La movilización universitaria rompió el clima de internismo
el país.
Si no fuera por los mediáticos episodios de inseguridad o las consecuencias sociales que viene provocando el ajuste libertario, la provincia de Buenos Aires podría quedar absorbida por la agenda política nacional.
La población que ganó la calle para defender masivamente la educación pública en todo el país no sólo modificó el termómetro de indiferencia social, sino que además le propinó una dura derrota política al Gobierno nacional.
La segunda marcha en contra del recorte presupuestario -un valor no negociable para la sociedad- también sepultó la grandilocuente frase (“Somos el mejor gobierno de la historia argentina”) que pronunció el presidente Javier Milei ante sus seguidores en Parque Lezama, se deslizó sobre las diagonales.
“El Presidente hace gala de sus miserias y va a presentarnos el veto como un acto de equilibrio fiscal, cuando en realidad es un acto de necedad”, dijeron desde la sede de Cultura y Educación bonaerense.
También el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) para cargos nacionales ocupó buena parte de la agenda y tuvo distintos niveles de repercusión en la Provincia, pero sin despertar mayor interés en la ciudadanía, más ocupada por estos tiempos en la caída del poder adquisitivo.
“En principio es un debate que parece responder a una estrategia de marketing o crear problemas donde no los hay. Por ejemplo, de transparencia electoral”, coincidieron portavoces legislativos.
Casi de antemano, el oficialismo provincial -que tiene mayoría en la Legislatura- manifestó su oposición a la BUP para cargos provinciales y municipales, aunque a varios intendentes y referentes seccionales no les disgusta la idea.
“Es totalmente innecesario el cambio de sistema”, afirman en la sede gubernamental de calle 6. Es que el actual régimen de votación permitió la alternancia en el poder político argentino. Desde 1983 a la fecha gobernaron la UCR, el PJ, la Alianza, el Frente para la Victoria, Cambiemos, el Frente de Todos y ahora La Libertad Avanza, con casi nulas denuncias de fraude electoral.
Aún así la oposición legislativa buscará presionar al gobernador Axel Kicillof con la sanción de la BUP en la antesala del debate por el Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva, tras el descontento que provocaron los aumentos extras en el Inmobiliario Rural.
En época de vacas flacas lo que debe discutirse es la situación económica y la necesidad de respuestas a las demandas sociales. Ese debería ser el principal asunto de interés entre los extremos políticos que ocupan el escenario nacional, libertarios y kirchneristas.
En ese sentido, el incremento de la desocupación, en paralelo con las cifras alarmantes de pobreza, es un fenómeno silencioso que día a día se profundiza. En términos institucionales, la Provincia ya se pronunció en contra de la reforma laboral que se reglamentó a nivel nacional sin dejar de mencionar el impacto negativo que tienen esas medidas en relación a la legislación laboral.
El ministro de Trabajo, Walter Correa reprobó el Fondo de cese laboral al considerarlo “un negociado a favor de sectores financieros y en contra de los derechos de los trabajadores», como una clara forma para diferenciar posturas respecto al Gobierno nacional.
En medio del clima de internismo que atraviesa el kirchnerismo y que expone la crisis de liderazgo que atraviesa la militancia tras la derrota ante Milei, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció sorpresivamente en La Matanza y abrió las puertas de una posible postulación legislativa, con aparentes fines de anestesiar las tensiones entre La Cámpora y referentes del PJ bonaerense.
La figura de la exvice siempre provoca ruido en el peronismo por su popularidad en el Conurbano, aunque puede terminar consolidando la estrategia electoral del propio Milei. Un escenario de polarización podría terminar beneficiando al Presidente en su más que evidente intento por confrontar discursivamente contra la denominada casta política.
En ámbito legislativo, el Senado especula con la idea de votar antes de fin de año un nuevo paquete con designaciones judiciales buscando achicar el margen de cuestionamientos de la Justicia al oficialismo, siempre y cuando el Ejecutivo gire los pliegos con nombramientos.
Días atrás, y tras el dictamen favorable alcanzado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, fueron aprobados 135 pliegos que habían sido enviados por Kicillof para cubrir vacantes en distintos tribunales.
La cobertura de espacios aumentó durante años porque la oposición condicionó el avance de algunas designaciones que promovía el kirchnerismo. Ahora el Senado buscaría atar acuerdos como antesala para avanzar en una negociación que le permita a líneas opositoras promover candidatos para ocupar algunas de las cuatro sillas ministeriales libres en la Corte bonaerense.
Kicillof había comenzado en 2022 una ronda de consultas con el entonces Juntos por el Cambio donde se pensaba en un esquema de reparto de dos sillas para la oposición y dos para el oficialismo. Pero esa primera intención cambió. Ahora ante la nueva composición de fuerzas y con mayoría en el Senado, la propuesta sería de tres lugares para Unión por la Patria y solo 1 para la oposición. Esa silla vacante podría ser reservada para el radicalismo.
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