Afirmaciones desconcertantes sobre el sector de telecomunicaciones
El pasado 1º de marzo, el presidente Alberto Fernández realizó la apertura de sesiones del Congreso Nacional. Según la Constitución, en esa oportunidad debe brindar un mensaje para dar cuenta del estado de la Nación, de las reformas prometidas, y para recomendar las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
De forma incidental, Fernández se refirió a algunos problemas del mercado de telecomunicaciones sobre los que me quisiera detener. En este aspecto, mi impresión es que su discurso fue –cuanto menos– desatinado en sus expresiones, poco respetuoso de la independencia judicial y contradictorio.
El Presidente cuestionó las decisiones judiciales que suspendieron los efectos del decreto de necesidad y urgencia 690/2020, que declaró servicio público a los servicios TIC (tecnologías de la información y de la comunicación). Se refirió a esas decisiones en el marco de un cuestionamiento generalizado al Poder Judicial. En su reconstrucción, se trata de “un acto de complicidad judicial con el poder económico”.
Además, insistió en que no existe desarrollo sin conectividad. Por eso, nos recordó que Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones, está finalizando la actualización de la red federal de fibra óptica para incrementar la capacidad del tráfico de banda ancha.
En algunas oportunidades, en particular en una situación política altamente divisiva, resulta complejo apartarse de la coyuntura. Tampoco es fácil proponer un mensaje destinado a propios y extraños, aun cuando ese sea el sentido constitucional. Como dijo Joaquín V. González, se trata de “la expresión más leal y honrada de la verdad, del patriotismo y la doctrina constitucional”.
Desproporcionado
Sin embargo, la calificación al Poder Judicial como “cómplice del poder económico” es desproporcionada. Esto es así por varios motivos.
Primero, porque parece no tener en cuenta que quienes cuestionaron judicialmente esta medida no sólo fueron los “grandes jugadores” del sector. Los efectos de esta medida resultan perjudiciales tanto para las grandes compañías como para los pequeños prestadores. Y esto incluye a cooperativas locales y a pequeñas empresas prestadoras de cable y de internet.
Segundo, porque desde hace un tiempo el Gobierno está en diálogo con los principales agentes del sector para superar la judicialización de la medida.
Pero la objeción más fuerte a esta descalificación es jurídica. Imputar de “cómplices del poder económico” a los jueces que intervinieron en estas causas no disminuye la fuerza de sus argumentos.
Es un lugar común en la doctrina reconocer que el concepto de “servicio público” es complejo y controvertido. Se ha sostenido que todas sus definiciones son genéricas, descriptivas y tendenciosas. En cualquier caso, se trata de la intervención estatal de mayor entidad sobre la economía. Sus efectos no son otros que sustraer una actividad del mercado.
El decreto fue calificado, por eso, como inoportuno e innecesario. Se sostuvo que era una intervención en los precios para disminuir su impacto inflacionario sobre la economía. La respuesta del Poder Judicial no se hizo esperar.
Jueces de distintas instancias, y con diferente asiento territorial, sostuvieron que el DNU 690:
- Altera sustancialmente las condiciones bajo las cuales fueron regulados y organizados los servicios TIC.
- Se desentiende del costo real de organización, instalación, prestación y mantenimiento de esos servicios.
- Desconoce la posibilidad de obtención de una renta razonable.
- En fin, consideraron que el medio empleado por el Estado era desproporcionado respecto de las finalidades que se propuso alcanzar.
Incoherente
Miradas en su conjunto, entonces, las afirmaciones relacionadas con el sector TIC son incoherentes. Nadie cuestiona que el desarrollo requiere conectividad. De hecho, cualquier persona avezada puede reconocerlo. El problema surge cuando pensamos en el rol del Estado al establecer políticas públicas destinadas a lograrlo. El despliegue y la ampliación de la red federal de fibra óptica son una necesidad. Pero también lo son las inversiones privadas.
El sector TIC, como cualquier otro, no puede depender de manera exclusiva de los recursos estatales. Como no hay desarrollo sin conectividad, no hay desarrollo sin inversión privada. Para esto, los agentes económicos necesitan previsibilidad regulatoria y protección a sus inversiones.
Este es el lugar de la política pública. Para alcanzar el desarrollo y reducir la llamada brecha digital, que también es económica, necesitamos que cada punto geográfico de nuestro país acceda a estándares de calidad en materia de conectividad.
Para notar la disparidad de enfoques, basta un ejemplo. Mientras el Presidente brindaba este mensaje, la directora de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), Jessica Rosenworcel, anunciaba en Barcelona una nueva subasta de espectro para favorecer la implementación del servicio 5G.
Podemos domar nuestra conciencia afirmando que estamos muy lejos de los planes de despliegue de los Estados Unidos, que nuestras necesidades son más acuciantes y que aún tenemos un camino muy largo por andar. Sin dudas, esto es muy cierto. Pero también lo es que con la descalificación no vamos a mejorar; que para incentivar las inversiones se requiere certidumbre, y que, en fin, estamos muy lejos de alcanzar este objetivo.
El acto de apertura de sesiones anuales del Congreso tiene una trascendencia institucional mayúscula. Es uno de los pocos casos en los que las dos cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa. Esta apertura de sesiones parlamentarias fue otra oportunidad perdida de encauzar una discusión necesaria, y fue también una nueva afrenta al Poder Judicial, representativa de algo de lo que carecemos. Nuestro país requiere inversiones para promover el desarrollo, pero no estamos encontrando el camino para alcanzarlas.
* Abogado y docente de Derecho Constitucional (UNC y Universidad Siglo 21)
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