Arrestan a 66 policías y autoridades locales por vínculos criminales en el sur de México
TAPACHULA, México (AP) — Un operativo en el sur de México llevó a la detención de 64 policías y dos autoridades municipales por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en una nueva acción contra estructuras criminales locales en distintos puntos del país desde la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El fiscal del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que las 66 capturas ocurrieron el jueves a raíz de denuncias de empresarios, ganaderos y transportistas a quienes les exigían pagos semanales si no querían ser secuestrados o asesinados.
Tuvieron lugar en dos localidades de este estado fronterizo con Guatemala, Villacorzo y Villaflores, una región montañosa considerada ruta importante del narcotráfico y área controlada por el Cartel Jalisco Nueva Generación, que desde hace unos dos años libra una guerra frontal con el Cartel de Sinaloa por el control del tráfico de drogas, armas y migrantes.
Estas detenciones se suman a decenas más que han tenido lugar desde el cambio de administración federal en tres estados gobernados por Morena —el partido oficialista—, y que apuntan a un nuevo modelo de lucha contra el crimen organizado liderado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
García Harfuch se alejó del lema de «Abrazos no balazos» de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que fue incapaz de controlar la violencia, pero los efectos de la nueva estrategia todavía están por ver. En el pasado, sonados operativos contra autoridades presuntamente vinculadas a la delincuencia acabaron en decepción y con los involucrados libres.
El analista y experto en temas de seguridad David Saucedo consideró que este tipo de operativos con muchas detenciones «es lo que estaremos viendo en los siguientes meses donde hay violencia homicida y en donde se sabe que hay colaboración del narcotráfico con las autoridades civiles, militares, policíacas”.
El cambio de política federal, que coincide también con las presiones de la nueva administración de Estados Unidos hacia México para controlar la violencia de los cárteles, es positivo para muchos, incluida parte de la población civil de las zonas afectadas, pero también genera suspicacias.
En opinión de Salcedo debería llegar también a funcionarios estatales como gobernadores y es preocupante que parezca tener un “sesgo”. “Hay estados que no tocan porque son de otro signo político o bien porque hay una alianza político criminal que beneficia a la 4T», el movimiento de Morena, dijo.
Y puso dos ejemplos: Guanajuato, el estado más violento de México pero que está gobernado por la oposición, y Sinaloa, al mando de un gobernador de Morena fuertemente criticado por su inacción contra la violencia desatada entre facciones del Cártel de Sinaloa.
El inicio de esta estrategia fue en el Estado de México, en el centro del país, donde fueron arrestadas decenas de autoridades locales en lo que García Harfuch llamó “operación enjambre”. El esquema, generalmente con la colaboración del Ejército o la Guardia Nacional, operó también en Chiapas y en menor medida Veracruz, en el Golfo de México, donde fueron detenidos una docena de policías por presunta desaparición forzada.
En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez, también de Morena, tomó posesión en diciembre y puso en marcha un grupo de policías de élite y de reacción rápida llamado “Pakal” que ha intervenido en zonas que estaban totalmente tomadas por la delincuencia.
En esas áreas, debido a la lucha entre cárteles, se multiplicaron desde 2023 los asesinatos, extorsiones, desapariciones, desplazamientos de la población, la aparición de fosas clandestinas y hasta el uso de civiles como escudos humanos, como llegó a denunciar la Iglesia católica. Ahí, incluso Sheinbaum vio interrumpida su ruta en carretera por supuestos miembros del crimen organizado durante su campaña electoral para la Presidencia.
En Frontera Comalapa, las autoridades aseguraron un rancho en el que se fabricaban vehículos de blindaje artesanal llamados «monstruos» y en la ciudad de Comitán fueron detenidos 92 policías locales acusados de intentar impedir un operativo.
La población ha recibido bien todas estas acciones. “Ya hay un poco más de tranquilidad”, dijo vía telefónica Isabel Pascual, una maestra que vive en Comitán. “Los delincuentes por el momento se supone que ya están escondidos o se fueron en otra parte porque los están capturando”.
Pascual, que tiene familia junto a la frontera con Guatemala, aseguró que también se sienten más tranquilas y libres las carreteras de esa zona.
A lo largo del área fronteriza, las autoridades desmantelaron más de un centenar de cámaras en ocho municipios instaladas en las carreteras por el crimen organizado para monitorear el paso de migrantes para secuestrarlos y extorsionarlos, según informó la fiscalía estatal.
Las detenciones de funcionarios recuerdan lo ocurrido en 2009, durante la presidencia de Felipe Calderón, en el estado occidental de Michoacán, cuando fueron arrestados numerosos políticos supuestamente vinculados al crimen en una operación que acabó en escándalo porque luego quedaron libres y fue tachada de ser una persecución política.
Según Saucedo, el problema entonces fue que hubo muchos errores en las investigaciones. Y esto es algo que también podría suceder ahora por “corrupción o incompetencia”, indicó.
Un ejemplo es que de los 92 policías detenidos en Comitán en diciembre solo la mitad fueron encarcelados. Las fiscalía de Chiapas, al ser preguntada por AP sobre la situación de la otra mitad de agentes, dijo que todavía continúa el proceso para definir su situación jurídica.
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Verza reportó desde Ciudad de México.
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