Bloqueo de X en Brasil, un dilema entre autoritarismo y justicia
El 30 de agosto, la Suprema Corte de Brasil dictaminó el bloqueo de la app X (ex Twitter) por incumplimiento de órdenes judiciales. Este conflicto se originó en una investigación de la Policía Federal de Brasil sobre obstrucción de justicia e incitación criminal relacionada con “milicias digitales” (grupos organizados para sembrar dudas sobre las elecciones presidenciales en las que Bolsonaro perdió ante Lula Da Silva).
Para el juez Alexandre De Moraes, principal promotor de estas acciones, esas milicias digitales apuntaban a desestabilizar el orden institucional. También descubrió que algunos individuos usaban X para amenazar a agentes federales y a sus familias.
El Tribunal Supremo ordenó a X bloquear algunas cuentas y revelar detalles sobre las personas detrás de los perfiles. La empresa decidió acatar las resoluciones inicialmente, pero luego revirtió su posición alegando que las órdenes carecen de transparencia (muchas son secretas), son excesivas y por lo tanto, ilegales bajo la legislación brasileña.
Como consecuencia, Elon Musk, dueño de X, anunció públicamente su negativa a cumplir las órdenes judiciales y el cierre de la filial brasileña pero manteniendo el servicio activo. Tras negarse a cumplir una intimación judicial a nombrar nuevos representantes en suelo brasileño (como requiere la ley local) la empresa quedó efectivamente bloqueada de todos los servicios de acceso a internet de Brasil.
Esta situación plantea interrogantes cruciales para la política de internet. ¿Qué debe hacer una empresa ante órdenes judiciales de un país? ¿Es lo mismo el tipo de orden y el país del que se trate? ¿Cuándo es legítimo negarse a cumplir? Por otra parte, ¿qué opciones tiene un gobierno democrático para hacer cumplir sus leyes a corporaciones tecnológicas internacionales?
Para determinar si esta medida de bloqueo es correcta política y éticamente, y si es compatible con los derechos humanos, debemos analizar su legalidad, necesidad, proporcionalidad y objetivo legítimo. Además, es crucial considerar las implicaciones técnicas y prácticas, ya que cada decisión sobre tecnologías de comunicación conlleva consecuencias indirectas.
El gobierno brasileño argumenta que sus leyes permiten suspender la actuación de la empresa si esta no cumple con la legislación local. La norma principal para los bloqueos es el marco civil de internet, que permite la suspensión y bloqueo por incumplimiento de órdenes judiciales.
X, por su parte, sostiene que los pedidos originales de bloqueo de usuarios son injustos, excesivos y atentan contra el derecho a la libre expresión.
Bloquear una aplicación o sitio web es una medida extrema con numerosas consecuencias negativas indirectas. Los estándares internacionales interamericanos establecen que los bloqueos de sitios web equivalen a la censura de un medio de prensa y son medidas “extremas”, aunque no imposibles. Sin embargo, esta concepción parece quedar desactualizada o fuera de tono con una realidad de plataformas de comunicación multidireccional, donde el potencial de afectar a una gran cantidad de usuarios inocentes es enorme. Y donde el costo de pasarse a otra red social es muy grande, por la red ya existente de contactos, posibles clientes e información de interés público que es diferente según la red de la que se trate.
Por esta razón, el tema requiere un debate doctrinario y legislativo renovado, que profundice en la compleja interacción entre los derechos en juego: la libertad de expresión, el acceso a la información, derechos económicos y sociales por un lado y otros derechos como la seguridad, la privacidad y la integridad de los procesos electorales por el otro.
¿Un exceso inaceptable?
En cuanto a la necesidad y proporcionalidad, debemos preguntarnos si existen medios menos lesivos para lograr el objetivo de cumplimiento de órdenes judiciales. Se han intentado otras medidas, como la confiscación de bienes de la empresa para el cobro de multas, pero con resultados limitados debido al escaso volumen económico de las operaciones de X en Brasil.
En otros casos, se ha recurrido a la amenaza de detención de representantes legales locales, una táctica que presenta sus propios riesgos de autoritarismo, como se vio en el caso de WhatsApp en Brasil y en situaciones similares en India. A pesar de esto, la obligatoriedad de tener representación legal en el país para plataformas digitales se está convirtiendo en un estándar global, como lo demuestra la nueva legislación europea de plataformas digitales (Digital Services Act).
Una cuestión política
La negativa de X a cumplir las órdenes judiciales ha sido interpretada por algunos analistas como una decisión política de Musk, más que una preocupación genuina por su legalidad. Se argumenta que la empresa ya cumple órdenes de otros gobiernos, incluso algunos con credenciales democráticas menos sólidas que Brasil.
Lo habitual en estos casos es que las empresas litiguen las órdenes y leyes que consideran injustas, como hicieron Google y Wikipedia en Turquía. Sin embargo, X parece haber optado por una estrategia de confrontación.
Es importante señalar que Brasil no es un Estado autoritario. Cuenta con tribunales adecuados para defenderse de órdenes judiciales excesivas, un poder legislativo funcional y una constitución que respeta los tratados de derechos humanos. Si X consideraba las órdenes realmente excesivas, tenía la opción de litigarlas en los tribunales.
Este conflicto pone de manifiesto una encrucijada geopolítica más amplia. La mayoría de los países, especialmente fuera de Estados Unidos y Europa, se encuentran en una posición delicada: no quieren adoptar medidas de bloqueo total como las vistas en regímenes autoritarios (como China, Irán y Rusia), pero tampoco pueden permitir que las empresas ignoren sus leyes y órdenes judiciales cuando estas son razonables y compatibles con los derechos humanos.
La situación plantea un desafío crucial: ¿cómo pueden los gobiernos democráticos hacer cumplir sus leyes en el ámbito digital sin recurrir a medidas que puedan percibirse como autoritarias? Si el bloqueo de aplicaciones no es la solución ideal, ¿qué otras opciones existen?
Es evidente que se necesita un debate pormenorizado y multinacional para encontrar soluciones que respeten tanto la soberanía de los estados democráticos como los derechos de los usuarios y la innovación tecnológica. Este equilibrio es fundamental para construir un ecosistema digital global que sea a la vez libre, seguro y respetuoso de las leyes locales legítimas (y duro contra las leyes autoritarias).
Una tarea imposible, pero que requiere que nos acerquemos lo más posible a situaciones más o menos aceptables.
* Analista de políticas de internet
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