Planes sociales: allanan el Partido Obrero por presuntas facturas truchas
el país.
En las últimas horas se produjo el allanamiento de la sede capitalina del Partido Obrero (PO), buscando documentación en el marco de una causa por presuntas facturas truchas.
La investigación que tramita el juez federal Sebastián Casanello busca determinar si se desviaron 25 millones de pesos entre 2020 y 2023, que originalmente se entregaron al PO en su condición de unidad de gestión de planes Potenciar Trabajo, aunque habrían tenido otro destino.
La imprenta Rumbos y la firma Coxtex habrían sido utilizadas con ese objetivo. De acuerdo con el periodista de TN, Nicolás Wiñazki, un ejemplo sería la facturación por 1,9 millones de pesos de una resma de papel A4 en 2021.
Allanaron la sede del Partido Obrero y encontraron facturas truchas por montos millonarios… pic.twitter.com/XDDevWpN8i
— Doctor House (@Bobmacoy) June 4, 2024
Como respuesta, el PO emitió un comunicado donde sostiene que el allanamiento es «parte de una escalada de persecución política contra los sectores opositores que rechazamos y luchamos contra la política antiobrera y de ajuste del gobierno nacional».
El texto agrega que «es público y notorio que nuestro partido fue pionero en denunciar el protocolo represivo de Patricia Bullrich, se destacó por impulsar la movilización del 20 de diciembre, por convocar a las movilizaciones contra la Ley Bases, y por su participación activa apoyando e impulsando todas las luchas populares, desde las que protagoniza el movimiento piquetero, hasta las movilizaciones obreras, estudiantiles y de la mujer».
Algunos de los principales referentes de ese espacio son el piquetero Eduardo Belliboni, en este momento investigado por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales, así como Gabiel Solano y Romina del Plá.
De acuerdo con información del portal de noticias de TN, la Justicia cree que además Rumbos contrataba agencias de publicidad que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero o pagaba otros aspectos logísticos.
La Asociación Civil Polo Obrero –cuyo titular es Belliboni– en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa.
En esos años recibió 360 millones de pesos del Estado Nacional a través de distintos convenios, de los que según información que el Ministerio de Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron 113 millones. Hay una especie de vacío de 247 millones de pesos que ahora están bajo la lupa.
El PO, en su argumentación de persecución política, anunció que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado Nacional, «entendiendo que están en juego las libertades democráticas consagradas en la Constitución Nacional».
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