Ajuste a las mujeres y subsidios para las empresas
El Gobierno provincial acaba de anunciar en un acto oficial el lanzamiento de la edición 2021 del programa sociolaboral Por Mí, pretendidamente destinado a revertir el desempleo entre las mujeres de la provincia.
Se trata de la cuarta edición de un programa que incluye 20 horas de tareas laborales bajo el rótulo de “prácticas” en comercios o en empresas privadas durante un año, a lo que se suma el requisito de cumplir 50 horas de una supuesta capacitación virtual durante dos meses; todo por una asignación de 17 mil pesos mensuales, cofinanciada entre el Estado provincial y el sector privado.
Este relanzamiento sólo alcanzará a seis mil postulantes mayores de 25 años, o bien menores a esa edad pero con hijos a cargo, que deberán buscar por su cuenta una empresa donde trabajar e inscribirse al programa para, con suerte, ser seleccionadas.
Recordemos que, durante el período más crítico de la pandemia en 2020, este limitado programa fue suspendido en forma abrupta y dejó a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad sin recursos y sin ninguna ayuda socioeconómica que lo sustituyera.
Según el Indec, Córdoba alcanzó en el primer trimestre de este año el nivel más alto de desempleo del país, lo que afectó principalmente a las mujeres. En un año de elecciones, la cuarta edición de este programa no está ligada a dar solución a la situación que enfrentan cada vez más mujeres en la provincia, sino a encubrir con demagogia la responsabilidad estatal.
Más allá de lo irrelevante de este programa, que ya fracasó en el pasado como pretendida política para revertir la curva ascendente de desempleo entre las mujeres, resulta inadmisible y una burla lo irrisorio de la remuneración que se ofrece, muy por debajo, incluso, del salario mínimo, que en la actualidad no supera siquiera la línea de la indigencia.
La exigencia de la realización de cursos de formación dictados de manera virtual, soslayando que el acceso a la conectividad y a los dispositivos configura una restricción insuperable entre las familias más pobres, da cuenta de la perversión de un programa a la medida de las patronales.
En efecto, el gobernador Juan Schiaretti no escatimó en elogios para las empresas privadas en el acto de lanzamiento realizado con Alejandra Vigo, diputada nacional y coordinadora del gabinete social, y la ministra de las Mujeres, Claudia Martínez, entre otras funcionarias. Fue elocuente al resaltar su compromiso con las empresas, en los siguientes términos: “Avanzar siempre hacia el progreso, intentando generar empleo. Y lo conseguimos no sólo por la acción del Estado, sino también por la actitud del sector productivo cordobés”.
A la luz del estrepitoso avance de los despidos, el trabajo conjunto entre las empresas y el Gobierno nada tiene que ver con la generación de empleo genuino. Es, más bien, el ataque al trabajo bajo convenio y a los salarios, que se impone con la complicidad de las burocracias sindicales. En pocas palabras, es la cuarta edición de un subsidio a las empresas basado en la precarización y el trabajo informal de las trabajadoras más vulnerables y explotadas.
Las desventajas en el acceso al empleo formal no tienen que ver con la ausencia de formación laboral, como pretenden instaurar las funcionarias de un Estado responsable. El desempleo, la precarización, la pobreza y la violencia hacia las mujeres son el resultado de un régimen capitalista en descomposición que nos utiliza como variable del ajuste hacia el conjunto de los trabajadores.
El desempleo y la pobreza entre las mujeres son problemas de clase; las mujeres y diversidades, que con independencia de los gobiernos y de las iglesias venimos de obtener grandes conquistas, incluso en materia laboral, como el cupo laboral trans.
* Abogada; dirigente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad
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