“Bajar la edad puede llegar a tener un efecto muy adverso”, advierte un juez de San Francisco
El juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal Juvenil de los tribunales de San Francisco, Andrés Peretti, cuestionó el proyecto del Gobierno nacional que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
El magistrado sostuvo que con esta modificación se busca “tapar problemas más serios bajo la alfombra”, entre ellos los grandes niveles de pobreza que sufre el país que afecta a adultos pero también de manera significativa a niños, niñas y adolescentes.
Hace una semana, el Gobierno ingresó al Congreso el texto que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años, además de establecer una pena máxima de 20 años prohibiendo la reclusión perpetua. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
Peretti como primera medida prefiere hablar de punibilidad y no de imputabilidad, quees un elemento secundario del delito y consiste en el merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un delito. Esto se encuentra en el Código Penal.
– ¿Qué análisis hace del proyecto que envió el Gobierno al Congreso?
– Fue una sorpresa que el proyecto que terminó siendo presentado en el Congreso habla de 13 años. Se venía discutiendo la cuestión porque se decía que iba a ser 14 pero en el medio la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) dijo que lo correcto eran 12. Además de la edad existen errores de ortografía bastante graves y cuestiones técnicas porque se sigue hablando de menores, algo muy peyorativo, cuando en realidad tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes. Termina siendo una regresión a lo que históricamente se consideró, hablar de menores es hablar de objetos de protección, no sujetos de derecho como fue históricamente la cuestión de la niñez de nuestro país.
– ¿Las estadísticas sobre delito juvenil qué dicen?
– Los delitos cometidos por menores de 18 años oscilan tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba, entre un 3 y un 4 por ciento de los que cometen los mayores. Entonces, la medida que se va a discutir no va a impactar en mayor seguridad para la ciudadanía. Será prácticamente ínfimo, con lo cual ahí empezamos nuevamente a revisar qué es lo que se está buscando con esta idea de bajar la edad. De ese 3 o 4 por ciento, los delitos graves (homicidios, abusos sexuales, robos calificados) que cometen los jóvenes no punibles, de 16 años para abajo, es solamente el 1 por ciento. Entonces, lo que hoy estamos discutiendo, de si tienen que bajarle la punibilidad, representa el uno por ciento de los delitos a nivel nacional. Con lo cual, lo que se va a lograr en cuanto a términos de seguridad o en cuanto a términos de más personas presas, va a ser ínfimo, no va a tener un impacto como el que se está buscando.
– Pareciera que el contexto social, los niveles de pobreza, entre otras cosas no son tenidos en cuenta en este debate. ¿Lo considera así?
– Es un punto importante. Hoy en Argentina tenemos el 58,4 por ciento de menores de 18 años que están por debajo del nivel de pobreza. Entonces, nos queda claro que el problema de la delincuencia juvenil y también de adultos, por supuesto, no es un problema del derecho penal. Y no es sacarnos el lazo. Los delitos y la delincuencia tienen consecuencias, tiene origen en cuestiones culturales, de educación, sociales. El informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), que se publicó el año pasado muestra un 60 por ciento de los niños menores de 18 años que no cumplen con el nivel uno y dos que es de lecto comprensión. Entonces hablar de bajar la punibilidad en este escenario es meter abajo de la alfombra un gran problema, el cual no está vinculado al derecho penal. No estamos cubriendo las necesidades básicas que tienen que ser cubiertas por las políticas públicas.
– ¿Por qué es un error para usted bajar la edad de imputabilidad?
– Mientras más personas haya privadas de su libertad, menos posibilidad existe de que se preste un servicio de resocialización eficiente en las cárceles. Allí hay una primera falla. Y, además, la superpoblación carcelaria termina convirtiendo a las personas responsables de un delito, por primera vez, en expertos en el delito porque conviven con otros que son reincidentes. Entonces, si nosotros lo que queremos lograr es que este tipo de personas, los menores de edad, tengan un efecto de que no vuelvan a cometer delitos, de que se puedan reinsertar en la sociedad, de que puedan ser reeducados o en algunos casos educados porque muchas veces ni siquiera tienen cuestiones básicas de educación cubiertas, lo que vamos a lograr es justamente el efecto contrario. Vamos a tener expertos en la delincuencia. Entonces bajarle la punibilidad puede llegar a tener un efecto completamente adverso al que estamos buscando. La forma de lograr mayor seguridad es trabajar en prevención y alternativas a la resolución de conflictos que no están vinculadas con la privación de la libertad.
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