Motosierra profunda: el Gobierno prepara un decreto para eliminar organismos públicos
el país.
En el marco de la famosa «motosierra profunda», el Gobierno nacional, a través del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene preparada una batería de medidas a tiro del decreto presidencial para seguir con el achicamiento de Estado Nacional, con diferentes reformas normativas y la desburocratización de procesos.
El miércoles de esta semana, se esperaba un importante anuncio vinculado a una desregulación estatal; sin embargo, se optó por aplazarlo hasta nuevo aviso.
Mientras tanto, quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de ella es un decreto de necesidad y urgencia que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias. La mayoría de las áreas que sufrirán cambios son institutos. Un ejemplo son algunos que dependen de la secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son algunos de los sectores que más cambios tendrán.
De todas maneras, el DNU abarca a más áreas del Gabinete. Es justamente por este motivo que esta medida lleva prácticamente medio año en estar en elaboración, ya que son muchas los sectores en los cuales se estudiaron cambios posibles y con los que se tiene que coordinar todo el proceso normativo y legal. Incluso, se conoció que hubo pedidos de cambios a último momento para los ministerios.
En rigor, en las filas gubernamentales comunican que no sería un DNU, sino uno por área significativa. Hay dos razones al respecto: la primera es que publicar un decreto por cada cartera permite ser más efectivo en el mantenimiento de la agenda; mientras que la segunda es por motivos estrictamente preventivos en caso de que se judicialice la medida.
Sin embargo, puede que estos no sean los únicos DNU de ese estilo que se vean en los próximos meses. Trasciende que la Casa Rosada también podría lanzar un conjunto de 40 desregulaciones que podrían ser similares (o las mismas) a las contenidas en el “proyecto de ley Hojarasca”, que establece la derogación más de 70 leyes, consideradas “normativas obsoletas” o que restringen libertades.
El proyecto fue enviado en octubre del año pasado al Congreso Nacional para ser tratado antes del fin de las sesiones ordinarias, pero el Gobierno no logró moverlo entre los diputados opositores pese a que eran optimistas de que no sería un proyecto de difícil aprobación. Para este año planea darse el mismo panorama: a pocos meses de que comience el habitual “parate legislativo” por la campaña electoral, los libertarios prefieren dosificar su esfuerzo en iniciativas que resulten fundamentales. Ejemplo de ello es la reforma penal juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad en menores.
Sector marítimo
En el panorama también aparece como inminente una medida que podría transformar profundamente el sector marítimo del país. Y es que está próximo a publicarse un decreto que permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante nacional. Además, la normativa autorizará la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con los estándares internacionales de habilitación.
Según interpretan desde Balcarce 50, la decisión busca dinamizar el comercio marítimo y reducir las barreras burocráticas que afectan al sector. La medida fue coordinada por la cartera de Sturzenegger y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, y permitirá que los armadores puedan registrar sus buques bajo bandera extranjera sin que esto sea considerado una exportación.
Este cambio podría facilitar la operativa de las empresas marítimas, pero también podría tener implicaciones en términos de control y regulación por parte del Estado, así como de empleos. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que la implementación de este plan podría significar la pérdida de al menos 3.000 empleos actuales, así como la reducción de la presencia argentina en ríos y mares. (con información de Infobae)
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