Antes de que pase a manos opositoras, quieren cambiar la ley del Tribunal de Cuentas
Con el ingreso de un proyecto de ley que modifica las normas de funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba abrió la puerta ayer a una segura polémica en medio de la transición provincial.
Con la firma de los legisladores Nadia Fernández, Matías Chamorro, María Victoria Busso y Ramón Luis Giraldi ingresó un proyecto que modifica la ley 7630, que data de 1987 y en varias oportunidades fue actualizada.
La propuesta llega apenas un mes antes de que cambie la gestión de gobierno y el Tribunal de Cuentas, el organismo que ejerce el control del gasto provincial, quede con mayoría opositora desde el restablecimiento de la democracia.
El ingreso de ese proyecto de ley –desmentido en varias oportunidades desde el entorno del gobernador electo, Martín Llaryora– promete una intensa batalla política que comenzará hoy mismo: los legisladores de Juntos por el Cambio convocaron a una conferencia de prensa en la que denunciarán que la propuesta oficialista apunta a quitarle facultades al Tribunal de Cuentas Provincial (TCP), específicamente las vinculadas con el control preventivo de los gastos.
En la convocatoria a esa conferencia, la oposición ya anticipa que el proyecto “busca eliminar el TCP para garantizarse la impunidad”. Dado que descuentan que el oficialismo impondrá su mayoría, anticipan también que irán a la Justicia, puesto que varios de los cambios limitarían las facultades de control atribuidas por la Constitución provincial.
“Hacemos Unidos por Córdoba perdió la elección en ese tramo; los cordobeses eligieron a la oposición para controlar los actos de gobierno, y ahora Schiaretti y Llaryora pretenden eliminar el control de los gastos del gobierno. El proyecto es una burla a la voluntad de los cordobeses. El oficialismo pretende desconocer con esta ley, a escondidas y a las apuradas, lo que el pueblo de Córdoba votó en las últimas elecciones, abusando de una mayoría que termina en menos de un mes”, sostienen los integrantes de la oposición.
Por el contrario, el proyecto oficialista se fundamenta en la necesidad de actualizar la ley de 1987, que con el correr de los años fue modificada a través de sucesivas disposiciones internas.
“Con el objeto de fortalecer el proceso de modernización del TCP, es necesario efectuar adecuaciones normativas y procedimentales tendientes a lograr, por ejemplo, la implementación de una gestión electrónica, en concordancia con los principios rectores de la Ley N° 10618″, se lee en los fundamentos del proyecto, que es extenso y complejo por la materia de la que trata.
Desde el 10 de diciembre, el TCP estará integrado por los juecistas Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, mientras que la actual ministra de Coordinación, Silvina Rivero, representará al oficialismo.
En las últimas semanas en el organismo ya se vive una inédita tensión por una serie de concursos que apuntan a darle estabilidad a decenas de empleados que tendrán cargos de conducción.
Dado que desde el 10 de diciembre la administración de Martín Llaryora no tendrá mayoría en la Unicameral, para el oficialismo es importante aprobar la modificación en las pocas semanas que quedan hasta el cambio de gestión. Es lo que Hacemos Unidos por Córdoba procurará en las próximas dos semanas, marcadas a fuego por la elección nacional.
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