad, mientras que Mosquera y Cumplido están considerados “autores” de ese presunto delito.
Hay que aclarar que Mosquera ya no es ministro y Cumplido tampoco está en funciones ejecutivas. En cambio, Mezzano salió de Seguridad, pero pasó a integrar en la actualidad el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad. Así lo informaron a La Voz desde el propio ex Tribunal de Conducta Policial.
Los policías
Además, Mondino se ocupa de “la tropa” que participó en los alrededores de la escena del crimen una vez consumados los disparos, durante el penoso raid del Fiat Argo para buscar asistencia para el malherido Blas y cuando otros uniformados detuvieron el vehículo sin darle socorro médico.
El fiscal aplica la imputación de “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.
A su vez, por el presunto delito de “abuso de autoridad”, deben responder los policías Víctor Rubén Di Stefano, Diego Norberto González, Emmanuel Fachisthers, Natalia Soledad Márquez (esta también por “lesiones leves calificadas en abuso de su función por parte de miembro integrante de la fuerza policial”), Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emmanuel Toloza.
A todos ellos se les adjudica el tercer supuesto del artículo 248 del Código Penal, que pena con seis meses a cuatro años de prisión (e inhabilitación especial del doble de tiempo) a quien “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Mujeres policía aliviadas
Por lo que se aprecia hasta ahora, no han sido objeto de imputaciones otros funcionarios que podían estar en la mira de la investigación, como lo indicaba la sentencia condenatoria. Una de ellas es la comisaria general Liliana Zárate Belletti, jefa de Policía después del crimen de Blas y mientras se sustanciaba el juicio.
Lo mismo sucede con la subcomisaria Mariana Isabel Díaz, quien se desempeñaba como coordinadora general del Centro de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, en la Jefatura. Ella era la renombrada “Lobo 1″, quien coordinaba las comunicaciones aquella noche en la que ejecutaron a Blas.
El tribunal de sentencia cuestionó la labor de numerosos jefes policiales que entorpecieron el levantamiento de evidencia del lugar del hecho, por donde luego circularon vehículos. En cambio, muchos de los jefes celebraron una reunión en la rotonda de la Plaza de las Américas, unos 200 metros de donde fue baleado Blas. Allí se habrían coordinado decisiones clave en favor del encubrimiento del crimen.
Entre otros reproches formulados en la sentencia, se señala que varios uniformados no irradiaron que el Fiat Argo había sido baleado al trasponer el retén policial, frente al Complejo Pablo Pizzurno. De haberlo hecho, los otros policías que participaron del operativo podrían haber asumido un papel diferente al abordar el vehículo en el cual viajaba un joven que estaba agonizando.
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