Alerta en discapacidad: los prestadores y profesionales de la salud no descartan suspender los servicios
Los trabajadores y prestadores de discapacidad siguen en plan lucha para lograr que las obras sociales actualicen los aranceles, no corten la cadena de pagos y que se respeten los honorarios en tiempo y forma acordada.
La semana pasada realizaron una manifestación a nivel nacional, y en Córdoba, el reclamo fue en la sede de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), que según anticiparon prepara una propuesta para tratar de atender los reclamos.
Este lunes, la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) emitió un comunicado y anunció que esta semana realizarán asambleas en clínicas e instituciones del área de discapacidad donde prestan los servicios.
Uno de los reclamos es que las obras sociales no les pagan a mes vencido sino a 60 días de realizada la prestación. Por ejemplo: un kinesiólogo que realiza cuatro sesiones de fisioterapia en septiembre, cobra en noviembre. Pero, actualmente la demora es de 90 días.
A la vez, el contexto inflacionario no hace más que agudizar la situación de los trabajadores de salud con la devaluación de sus ingresos de manera constante.
Virginia Els, presidenta de Capredis, explicó que los servicios de prestación que brindan a los discapacitados están enmarcados en la ley 24.901, como centros educativos- terapéuticos, centros de día, hogares, rehabilitación, entre otros. Y tienen un arancel fijado por el Estado.
El problema es que durante el año 2023, “hubo un 58.3% de aumento, cuando la inflación, al menos hasta agosto, fue de 80,2% y sigue subiendo”, afirmó.
Y para los meses siguientes está pautado un 5% de aumento por mes “cuando en realidad tenemos un 12% de inflación. Estamos en un 20% por debajo de la inflación real y cuando termine el año estaremos en un -40%”, dijo Els.
A esta situación se le suma el problema financiero que tienen que afrontar los centros de discapacidad por los retrasos en los pagos.
“Nos golpea más a las provincias porque en Buenos Aires cobran antes. Tenemos entre tres y cuatro meses de atrasos con valores que ya tienen demoras”, afirmó.
En tanto, adelantó que están evaluando endurecer las medidas para los próximos días, pero sin dejar de dialogar con las autoridades. El miércoles 4 de octubre mantendrán una reunión con Apross.
Un panorama complejo
El problema viene desde hace un año, cuando las obras sociales comenzaron a justificar sus retrasos diciendo que la Superintendencia de Servicios de Salud no bajaba los fondos- indicó Capredis.
Aunque los prestadores reclamaron a la Superintendencia, esta les informó que la situación se generaba en las retenciones realizadas por AFIP, y que ante la emergencia, las obras sociales debían afrontar los pagos con fondos propios. “El problema es histórico y trasciende los gobiernos”, remarcó Els.
Además, expresó que la situación es muy grave y que hay instituciones que están cerrando, y otras no pueden afrontar los aumentos de sueldos.
A su vez, a los hogares les cuesta mucho más porque tienen que hacerse cargo de la alimentación y de las 24 horas de trabajo de los profesionales para mantener a las personas que viven allí.
Asimismo, la presidenta de Capredis remarcó que la Superintendencia recibe los reclamos que realizan, pero no acciona para que la obra social se ponga al día, “hay demoras naturalizadas”, indicó.
“Como Cámara realizamos un reclamo en conjunto. Hay represalias y terminamos enfrentándonos con las obras sociales porque incluso puede recomendar a la familia que no se atienda en tal lugar”, señaló.
En tanto, aclaró que lo último que quieren es cortar los servicios y por eso agotarán las instancias de diálogo.
A la vez, señaló que entienden a las familias, saben que están atravesadas por muchas situaciones, pero si no tienen respuestas no les queda otra alternativa que suspender los servicios.
El caso de Apross
En la provincia de Córdoba, la obra social Apross es la más grande y al mismo tiempo, la más incumplidora, indicaron los profesionales.
A pesar los canales de diálogo aún no cumple con el 20% de aumento propuesto en 2022 para destrabar el conflicto. Según anticiparon fuentes de la administradora provincial, se trabajaba en una propuesta para solucionar esta situación.
Al respecto, Federico Galíndez, de la Federación Converger, que nuclea a 50 instituciones de la provincia de Córdoba, contó que la obra social está pagando un arancel por debajo del 60% de lo que establece Nación.
En octubre, otras obras sociales pagan 4.900 pesos mientras que la provincial alcanza los 2.977.50 pesos. A eso se suma, que desde hace diez años no recibe a nuevos prestadores individuales, por eso los actuales están saturados en su capacidad de atención.
“La situación es desesperante. Además tienen que hacerse cargo de los alquileres, cargas sociales, servicios, además de los montos con valores sumamente atrasados. Están endeudadas con AFIP y remontar esa situación es imposible”, resaltó.
Además, expresó que tanto las obras sociales como el Apross “pagan dependiendo del humor que tengan”.
A su vez, destacó que los trabajadores que están nucleados en la Asamblea de Discapacidad Regional Córdoba cobran con el mismo retraso, pero con montos menores.
La mayoría de ellos son monotributistas, lo que implica que no tienen licencia por enfermedad o maternidad, tampoco vacaciones ni aguinaldo, por lo que las condiciones laborales.
Galíndez aclaró que las instituciones gastan alrededor de 12 millones de pesos por mes en honorarios y sueldos. Y un tratamiento en un centro educativo cuesta alrededor de 200 mil pesos, con todos servicios, y solo le pueden cobrar los padres “como mucho 30 mil pesos”.
Si bien el plan de lucha se inició la semana pasada y tras ello, permitió la liberación de algunos pagos, el reclamo seguirá para pedir que se cambie el sistema de pago que los profesionales lo consideran “perverso”.
Y acotó que en Argentina hay más de 200.000 personas que requieren atención en discapacidad y más de 150. 000 trabajan en ese ámbito.
Cifras
De acuerdo a Capredis, con datos aportados por la Subsecretaría de Discapacidad en 2022, en la provincia de Córdoba hay alrededor de 100 mil certificados de discapacidad. El 55% corresponden a Córdoba capital y el 45% al interior.
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