Agencias y peajes: Juez y Llaryora, dos modelos totalmente contrapuestos
Con la orientación y funcionamiento de las nueve agencias desplegadas en el ámbito del Gobierno provincial –algunas en sociedad con el sector privado– y la operación de Caminos de las Sierras SA (Casisa), las posiciones de las dos principales coaliciones que disputarán la gobernación de Córdoba no pueden ser más antagónicas.
Mientras que Martín Llaryora anticipó que mantendrá en funcionamiento tanto la estructura de agencias como el mecanismo de administración y financiamiento de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) a través de la empresa estatal, el opositor Luis Juez plantea una fuerte intervención y achicamiento en las primeras y un mayor control de Casisa. A ambas las considera “fuentes de corrupción”.
Las nueve agencias forman parte de la arquitectura del Gobierno provincial desde que José Manuel de la Sota las impulsara, sobre todo para afinar la relación entre el sector público y el privado. Eran ocho hasta hace un mes, cuando se creó la novena (Competitividad Córdoba).
Tres de ellas funcionan como sociedades de economías mixtas (SEM). Se trata de Inversión y Financiamiento, ProCórdoba e Innovar y Emprender. Pero también Córdoba Turismo cuenta con una fuerte participación del sector privado en la organización de actividades y definición de programas.
El lado más polémico, sin embargo, es que son autónomas en la definición presupuestaria y el gasto no forma parte del esquema de rendición de cuentas que funciona habitualmente para el resto del Estado.
Saldo muy positivo
Para Llaryora la experiencia de las agencias “ha sido muy positiva, no solo las voy a dejar sino a fortalecer”.
“Ha sido este trabajo público y privado el que nos ha permitido avanzar. Cuando uno dice que Córdoba es un gran exportador, la agencia ProCórdoba ha tenido mucho que ver. La que impulsa a los emprendedores, ha sido muy útil. Seguir acompañando al sector privado es para mi fundamental”, recalcó Llaryora a La Voz, quien durante un año (en 2013-2014) fue también ministro de Industria, Comercio y Minería.
También defendió el rol de la agencia Córdoba Turismo, una de las más cuestionadas desde la oposición.
“El turismo es uno de los sectores que más trabajo genera, acompaña al posicionamiento del sector público y privado. Las agencias están muy consolidadas, eliminarlas sería hacer retroceder a Córdoba”, enfatizó.
Presupuestos y funciones
En Turismo, solo entre el directorio y cargos próximos hay 17 personas. A eso se suma la estructura de personal, unas 500 personas apuntan quienes observan a la agencia.
Según el Portal de Transparencia de la provincia, esta agencia tiene asignados para este año $ 3.256 millones de presupuesto. En el caso de Córdoba Deportes, la cifra roza los $ 2.000 millones, de acuerdo con la misma fuente oficial.
También de allí surge que en las agencias el presidente del directorio tiene asignado a mayo un salario bruto de $ 1,2 millón, un vocal del directorio $ 673.000 y un jefe de área de $ 460 mil.
“Cuando hablamos de ir para adelante, quienes cuestionan a estas agencias primero que le pregunten a los sectores afectados”, preguntó Llaryora.
La Agencia Deportes no solo ha sido cuestionada desde la oposición. También lo hicieron algunas instituciones deportivas, como Talleres cuyo presidente, Andrés Fassi, arremetió en marzo contra las autoridades del ente y lo consideró poco profesional en el manejo de la agenda del estadio Kempes.
Menos super estructura
Sebastián García Díaz, a cargo de los equipos técnicos que acompañan a Juez en Juntos por el Cambio, recalcó que si llegan al Gobierno lo primero que rediseñarán será “su estructura de funcionamiento”.
“Nosotros queremos sólo nueve de los 17 ministerios actuales, y ahí van a ir las agencias que pasarán a ser controladas, no como ahora. Hay agencias que funcionan muy bien, como el ProCórdoba, pero otras son un foco de corrupción como Turismo y Deportes”, apuntó.
A esas agencias, el juecismo plantea introducirlas en un futuro Ministerio de Desarrollo Económico, “no se pueden estar financiando cosas no prioritarias”, recalcó García Díaz a este medio.
“Turismo tiene que estar en esa estructura, necesitamos eficiencia en el gasto para aumentar en un 50% los fondos destinados a la seguridad de la provincia”, agregó.
El dirigente comentó que la recientemente creada agencia de Competitividad Córdoba “esta en manos de una persona valiosa como (Fernando) Sibilla, pero en sí mismo es una creación de otra creación. A la competitividad de Córdoba hay que atacarla desde sus costos, como el impuesto a los Ingresos Brutos y Epec”, refirió.
Peajes: revisar quién paga
Para el caso de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (Casisa) el último balance publicado en su web data de 2021 y reporta ingresos por $6.100 millones por la pasada diaria por sus barreras de unos 185 mil vehículos.
Hasta fines de ese año el peaje para autos costaba $100, con $200 en la actualidad, se supone que esa previsión presupuestaria subió un ciento por ciento. Suma 400 dependientes, con la posibilidad de que cuando concluyan las autovías a los valles se agreguen otros 60.
Con los fondos que recauda, la empresa paga los créditos que tomó para el cierre de la Circunvalación a Córdoba y las obras conocidas. Esta gestión terminará con todo ese plan concluido, afirman en la empresa. Lo nuevo correrá por cuenta del próximo Gobierno que, descuentan sus funcionarios, estará encabezado por Llaryora.
El costo del peaje, sin embargo, es un motivo de creciente preocupación en los presupuestos familiares. Un solo vehículo que atraviese un solo peaje ida y vuelta de lunes a sábados por motivos laborales demanda casi $10.000 mensuales. El peaje, en muchos casos, es más caro que la factura de la luz en un domicilio de alto consumo.
Llaryora anticipó a este diario que está dispuesto a atender ese punto. “Claramente, se pueden revisar condiciones de localidades del Gran Córdoba”, afirmó a La Voz. Los más complicados por el esquema actual son los usuarios con residencia permanente en La Calera, Villa Allende, Alta Gracia, Unquillo y Río Ceballos.
Pero, fuera de eso, el candidato al Panal conservará Casisa. “Todos los cordobeses hemos visto los beneficios, como la Circunvalación, los nudos viales y otros caminos hechos con la recaudación de la empresa”, agregó.
“Cuando otros dicen que hay que parar con las obras, yo digo lo contrario: hay que seguir haciéndolas para afrontar el congestionamiento de tránsito, por eso prometí el viaducto en la avenida República de China”, en el oeste de la Capital, añadió.
Juez piensa otra cosa a partir de una mirada “muy crítica” de Casisa. “Vamos a hacer una intervención muy profunda porque creemos que falta claridad”, aseguró García Díaz, quien consideró que el paso de la empresa del sector privado al Estado ocultó datos de la situación financiera.
Indicó que Casisa tiene una facturación equivalente a toda la recaudación del impuesto Automotor “y debe ser transparentado y controlado”, comentó, quien alertó por la deuda que deja la empresa, atada al dólar en las puertas de una devaluación mayor.
El equipo de Juez promueve, como Llaryora, realizar cambios en el esquema tarifario vigente. “Estamos evaluando la posibilidad de suspender la cobranza de peajes a quienes tengan residencia permanente fuera de Córdoba e ingresen o egresen por cuestiones laborales”, concluyó García Díaz.
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