Entre el final de la campaña y el inicio del debate presupuestario
el país.
Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, se acerca fin de año y la administración del gobernador Axel Kicillof deberá enviar a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2022 y las leyes impositivas que regularán la recaudación del año que viene.
Hay quienes aseguran que sería inminente el ingreso del paquete que contiene la denominada “ley de leyes”, justo en el último tramo de la campaña electoral. Todo hace pensar, también, que el tratamiento será con la nueva composición de las cámaras, a partir del próximo 10 de diciembre.
Originalmente ésa había sido la intención de Kicillof, esperanzado en que las elecciones le dieran un mejor número, sobre todo en la Cámara de Senadores bonaerense, donde el oficialismo del Frente de Todos es minoría desde hace un tiempo largo.
Pero esas esperanzas comenzaron a deshilacharse luego del resultado de las PASO. Si se repite aquella “semifinal” de las primarias, podría quedar en una posición más delicada, incluso en la Cámara de Diputados, donde actualmente es la primera minoría.
De todas maneras, los números no lo favorecen, así que desde las cúpulas -en plena tarea de restauración- ubicadas sobre la sede gubernamental de calle 6, seguramente jugarán la ficha del 14 de noviembre, esperando que la suerte les juegue esta vez un poco mejor.
“Ahora vamos a la elección final y el Frente de Todos está acortando la diferencia de votos en la Provincia”, se entusiasman a partir de la actividad territorial que desplegó el oficialismo con el objetivo de revertir el escrutinio de las PASO.
Desde la oposición, en tanto, ya adelantaron que revisarán el proyecto presupuestario anual, haciendo eje en la seguridad, la salud, y el equilibrio de las cuentas públicas provinciales.
Claro, de fondo están los reclamos nunca escuchados por Kicillof sobre los cargos de control en varios organismos del Estado -directorio del Banco Provincia, entre ellos- que por uso y costumbre siempre los ocuparon los partidos opositores, y que aún están vacantes. Y son cargos que necesitan salir con acuerdo parlamentario. Como el Presupuesto y las leyes impositivas.
Un legislador con algunos años de función, y especialista en números, sostiene que la discusión más importante no pasa por el Presupuesto, sino por las leyes impositivas para 2022 que son las herramientas reales con las que va a contar el gobierno bonaerense a la hora de recaudar.
Se trata, ni más ni menos, que de la actualización de los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural, y otros tributos patrimoniales que pagan los contribuyentes bonaerenses. Este tema, en plena campaña, es muy difícil de tratar. Quizá esa discusión quede para principios del año que viene.
Será poco menos que indispensable que tanto el oficialismo como el arco opositor ayuden a construir un puente de consensos para que la Provincia pueda transitar una etapa de gobernabilidad que permita apuntar a la reactivación económica y productiva para generar empleo.
“Tenemos que pensar una Provincia de aquí a 20 o 30 años, y no en dos años por una elección. Hay que diagramar proyectos que nos contengan a todos, lograr acuerdos básicos donde no importe la alternancia, que es parte fundamental de la democracia, que no importe quienes nos gobiernen”, señalan desde Juntos, tras una cena de campaña con platea radical.
Y si las elecciones serán clave para el futuro del Ejecutivo provincial, y la gobernabilidad por los próximos dos años, lo serán también para la coalición opositora.
La ratificación de la victoria en las PASO los colocaría con grandes chances de volver al poder en 2023. Y con ese objetivo nuevamente al alcance de las manos, nadie va a querer sacar los pies del plato, como se dice en la jerga política.
De eso seguramente dependerá de cómo se paren los bloques legislativos frente al oficialismo, si lo harán como hasta ahora, con bloques únicos, o irán a un esquema de interbloque.
“Uno funcionó a nivel nacional, y el otro funcionó bien en la Provincia, para qué cambiar”, piensan algunos, con cierta dosis de prudencia.
La clave está en los radicales, quienes en las últimas semanas vienen dando señales de distintas maneras, avisando que van a dar la pelea grande en 2023, pero que la cosa empieza ahora.
Las maneras, seguramente dependerán de los resultados que comiencen a conocerse después de las 21 horas del domingo 14 de noviembre.
Lejos de las chicanas políticas poco productivas con el macrismo, el oficialismo trazó como objetivo dar vuelta la elección legislativa del 14 de este mes y se lanzó a mostrar “gestión”.
Básicamente para eso, comenzó por desembolsar partidas económicas en municipios, principalmente del Conurbano bonaerense, cumpliendo al menos parcialmente con “demandas insatisfechas” de los intendentes peronistas durante un largo rato.
Ese componente de “noticias positivas” desplegado desde el Ejecutivo provincial -con aportes también del Gobierno nacional-, incluyó desde anuncios de obras públicas hasta promoción de planes gubernamentales que rozan la veda electoral, según denuncian desde la oposición.
Esa suerte de “intervención política” del gobierno de Kicillof por la denominada “liga de intendentes”, monopolizada por el ahora jefe de Gabinete de Ministros, el lomense Martín Insaurralde, con el explícito sostén de Máximo Kirchner, parece no tener frenos.
Dicen en las diagonales que cualquiera sea el resultado final de la cercana contienda electoral podría sumarse al “lavado de cara ministerial” la salida de Sergio Berni del área de Seguridad.
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