“Desfederalizar la lucha contra el narcomenudeo ha sido calamitoso”
la ciudad.
En 2005, el entonces gobernador Felipe Solá, empujado por su ministro de Seguridad León Arslanian, adhirió a la ley para desfederalizar la persecución penal contra el narcomenudeo.
Hasta esa fecha, tanto las organizaciones criminales más aceitadas como los «transas» eran investigados por la Justicia Federal.
Solá consideraba que en ese ámbito se dejaba sin castigo a los eslabones más bajos, que no hacían más que «inundar de drogas a los pibes».
Sin embargo, a casi dos décadas de aquella adhesión legal -a la que luego se sumaron provincias como Córdoba, Entre Ríos y Salta-, la conclusión política es otra: se avanzó de manera masiva contra los vendedores de droga de poca monta, se abarrotaron de causas los tribunales provinciales, se sobrepoblaron las cárceles y casi nunca se llegó a «peces gordos». Y el negocio de la droga no cedió. Por el contrario.
El gobernador Axel Kicillof busca despegarse de aquella ley y que la justicia y las fuerzas federales vuelvan a tomar el control de toda la lucha contra las drogas, para que las investigaciones no se «partan», postura que comparten desde otros poderes.
Lo confirmó el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, quien estuvo presente en Bahía días atrás, no solo para conocer detalles del Plan Integral de Seguridad y Justicia del municipio, sino para tomar parte de una jornada académica en la UNS, con referentes tribunalicios y de seguridad, con el fin de repensar el combate al narcotráfico.
El abogado marplatense tuvo un mano a mano de algunos minutos con La Nueva.:
– ¿Por qué cree que falló la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo?
– El análisis que hacemos, no solo de la provincia de Buenos Aires sino en varias jurisdicciones del país es que, a más de 18 años, los resultados no han sido positivos. Genera problemas en varios sentidos y el más grave es que ha partido las investigaciones entre dos jurisdicciones. En ese marco, tanto la autoridad judicial como policial provincial quedó persiguiendo, juzgando y encarcelando el último eslabón de la cadena, el narcomenudeo, y observamos que bajó muchísimo la prevención, detección, juzgamiento y condenas de las organizaciones criminales. Eso produjo una saturación absoluta de las fuerzas de seguridad y de las autoridades judiciales y de los servicios penitenciarios provinciales. Para la provincia de Buenos Aires ha sido una desgracia, en términos penitenciarios, de recursos y de efectividad. Tengo un análisis muy crítico, no fue una buena decisión de política criminal aquella de desfederalizar. Tenemos que poner todo el esfuerzo en pos de erradicar de una vez y para siempre este flagelo, para solucionarle los problemas a los vecinos.
– Y es creciente el número de detenidos por narcomenudeo en las cárceles…
– Exacto. En las cárceles bonaereneses es de alrededor del 12%. Unas 5.800 personas están detenidas por narcomenudeo. Y vemos que los grandes organizadores no están presos en las cárceles federales. Hay que repensar eso, volver a unificar en la autoridad federal, obviamente que con la colaboración necesaria, ya sea a través de equipos conjuntos de investigación, con la autoridad provincial, que va a seguir persiguiendo este delito, pero volver a unificar recursos, porque el resultado ha sido calamitoso.
– ¿Y cómo sería desde lo legal, pueden desadherir a aquella ley y ya está?
– Lo legal es lo más fácil. Así como aceptamos adherir, podemos descolgarnos y renunciar. Pero elegimos otro camino, con el ministro de Seguridad, y encabezados por el gobernador Axel Kicillof, decidimos recorrer las provincias y lo estamos haciendo en sedes universitarias, en San Martín, Lanús y ahora en la UNS. Con todos los actores. Escuchar la opinión de todos, porque nuestras ideas no están escritas sobre piedras, todo es modificable, queremos conversarlo y, si compartimos el diagnóstico, luego vendrá lo normativo, que es lo más sencillo. Igualmente, en paralelo, estamos hablando con la autoridad federal. Seguramente va a haber un periodo de transición.
También hablo de la edad de imputabilidad y las vacancias en la Justicia
– Y también existe la necesidad de fijar penas más fuertes en los casos de las organizaciones criminales…
– Hay un esquema normativo que volver a analizar. La provincia de Buenos Aires es basta y diversa, pero el fuero federal de Bahía Blanca no es el caso general de la provincia ni del país, el fuero federal de Bahía Blanca trabaja muy fuerte contra el narcotráfico, pero no es lo que se ve en el Conurbano ni en el resto del país. Cuando uno analiza la situación de Comodoro Py (donde funcionan los tribunales federales porteños), hace más de 15 años que no hay un juicio por drogas de una organización criminal. Habla que hay como una especie del replegamiento de la Justicia Federal porque descargó en la autoridad provincial. No puede ser que nosotros permanentemente estemos volteando bunkers y apretando a dealers en las esquinas de los barrios y las plazas y nunca se llegue a las cabezas. Frente al poder económico y logístico que tienen las organizaciones criminales, nosotros podemos derribar 10 bunker y apresar a 50 de los soldaditos del narcotráfico, personas en estado de hipervulnerabilidad, al otro día arman 10 bunker más y contratan a 100 más. Es ir por lo más bajo de la cadena y tenemos que ir a lo más alto.
– Lo que proponen, en medio de políticas nacionales de achicamiento del Estado, significa un gran desafío.
– Por eso hay que hacer algo estratégicamente programado, desarrollado y con mucho cuidado. No hay chances de margen para improvisaciones o discursos irresponsables para quienes ejercen cargos de tanta magnitud. Las funciones del Estado no son optativas, son un compromiso. No es que el presidente se puede desresponsabilizar y delegar o renunciar, son obligaciones que se tienen al pedir el voto a la gente. No hay que permitir que esos discursos pueden ir contra el combate a la criminalidad.
Un plan para Bahía
– ¿Es correcto que municipios, como Bahía, asuman un Plan Integral de Seguridad y Justicia cuando no es su responsabilidad prioritaria?
– El ministro de Seguridad (Javier Alonso) pidió a todos los intendentes que preparen un plan de seguridad, que ayuden desde el territorio para pensar una política en seguridad adecuada para cada distrito y Federico (Susbielles) lo encaró y ha hecho un trabajo excelente. Quedé gratamente sorprendido con lo que presencié gracias a la invitación del intendente. En términos de responsabilidades, el menos responsables en estas temáticas es el intendente y, sin embargo, tomó el toro por las astas y creó el Consejo, una mesa con todas las autoridades, de par a par, con responsabilidades diferentes, todos los fueros de la Justicia y todas las fuerzas, discutiendo uno de los principales temas que aqueja a nuestros vecinos. Destaco lo del intendente y lo de todos los que participaron y que suman, cada uno desde su sector.
– Dentro de ese plan se vuelve a instalar la idea de crear una alcaidía en Bahía. Es un tema recurrente ¿Se hará?
– Está en los planes. El gobernador está impulsando un plan de infraestructura carcelaria enorme en términos históricos. Antes de este gobierno, el Servicio Penitenciario Bonaerense, con 200 años de historia, tenía 24 mil plazas y él está construyendo 12 mil más en un mandato y 6 meses, es decir la mitad del alojamiento que hubo durante 200 años. Obviamente, debo ser sincero, en este momento que desde el gobierno nacional estamos rebiendo una arbitrariedad en la quita ilegal de recursos que le corresponden a los bonaerenses, ese plan estamos viendo cómo enfrentarlo con fondos provinciales. Esos fondos eran para obras, para cárceles, alcaidías, rutas, puentes y redes cloacales. Estamos viendo cómo continuar. El proyecto de alcaidía para Bahía va a seguir en carpeta, esperando poder concretar los fondos que necesitamos para poder ejecutarlo cuanto antes.
El caso Loan y la trata
Angustia. El ministro Juan Martín Mena dijo que no quiere ser irresponsable y prefirió no hablar del caso concreto de Loan y su búsqueda desde hace más de 20 días, que «angustia a todos los argentinos», pero sí aseguró que la trata de personas «se debe enfrentar con el Estado más eficiente y poderoso».
Favor. «Quiero hacer una reflexión sobre la situación general: las organizaciones son transnacionales y tienen un poder económico y logístico descomunal. Cuando tenemos un jefe de Estado que, como política de Estado, propone destruir el Estado, menudo favor le estamos haciendo a estas organizaciones criminales», dijo.
Resentimiento. «Para enfrentar la trata de personas, como otros delitos complejos, se necesita un Estado muy fuerte y, lamentablemente, desde la asunción del presidente Javier Milei, la lucha contra la trata también se vio resentida por las políticas de achicamiento», agregó.
Marketing. El ministro remarcó que se debe hacer un planteo serio respecto de que «con ciertas cosas no se debe apelar a discursos marketineros ni hacer políticas publicitarias».
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