Investigan el desvío de $10 millones del Potenciar Trabajo que terminaron en la imprenta del Polo Obrero
el país.
La Justicia investiga nuevas maniobras con las que el Polo Obrero habría desviado millones de pesos del Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que hacían facturas “truchas” para respaldar gastos inexistentes y ocultar el destino final del dinero.
Hasta ahora los investigadores tenían probado que el Polo Obrero justificaba parte de la plata que le enviaba el exMinisterio de Desarrollo Social en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo con facturas supuestamente falsas hechas por dos firmas: Coxtex (que para la AFIP es una empresa apócrifa) y la imprenta Rumbos, muy ligada al espacio que conduce Eduardo Belliboni. Hacia estas dos firmas se desviaron $ 25 millones.
Pero ahora el juez federal Sebastián Casanello detectó que la Asociación Civil Polo Obrero presentó rendiciones ante la excartera de Desarrollo Social con facturas que también serían truchas por otros $ 10 millones hechas por dos nuevas empresas ligadas al rubro de la gráfica y la impresión, que luego emitían cheques en favor de Rumbos. Es decir, la plata del Estado terminaba en la cuenta de una empresa vinculada al Polo Obrero.
En este caso el Partido Obrero es investigado por supuesta defraudación al Estado al haberse apropiado de dinero que debía destinarse a la compra de herramientas, vestimenta y elementos de trabajo de los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Otro factor complica cada vez más a Rumbos, que fue fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un histórico exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y Roberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio: según información que reunió Casanello de la Cámara Nacional Electoral (CNE), esta imprenta hizo aportes al Partido Obrero por $ 18 millones entre 2020 y 2023. Otro elemento que abona la teoría del autofinanciamiento con plata del Estado.
De esta forma, la Justicia avanza con su reconstrucción de la Ruta del Dinero “P” y ya determinó que al menos $ 35 millones se desviaron hacia empresas investigadas por hacer facturas truchas u ocultar el dinero. Una de estas, como ya se contó, es Coxtex.
En las últimas semanas la Justicia sumó un dato inquietante sobre esta compañía, que fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, que ya fue investigado por el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez, tal como contó La Nación.
Este hombre constituyó la sociedad Clamarán S.A. que utilizó el exsecretario de Transporte para comprar un departamento de 250 metros cuadrado en Figueroa Alcorta, Capital Federal; o las firmas “pantalla” Xhoris, Karnika y Karnix que Lázaro Báez utilizó para lavar activos por más de $ 200 millones.
La Juticia cree que Pichuaga y Vega no son los verdaderos dueños de Coxtex sino que se trataría de unos prestanombres a los que una persona les pagó para que conformaran la empresa. La hermana de Pichuaga reconoció que a ese hombre le habían dado $ 40.000 para constituirse como dueño de la compañía y aseguró que no tenía nada que ver con el manejo de la sociedad.
“No sabemos nada de la empresa esa. Como estaba sin trabajo, firmó para un conocido y le daba $40 mil por mes. Mi hermano lo hacía por la plata”, reconoció la mujer. Ese monto incluía la firma por las otras tres compañías, agregó. “Es todo lo mismo. Todo lo hizo con la misma persona. Y también le pagaron por crear estas empresas. Le pagaron $ 40 mil por todo”.
Esas tres empresas son Ciriano Shoes CRL, Recinsur S.A. y VSP Consulting S.A., en donde los investigadores creen que podría ocultarse parte del dinero que el Polo Obrero habría recibido del Estado Nacional. (TN)
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