Cambio radical: las prepagas no podrán cobrar para mejorar el plan
Batacazo. Lo que estaba en carpeta para hacer de modo más o menos gradual se aceleró desde que se fue Mario Russo del Ministerio de Salud de la Nación y asumió, a inicios de octubre, Mario Lugones, más afín a la ola desreguladora que impulsa el ministro Federico Sturzenegger.
Desde el 1° de diciembre, las prepagas que ofrezcan planes de salud financiados con fondos de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro si es que pretenden seguir recibiendo en forma directa los aportes de sus beneficiarios.
No podrán cobrarles un complemento hasta alcanzar un plan superador, una opción que está vigente ahora. Ergo, lo que se veía ahora como un golpe en la línea de flotación a los sindicatos y los fondos que mueven en la salud, también les tocará a las prepagas.
La pretensión final es que el sistema se depure y compita: en el país hay 291 obras sociales sindicales con 15,5 millones de afiliados, entre titulares y grupo familiar. En tanto, había originalmente unas 661 empresas de medicina prepaga con 7,4 millones de afiliados.
Hoy, iniciado el proceso de depuración, la Superintendencia ya dio de baja 118 empresas de medicina prepaga y se supone que la cuarta parte de las obras sociales sindicales no podrá subsistir sin la triangulación que ejercían al derivar sus afiliados a las empresas prepagas.
Esto no alcanza a las obras sociales provinciales, como el Apross, ni al Pami: sólo a los empleados en blanco del sector privado.
De esos 7,4 millones de afiliados de las prepagas, sólo el 30% es puro, es decir, no está en relación de dependencia y abona el 100% de su plan. Por lo tanto, será muy difícil para la mayoría de las prepagas vivir sólo de los voluntarios.
“Desde diciembre no pueden seguir ofreciendo planes de salud si parte del pago proviene de la seguridad social y si no lo quieren hacer, deberán quedarse sólo con el aporte de los voluntarios”, remarca Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Salud. “La prepaga le tiene que ofrecer un plan que se adapte a ese aporte, lo que queremos es que haya competencia y haya más oferta”, insiste.
“Entiendo que la parte negativa de esto para las prepagas es que no pueden rechazar a nadie y no podrían hacer una selección adversa; los afiliados con salarios bajos también podrían optar por estas prepagas y no se les puede cobrar una cuota superadora”, dicen desde una entidad relevante que pide el anonimato hasta saber detalles.
“En ese caso harían lo que hacen hoy: mandarlos a un plan más bajo, un “plan castigo”, como le llaman, pero son suposiciones”, agrega.
Lo que se teme es que las prepagas den cobertura de un Plan Médico Obligatorio muy básico y modesto, como algunas hacen ahora. La pretensión del Gobierno es que ganen en volumen y que compitan para sacarle afiliados que hoy están en las obras sociales sindicales, muchos mal atendidos.
Cómo viene la mano
Hasta el momento, en el Registro Nacional de Agentes del Seguro las prepagas y las obras sociales sindicales con planes superadores se vienen anotando voluntariamente: con esto, se aborta la triangulación y el trabajador puede llevar el 9% de su aporte (3% del trabajador y 6% del empleador) directamente a la prepaga o la obra social elegida.
Hasta ahora, los empleados del sector privado que pretendían atenderse en una prepaga, debían pedir el traspaso a otra obra social sindical que tuviera convenio con una prepaga. En el cambio, tanto la obra social de origen como la que recibe se quedan con un porcentaje, que, en conjunto, puede ir del 3 al 10% del aporte total. Si se muda a otra obra social sindical que tiene mejor servicio, la de origen también se queda con un peaje.
Oriolo dio el ejemplo de la obra social que agrupa a los comisarios navales: tiene apenas cuatro comisarios y 160 mil afiliados, porque tiene un convenio con Osde. “Vivía de la triangulación”, señala. Ahora esos afiliados que se iban a esa obra social pueden elegir irse directamente a Osde.
El 56% de los trabajadores en Argentina se cambió a otra obra social y las prepagas buscaron, inicialmente, con la “crema del negocio”: los trabajadores de mejores salarios. Con el tiempo, ofrecieron también la posibilidad de que el trabajador (o a veces su empleador) pagaran un adicional para alcanzar un mejor plan.
En estos días el Gobierno celebró que Swiss Medical se anotara voluntariamente en el registro, en virtud de que su titular, Claudio Belocopitt, fue uno de los más críticos de las decisiones que en área que tomó el Gobierno de la Libertad Avanza. También se sumaron Galeno y Medifé y son cerca de 70 las entidades anotadas.
Con ese Registro, creado en marzo, el Gobierno pretendía alentar la competencia, evitar los costos asociados a la triangulación y también afectar las finanzas de un grupo de obras sociales sindicales que sólo subsisten gracias a la triangulación y a que recibían un subsidio de Mitigación de Asimetrías (Suma), destinado a aquellas que no tienen más de cinco mil afiliados.
En el Gobierno calculan que hay unas 60 que no cuentan ni con volumen ni con capacidad de prestación de servicios de salud.
Pero todos los financiadores anotados en el Registro podían, eventualmente, cobrarle una diferencia al trabajador si entendían que tenía un aporte bajo. Desde diciembre, ya no. “Es una decisión de riesgo empresario que tiene que tomar cada empresa, nosotros queremos que compitan”, insiste Oriolo.
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