Anses: el tema tabú de la economía del que nadie habla
Otra vez, la Argentina inicia una ronda electoral sin que ninguno de los precandidatos a integrar el Congreso de la Nación diga una palabra sobre el problema estructural número uno que afecta a las finanzas públicas nacionales: el sistema previsional.
El problema más difícil de corregir, y es tan impopular que todos lo esquivan. De los 9,4 billones de pesos que el Estado argentino presupuestó para 2021, el 45% los gasta la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Su titular, Fernanda Raverta, maneja varias veces el presupuesto de cualquier otro ministro del gabinete. La magnitud de esos números condiciona absolutamente todo lo que la política económica pretenda luego hacer.
La foto del sistema es preocupante: hay 9,4 millones de aportantes activos, una cifra muy parecida a la de hace 10 años, cuando había 9,2 millones de trabajadores activos.
Ese número no alcanza para sostener los 5,4 millones de jubilados y pensionados existentes. Por eso, hay impuestos específicos que el Tesoro deriva para financiar esos pagos.
Además, Anses paga cada vez más ayudas sociales, por lo que demanda del fisco asistencia directa para cumplir, todos los meses, con el depósito de asignaciones y planes varios a otros siete millones de personas. El 61% del presupuesto que administra Raverta tiene recursos asignados específicos, como aportes, contribuciones e impuestos. Todo lo demás se pide al Estado cada mes.
Pero el Estado tampoco tiene: imprime. Como puede emitir, el esquema no estalla.
“Esto ya reventó, porque no se trata de reventar por los aires, sino que revienta por decadencia”, dice Jorge Colina, titular del centro de estudios Idesa.
“Una inflación del 50% es el resultado directo de esa emisión”, remarca el economista.
Explicaciones
El sistema previsional argentino está como está, básicamente, por tres razones.
La primera explicación hay que buscarla en los beneficiarios. Hoy hay 5.466.481 jubilados y pensionados en el país, pero apenas el 32% cumplió con los 30 años de aportes.
Hay 3.256.016 personas que accedieron a través de las moratorias que se implementaron en la Argentina desde el 2007. Hasta 2006, el país tenía un gasto previsional equivalente al 4,5% de su PBI y, con la incorporación masiva de beneficiarios que no habían aportado, se llevó al 9% actual.
“Si la moratoria, cuando se discutió, se hubiera restringido a la gente que tenía la edad pero no había cumplido con los años de aportes, y que además tenía bajos recursos, se hubiera ubicado en el millón de personas en lugar de los más de tres millones que se otorgaron”, señala Daniel Artana, economista jefe de Fiel.
“Ningún sistema previsional puede aguantar que se lo llene de jubilados que no aportaron, distinto hubiera sido para gente de bajos recursos, ya que Argentina tenía una pensión con cinco años de aportes y 70 años; lo que se hizo fue gastar los recursos que no había”, marca.
Ahora se permite que las mujeres que no llegan a los 30 años de aportes computen los hijos criados a cambio de años faltantes. Si bien está acotado a 150 mil mujeres, la señal sigue siendo que siempre puede haber ventanas para entrar.
Aportantes
A la segunda explicación de porqué el sistema está como está, hay que indagarla en el lado de los aportantes. Hay pocos, y muchos de los que contribuyen hacen aportes casi simbólicos.
En el global, hay 9.480.171 aportantes activos, de los cuales pertenecen al régimen general 6.146.782. En promedio, cada trabajador aporta 15.968 pesos, de los cuales el 52% pone el empleador y 48%, el empleado.
Hay 576.286 aportantes de regímenes especiales, con 19.859 pesos aportados. Pero los 405.975 empleados de casas particulares aportan apenas 76 pesos y los monotributistas, que son 1.567.522, aportan sólo 908 pesos al sistema. Los 403 mil monotributistas sociales, aportan cero.
Hacen falta 28 monotributistas para pagar una jubilación mínima de 25.922 pesos. Ergo, hay un tercio de aportantes que hoy hacen aportes mínimos, pero que en el futuro tendrán derecho a una jubilación.
Además, el problema de fondo está en la informalidad laboral: en la Argentina se calcula que hay 16 millones de personas que trabajan, pero con aportes (poco o mucho) son 9,5 millones. El resto son informales, tanto en relación de dependencia como cuentapropistas.
Los impuestos y leyes laborales desalientan la formalización del empleo ya existente, con pocas chances de que cambie en el mediano plazo.
“Como el sistema ya reventó, se necesita emitir para suplir ese déficit y eso causa inflación y la inflación empobrece a los niños y los que en el futuro tengan que aportar no van a poder porque no estudiaron y no tendrán trabajos que les permitan hacer aportes”, remarca Colina.
Privilegios
La tercera explicación para este cuadro de situación tiene que ver con los privilegios que hoy todavía coexisten en el sistema previsional, entendiendo privilegio como una relación despareja en términos solidarios: el beneficiario que se lleva significativamente más de lo que aportó.
Algo se corrigió en los últimos años en materia de regímenes especiales de judiciales y diplomáticos, pero están lejos aún de equipararse con el régimen general.
La gran dispensa que todavía tienen es que a cambio de un aporte diferencial no se les aplica el tope a las jubilaciones, ya que Anses no paga más de 174.433 pesos a cualquier beneficiario.
Así, hay 7.235 judiciales jubilados que perciben en promedio 357.715 pesos, sin descuento de Ganancias y 695 del cuerpo diplomático con haberes de algo más de 352.000 pesos mensuales.
“El principal régimen de privilegio son los monotributistas y casas particulares”, señala Artana. “Se aporta una cifra muy baja y si cumplen con los años de aportes tienen derecho a una mínima, y cuando uno lo compara con una persona que gana el salario mínimo y que aporta, también va a cobrar la mínima y aportó varias veces más”, agrega.
“Gastamos muchísimo en previsión y lo que recibe la mayoría de los jubilados es una cifra bajísima, no cierra en ningún lado, hay sectores particulares que tienen jubilaciones altísimas, como pasa en algunas provincias y determinados sectores de la Justicia”, dice Rafael Flores, vocal de la Sociedad Argentina de Presupuesto.
Sistema jubilatorio: los especialistas aconsejan cambios estructurales
La pregunta inmediata ahora es qué se puede hacer y si alguien está dispuesto a hacerlo. “Todas las medidas que uno piense como estructurales, que pueden ser un cambio en la edad o en la tasa de reemplazo, cualquier modificación que hagas -la que sea- tendrá impacto dentro de dos décadas y al problema fiscal lo tenés hoy”, dice el economista Oscar Cetrángolo, experto en políticas públicas y profesor de la UBA.
Catálogo de medidas estructurales hay. En el país, la jubilación ronda el 65% de lo que percibía el activo, pero puede llegar hasta el 70% en algunos regímenes. La recomendación mínima de lo que se llama “tasa de reemplazo” de la Organización Internacional del Trabajo está en el 45%, muy en línea con lo que existe en la mayoría de los países.
Otros apuntan a la edad: tanto la posibilidad de elevar los 65 años actuales como la de unificar la edad de las mujeres, hoy en 60, con los varones, que están en 65.
“Apunto tres opciones”, indica Colina: “Hay que cerrar los regímenes especiales; hay que revisar la pensión por cónyuge, de modo que la persona que tiene una jubilación y se le muere la pareja opte por alguno de los dos beneficios, y no que se acumulen y hay que cerrar definitivamente las moratorias para que la Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor) sea el único beneficio universal, pero hay que perfeccionarla”.
La sugerencia es que quien acceda a una Puam y tenga algunos años de aportes se les permita computarlos de modo proporcional. Hoy, quien tiene 15 años aportados y no puede comprarlos por moratoria, los pierde. A la Puam se accede a los 65 años (ambos sexos), paga el 80% de una jubilación mínima, no se deriva al cónyuge en caso de fallecimiento y no requiere ningún año de aporte.
Pero nada de eso está en la agenda de discusión pública, porque nadie está dispuesto a pagar costos por algo que no le rendirá beneficios inmediatos. Lo único que tiene efecto inmediato, en el metro cuadrado de la gestión propia, es tocar la fórmula de movilidad: pasó en el gobierno de Mauricio Macri y pasó en el de Alberto Fernández. El primero quiso actualizar 70% de inflación y 30% de salarios y el segundo sacó la inflación de la ecuación y actualiza 50% por salarios y 50% por recaudación de Anses.
Pero eso ocasiona dos problemas. Primero, que la sociedad crea que se está “reformando el sistema”. “En previsión social se plantean como reformas cosas que no son reformas, pasó en el gobierno de Macri y en el actual”, dice Cetrángolo.
Segundo, que sigue sin blanquearse el enorme problema que tiene el sistema previsional. “Tanto en el Gobierno de Macri como en el Fernández se buscó bajar el gasto previsional sin decir que se estaba haciendo eso, se da entonces de una forma hipócrita, porque no se ponen los números sobre la mesa, a nadie les gusta decir que el sistema está completamente desfinanciado”, dice Flores.
Con este panorama es difícil pensar que algún dirigente plantee cambiar algo. Nadie se anima siquiera al debate. “Es muy difícil reducir el gasto previsional porque son derechos adquiridos, pero también hay que discutir prioridades: hay que mirar que hay muy pocos mayores en situación de pobreza, pero hay un 60% de chicos que sí están en la pobreza”, plantea Cetrángolo. El economista sostiene que sí hay debate académico. “Pero los gobiernos son impermeables a ese debate, porque es muy difícil de resolver el problema de corto plazo y nadie quiere abordar el de largo plazo. Ese es el signo de la decadencia argentina: vamos pateando los problemas permanentemente”, concluye.
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