Puertas adentro ponen carteles de “alta tensión” política
el país.
Con los ecos de la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner a 6 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos detrás de escena, el oficialismo bonaerense salió a reprobar de manera unánime el fallo, al considerar que se trata de “un claro ejemplo de la manipulación política del sistema judicial” que procura, una vez más, “proscribir” no sólo a la Jefa del PJ kirchnerista sino al conjunto del principal partido opositor. Estrategia de victimización al rojo vivo.
Sobre ese escenario, la Provincia diseñó un Presupuesto 2025 enfocado en la contención social y la obra pública, dos prioridades con las que el gobernador Axel Kicillof parece querer contrarrestar las políticas de Nación, con su consecuente impacto en el entramado productivo bonaerense.
La quita de recursos de la Casa Rosada también impacta en los municipios. Y fundamentalmente, en el bolsillo de la población, en un contexto donde se advierte una fuerte recesión, con pérdida de empleo y salario.
Desde La Libertad Avanza responden que el presidente Javier Milei rompió con la lógica de la política y sigue apostando a profundas reformas, respaldado por el mandato de un electorado que votó por un cambio drástico.
Y en ese contexto, como todos los años, la Legislatura bonaerense recupera protagonismo político real, justo en épocas cercanas al brindis navideño.
Si bien todavía falta ordenar la frágil tregua interna en el PJ bonaerense, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria que responden al núcleo del kirchnerismo duro vienen aportando señales de buena voluntad a Kicillof, para avanzar con la aprobación del Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva, la reforma jubilatoria de los empleados del BAPRO y también para terminar de darle sanción definitiva al «RIGI bonaerense».
Todo eso podría terminar significando una señal positiva después de muchas semanas aciagas donde el mandatario provincial convivió con críticas de variado tenor. El aparato gubernamental de calle 6 sabe que el final del almanaque también puede deparar poderosas certezas internas que van a influir en el tramo inicial del año próximo.
En términos formales, el Presupuesto y la Impositiva -con la promesa gubernamental de “no incrementar la presión tributaria”- ya ingresaron al reducto parlamentario para que las comisiones permanentes de diputados y senadores puedan iniciar el debate con los diferentes ministros.
Kicillof, a contramano de lo que propone Milei, busca sostener una serie de inversiones estratégicas en infraestructura territorial. Mucho más, en un año que contiene calendario electoral. Por caso, el acceso al agua potable es otro de los ejes proyectados. En ese rubro se prevé una inversión superior a los $400 mil millones para obras. Entre ellas, la Planta Patagonia en Bahía Blanca.
De las primeras novedades que se desprenden del paquete de la “Ley de leyes” surge la propuesta de un aumento que ronda el 28% para el Inmobiliario Rural y Urbano, y del 19% para Patentes de Automotor. Ese aspecto será puesto en discusión por el PRO, la UCR y los libertarios “oficiales” y bullrichistas, tras un año de críticas por los aumentos efectuados por encima de lo estipulado.
Tampoco pasó desapercibido un pedido del Ejecutivo para contraer deuda pública por hasta US$1.295 millones, una suma que refleja la situación de la Provincia y los desafíos de gestión en ese contexto.
En términos específicos, Kicillof pide contraer deuda por el equivalente a US$1.045 millones, destinada a pagar compromisos financieros y judiciales, además de financiar proyectos en áreas clave como la inversión social y ambiental. A eso se suma la emisión de Letras del Tesoro por US$250 millones adicionales, en pesos u otras monedas.
Esa suma total apunta a cubrir tanto deudas ya adquiridas como nuevas necesidades en infraestructura y servicios, una decisión que trae consigo “cuestiones de largo plazo y que obliga a analizar la sostenibilidad fiscal de la Provincia”, según advierten espadas legislativas del radicalismo.
Sin embargo, ese pedido no estuvo exento de cuestionamientos. Los intendentes opositores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, se han expresado sobre las prioridades en la distribución de los recursos bonaerenses. Para ellos, una de las principales preocupaciones es que las obras en sus municipios no queden postergadas, como ocurrió en años anteriores.
Para la oposición es fundamental que el aumento en la carga tributaria no se traduzca en mayores presiones para los contribuyentes y que se revisen los impuestos distorsivos, que hoy componen el 83% de la recaudación de la PBA.
Pero la situación se complica más cuando ponen en cuestión el reparto de obras provinciales y nacionales, acusando no haber recibido el apoyo prometido en sus municipios.
Para algunos intendentes, el sistema actual premia a quienes no administran correctamente los recursos. Su demanda es clara: un cambio de enfoque en la asignación de recursos y obras, recompensando a quienes hacen un uso eficiente del presupuesto.
La discusión, en definitiva, gira en torno a cómo se repartirán los montos disponibles y cuáles serán los compromisos fiscales futuros. Ante un panorama de deuda creciente y un sistema impositivo altamente dependiente, la perorata legislativa promete ser acalorada, con el reclamo de los alcaldes opositores como telón de fondo.
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