El Gobierno acordó cambios clave con la oposición y se acerca a aprobar la Ley Ómnibus
el país.
Tras varios días de negociaciones sobre eventuales reformas a la Ley Ómnibus, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados a funcionarios de primera línea para acercar posiciones con la oposición dialoguista y quedó cerca de alcanzar un acuerdo.
Los primeros en entrar al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el principal estratega del Gobierno, Santiago Caputo, fueron los encargados de informar las modificaciones que Javier Milei estaba dispuesto a aceptar.
Desde el PRO señalaron que el oficialismo está tomando “muchas sugerencias” y que ya se modificaron cerca de 100 artículos. Sin embargo, remarcaron que todavía hay algunos puntos que todavía falta discutir, como la reforma electoral, algunos detalles relacionados con las retenciones (el gobierno “mejoró bastante” la propuesta inicial pero aún faltan detalles) y la movilidad jubilatoria.
“Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, dijo Ritondo tras la reunión.
El acuerdo con el PRO llega al 95%, según explicaron. La idea es que el PRO y los libertarios avancen juntos en la redacción del dictamen final para que se trate en comisiones y luego pase al recinto a principios de la semana que viene, antes del paro de la CGT previsto para el miércoles 24.
Tras este primer encuentro con Ritondo, los representantes del Gobierno recibieron en el despacho de Presidencia a Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR. A su término, será el turno del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto.
Rodrigo de Loredo explicó que Francos y Caputo llegaron con un borrador con un punteo “a trazo grueso” de todos los cambios que el Gobierno aceptó.
Entre los puntos que generaban más diferencias, los libertarios habrían propuesto eliminar la fórmula actual de movilidad jubilatoria para reemplazarla por una actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, si la ley se aprueba en febrero, se actualizarán los haberes por el IPC de enero, y así sucesivamente.
En cuanto a las retenciones, quedarían en cero las que afectan a las economías regionales y quedó abierta la negociación sobre las exportaciones industriales.
El capítulo que incluye la reforma electoral, que por ejemplo propone cambiar a un sistema de circunscripción uninominal y cambiar la cantidad de diputados, quedará fuera de la ley. Sin embargo, todavía no se definió qué pasará con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que todavía podrían ser eliminadas.
Por otro lado, el Gobierno aceptó acortar el listado de emergencias y reducir al plazo de un año las facultades delegadas que pedía el Poder Ejecutivo para poder saltearse al Congreso.
Respecto a las privatizaciones, el Gobierno pidió mantener el listado que incluya a 40 empresas estatales que podría enajenar. Solo sacaría, a pedido de la oposición, a YPF. Además, la redacción final incluiría una cláusula que obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos para la privatización. Esto permitiría que la oposición tenga la potestad de frenar el proceso en algún caso particular. (con información de Infobae)
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