Alarmante falta de transparencia
Buena parte de la tarea política argentina está en manos de quienes la han convertido en una profesión que tiene reglas propias, ajenas a las existentes para el resto de la sociedad. Al respecto, propios y extraños coinciden en mantener altas dosis de secretismo cuando se les inquiere por lo que están haciendo. Curiosamente, es en ese punto donde no hay oficialismos y oposiciones sino intereses comunes.
Abundan las pruebas al respecto, tal como se desprende del trabajo conjunto encarado por la red federal Ruido y Poder Ciudadano sobre la administración de 24 legislaturas provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, datos de una consistencia que puede hacerle perder la fe al ciudadano más convencido.
Por cierto, el caso Julio “Chocolate” Rigau y su alta repercusión mediática son apenas un botón de muestra, dado que no pocos parecen estar convencidos de que lo que abunda no daña.
El prolijo trabajo aludido no admite interpretaciones: con meridiana claridad, se enlistan las prácticas habituales de designaciones de parientes y asociados a destajo; falta de registros de asistencia, por lo que muchos cobran sin trabajar; nombramientos de asesores sin orden ni concierto; no rendición de los fondos reservados; misterio de los gastos protocolares; uso de vehículos incautados por la Justicia; pasajes aéreos para cualquiera, y el crecimiento de las plantas de personal a niveles exponenciales.
Por caso, los 49 legisladores tucumanos coincidieron, sin diferencia política alguna, en no responder ninguno de los requerimientos, y la Legislatura de Misiones no informó su presupuesto. Sólo tres distritos brindaron datos completos, mientras, en una de esas raras coincidencias argentinas, tampoco los representantes de la oposición manifestaron inquietud por diferenciarse de lo que parece una ley no escrita: esa que manda a callar.
Algunos de los datos relevados van más allá del escándalo: la Legislatura del Chaco ingresó el año pasado a 300 nuevos empleados; San Luis creó por decreto 53 nuevos cargos políticos y sus legisladores cobran una dieta mensual y otra dieta extra en concepto de “módulos”; Tierra del Fuego tiene una planta política más grande que la permanente y sólo realizó el año pasado cuatro sesiones. Pero en el sector no hay desempleo: Corrientes tiene 3.353 empleados legislativos; Catamarca, 3.103; Chaco, 2.300; Formosa, 1.802, por citar sólo algunos casos.
Córdoba no tiene mucho para enorgullecerse, con 1.583 empleados tras haberse convertido el Poder Legislativo en unicameral por alegadas razones de economía. Y sobrelleva la pesada carga del caso Oscar González en lo referente al uso de vehículos incautados por la Justicia.
Pero lo más triste de este inventario es intuir adónde conduce. Porque el fantasma de la antipolítica es la consecuencia lógica y temible de todo esto, dado que se abona la tesis de quienes demonizan la actividad y la responsabilizan de todos los males, en la nada disimulada pretensión de limitar las prácticas democráticas en aras de la concentración de poder, un peligro que muchos parecen no intuir. Al menos, eso pretenden hacernos creer.
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