Ley Bases: el debate entra en la recta final y el Gobierno se encamina a lograr la aprobación
el país.
El oficialismo se encaminaba hacia la obtención de la media sanción de la Ley de Bases y el paquete fiscal, cuya votación está programada para la mañana del martes.
Alrededor de las 18 del lunes, el ministro de Interior, Guillermo Francos, hizo una breve visita al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según fuentes cercanas, simplemente pasaba a saludar después de su viaje desde Rosario, aunque en los pasillos del Palacio Legislativo se comentaba que los votos necesarios para la aprobación general estaban asegurados. Francos abandonó la oficina aparentemente tranquilo, señalando un ambiente favorable para la votación.
La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, tuvo una experiencia similar más tarde al visitar el despacho del diputado riojano.
No obstante, a lo largo del día se escucharon rumores sobre la posible incertidumbre en torno a algunos artículos cruciales del proyecto de ley. Entre ellos, el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley de Bases, y la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, en la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
Esta situación de incertidumbre evoca recuerdos del pasado, especialmente con el antecedente reciente de febrero, cuando algunos incisos de la reforma fueron rechazados, lo que llevó al presidente Javier Milei a ordenar que el dictamen volviera a comisión y el debate se reiniciara desde cero.
¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable esta vez, ya que el Gobierno ha logrado niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se atreve a descartar esa posibilidad debido a lo que muchos, incluso dentro del propio oficialismo, catalogan como «la inestabilidad emocional» del presidente.
Existe el temor de que algún contratiempo parcial en algún artículo pueda alterar la sensibilidad del presidente de tal manera que lo desborde y lo lleve a tomar una decisión radical, anulando la discusión por segunda vez.
«Hagan lo que quieran con la Ley Bases, vamos a lograr todo a pesar a la política», dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Estas palabras resuenan como una amenaza para los opositores colaboracionistas, que no desean enfrentar nuevamente el escarnio público de ser considerados cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.
Un diputado de La Libertad Avanza, que en las últimas semanas ha desempeñado un papel crucial en el bloque oficialista, manifestó sorpresa ante las versiones que sugerían que el artículo 3 de la Ley de Bases estaba en peligro.
«Si ustedes saben de diputados que van a votar en contra díganme quiénes son y los voy a buscar», comentó entre risas nerviosas.
Con el paso de las horas, la posibilidad de que el Gobierno enfrentara un revés significativo en alguno de los artículos clave fue disminuyendo a medida que el bloque radical se organizaba. En cuanto a aquellos que planeaban votar en contra de la reforma del Estado, solo se encontraban los diputados que respondían a Facundo Manes.
Sin embargo, nadie se aventuraba a predecir una victoria sin contratiempos para el oficialismo.
En duda
El artículo 3 del título «Reforma del Estado» se encuentra en riesgo debido a la división de votos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. En este último, los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y posiblemente Juan Brügge.
Este artículo aborda las facultades del Poder Ejecutivo nacional para «disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada», tanto «la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades», como «la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Este artículo excluye del alcance a «las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan».
Además, se agregaron a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
(Con información de NA)
https://www.lanueva.com/nota/2024-4-29-23-21-0-en-vivo-estaria-garantizada-la-aprobacion-de-la-ley-bases-pero-hay-dudas-sobre-algunos-capitulos
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