Funcionarios del oficialismo condenaron el trato a Milagro Sala por parte de la Justicia de Jujuy
el país.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, condenaron el trato que recibe la dirigente social Milagro Sala por parte de la Justicia de la provincia de Jujuy, y coincidieron en señalar que existe «ensañamiento y persecución» hacia la líder de la organización Tupac Amaru.
«La persecución política y el hostigamiento al que Milagro Sala es sometida una y otra vez hace años es, no solamente una injusticia contra ella sino, además, un atentado contra el Estado de derecho que debemos repudiar», señaló en su cuenta de la red social Twitter Gómez Alcorta, quien ejerció la defensa de Milagro Sala en varias de las causas en las que fue acusada.
«La actitud de la justicia de Jujuy con Milagro Sala compromete la responsabilidad internacional del Estado. Argentina está sometida a la Corte Interamericana y tiene la obligación de proteger la integridad física y psíquica de Milagro por una medida del tribunal regional», señaló Pietragalla Corti en la misma red social.
Y en ese sentido, el secretario de DD.HH agregó: «Este particular ensañamiento compromete las garantías constitucionales y la responsabilidad internacional del estado Argentino».
Por su parte, el ministro para el Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque observó que «resulta inexplicable que al día de la fecha continúe la espuria persecución a la compañera Milagro Sala».
«Más de 5 años de detención arbitraria y hostigamiento permanente pareciera no alcanzar al espíritu vengativo de Gerardo Morales», remarcó el secretario general de la agrupación la Cámpora en relación al gobernador de Jujuy.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó hoy su «enorme preocupación por la grave situación a la que una vez más ha sido sometida la dirigente social Milagro Sala, presa política desde hace más de 5 años».
«Por estas horas, jueces y fiscales serviles al poder político y a los poderes fácticos en aquella provincia (Jujuy) han cometido una nueva arbitrariedad que violenta una vez más el debido proceso legal convocando de manera intempestiva a los tribunales a Milagro sin saber siquiera las razones su defensa técnica», señaló la APDH a través de un comunicado.
Milagro Sala fue notificada ayer sobre una nueva imputación en su contra por aparente instigación a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisión del Gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un parque de la zona y que derivó en una represión policial contra los manifestantes, informaron fuentes vinculadas al caso.
Sala fue trasladada en un móvil policial desde su domicilio en el barrio Cuyaya, de la capital provincial, donde cumple prisión domiciliaria hasta las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación.
«A Milagro Sala la están vinculando a la causa del barrio Campo Verde como instigadora», confirmó a Télam Ariel Ruarte, uno de los abogados de la referente social, quien evaluó que «desde ningún punto de vista se puede considerar un delito la defensa de los vecinos sobre un predio del cual eran poseedores y permanecían de manera pacífica».
El 17 de marzo la policía de Jujuy lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra vecinos del barrio Campo Verde, en el marco de un operativo que involucró el infrecuente despliegue de 300 efectivos, que según se denunció ejercieron una «brutal represión» para el desalojo del predio.
El conflicto se originó a partir de la determinación del gobierno de Gerardo Morales de construir un establecimiento escolar de nivel secundario en el único espacio verde con el que cuentan los vecinos de la zona, quienes quieren preservar ese terreno para la «recreación de niños, jóvenes y adultos». (Télam)
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