Tribunal rechaza imputación a excomandante ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales: fiscalía
agencias
BOGOTÁ, 31 ago (Reuters) – Un tribunal de Colombia rechazó
una imputación de cargos que pretendía hacer la Fiscalía General
a un comandante en retiro del Ejército por su presunta
responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, debido a que
el caso ya está en otra jurisdicción, informó el martes el
organismo acusador.
La acusación que pretendía hacer la Fiscalía contra el
general retirado Mario Montoya se relaciona con supuestas
ejecuciones a manos del Ejército entre noviembre de 2007 y
noviembre de 2008.
La Fiscalía anunció a comienzos de agosto haber evidenciado
que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y que Montoya,
de 72 años, incentivó una política de premios por resultados
operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que
le imputaría cargos por homicidio agravado.
Montoya se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), un tribunal que surgió de un acuerdo de paz con la
desmovilizada guerrilla de las FARC firmado en 2016.
Para el Tribunal Superior de Bogotá, la intención de la
Fiscalía de imputar cargos a Montoya es «improcedente» porque no
coincide con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia
y la Corte Constitucional.
«El magistrado que ejerció las funciones de control de
garantías (…) estimó que si bien la Fiscalía General de la
Nación puede y debe realizar la investigación sobre hechos como
los actuales, la formulación de imputación es privativa de la
JEP», dijo la Fiscalía en un comunicado.
Caso corresponde a la jep
Según el tribunal, las sentencias previas y un acto
legislativo establecieron que los hechos cometidos con
anterioridad al 1 de diciembre 2016 corresponden a la
jurisdicción especial y, por lo tanto, la es JEP la encargada de
investigar y juzgar a Montoya.
El oficial en retiro, quien está en libertad y fue
comandante del Ejército entre 2006 y 2008, negó en el pasado los
delitos por los que es acusado.
La JEP reveló recientemente que al menos 6.402 personas
fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas
falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos
mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pero grupos de derechos
humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.
Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por
su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP
en busca de penas más leves que las que les corresponderían en
el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia,
reparación y no repetición.
La JEP es parte del acuerdo de paz firmado con la
desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado
interno que ha dejado más de 260.000 muertos y que permitió la
desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde.
Aunque en la justicia ordinaria Montoya podría ser condenado
hasta a 50 años de prisión, bajo la JEP recibiría una sanción de
cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en
establecimientos no carcelarios.
(Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra. Editado por
Rodrigo Charme y Javier Leira)
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