La asistencia social y el lawfare, privatizados por Alberto Fernández
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Sigue siendo tema de debate la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Extrañamente es el presidente Alberto Fernández el que no nos deja abandonar el tema, porque va enredándose él mismo en distintas discusiones.
Ahora quedó atrapado en una discusión insólita, de carácter penal [justamente una especialidad que él enseña en la Facultad de Derecho], acerca de si es delito o no lo que sucedió en ese festejo.
De nuevo tenemos al Presidente opinando si es delito o no algo que le atañe a él, lo cual es una indicación sutil -o no tan sutil- al juez o a los jueces o al fiscal que debe investigar, que ya se ve condicionado por esos dichos.
Lo importante es que lo dice Alberto Fernández, que nos vive recordando los años que ha dado cátedra de Derecho penal en la Facultad de Derecho. Él sostiene que, como no se propagó el virus, y lo único que se hizo es violar la cuarentena, no habría delito.
Cualquiera que no es especialista en Derecho penal se da cuenta de que es un argumento muy endeble. Si uno mira el primer decreto de la cuarentena, que el mismo Fernández firmó el 12 de marzo de 2020 (se trata del decreto madre, todos los demás siguen la línea de este decreto) dice lo siguiente: “En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento establecido en el presente artículo, los funcionarios y las funcionarias, personal de salud, personal a cargo del Ejecutivo, funcionarios en general, deberán radicar una denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.
Está diciendo que para que haya una causa penal alcanza el incumplimiento del aislamiento indicado y no hace falta que se haya expandido el virus. Basta con que no te hayas aislado como indica el decreto.
El decreto cita el artículo 205 del Código Penal, que dice: “Será reprimido con pena de tres meses a dos años de prisión el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia”. Es decir, no será penalizado el que propague una pandemia: será penalizado -dice el artículo del Código Penal- el que haga cosas en contra de las medidas pensadas para evitar que se propague la pandemia.
Aparecen otros abogados ligados al oficialismo diciendo que una violación de este tipo -es una posición supergarantista- no merecería una sanción del Código Penal porque es una mera contravención, con una multa alcanzaría. Si eso fuera así, el decreto de Fernández sería inconstitucional.
Por un lado, el Presidente está interpretando muy a favor de él, y poniéndose casi al margen de la ley, de una ley que nos quieren hacer cumplir a todos. Y por el otro, es casi una incitación a violar la cuarentena, total no va a pasar nada. ¿Quién va a aplicar de ahora en adelante el Código Penal con el que no contagió, con el que solo no se aisló?
Lo más grave es que le está dando una indicación al fiscal. El fiscal es Ramiro González, un producto casi perfecto de Comodoro Py, en el peor sentido de la palabra: está hecho bajo el molde de María Servini de Cubría.
Es un experto en investigar según soplan los vientos. Se le conocen muy pocas investigaciones que hayan dado resultado cuando está el poder en el medio: para advertirlo conviene leer una nota de Hernán Capiello con un perfil de él en LA NACION.
Ya Fernández le dijo: mire González, acá no hay delito.
Me cuesta muchísimo pensar que el fiscal González después de esta instrucción que le da el Presidente esté dispuesto a ir muy a fondo con la investigación de lo que pasó en Olivos durante el cumpleaños de la primera dama el año pasado.
González es un subordinado total a Servini, que hoy es la jueza del poder, tanto que la han premiado poniendo a su hijo como secretario de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Es quien debe disciplinar a los jueces y es hijo de una jueza. Es parte de la familia a la que debería hipotéticamente disciplinar si es que hay una denuncia.
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Cuesta pensar por qué el Presidente se enreda en esto: será tal vez que quiere que todos estemos enredados porque hay otras discusiones menos interesantes, o más agresivas para el Gobierno.
Ayer hubo una nota en Clarín, de Eduardo Paladini, con una encuesta que muestra que el Gobierno cayó 4,9 por ciento después de este escándalo. La candidata Victoria Tolosa Paz, en realidad. La medición anterior al escándalo y la posterior da que el Gobierno perdió 4,9 por ciento de votos en la provincia: pasó de 33,7% a 28,8%. Diego Santilli subió un punto y medio, pasó de 18,2% a 19,7%. No es que sea por esto. Pero da la casualidad de que justo ocurre tras esto. Facundo Manes, según la misma encuesta, cayó medio punto. Florencio Randazzo subió 8 décimas de punto, José Luis Espert subió 1,6 puntos (más que Santilli), y Nicolás del Caño subió 4 décimas de punto, según esta encuesta.
El drama del Gobierno es que está atrapado en este problema. Además, lo que se ve en los actos es que no pueden hacer campaña. ¿Por qué? Porque la opinión de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof, y de las figuras más poderosas de este oficialismo están sintetizadas en lo que dice Cristina y es que, a su criterio, este partido no se jugó. Carlos Menem, cuando jugaba al golf y mandaba la pelotita al bosque decía: “Esa no vale”.
Cristina dice: “Esto [este mandato de Alberto] no me lo pueden computar porque llegó la pandemia y no pudimos hacer nada”. Y hace una campaña referida a su pasado y a su gobierno, contando sus hazañas en otro tiempo.
Tanto lo saltea a Alberto Fernández que los discursos del Presidente casi están dirigidos a sus compañeros, a los que dicen que este partido todavía no se jugó. Y él dice: “Hicimos goles”. En un partido que no se jugó.
Ocurre que detrás de esa polémica hay una discusión interna sobre la calidad del Gobierno. Lo que está diciendo Cristina es “este partido se está jugando tan mal que mejor no computarlo, no me lo tomen en cuenta”. Y agrega: “Echémosle la culpa a la pandemia y a Macri”. No quiero hacer afirmaciones, porque sabemos muy poco, todavía. Pero a mí me llama la atención la reaparición de Mauricio Macri. Le dio entrevistas a Luis Majul este domingo y la semana pasada otra a Joaquín Morales Solá. También reaparece en los actos en el conurbano.
Hay una encuesta que hicieron dirigentes de Juntos por el Cambio, más bien ligados al peronismo, de la primera sección electoral. Es una encuesta de sólo 700 casos pero solo en la primera sección, donde aparentemente Macri habría recuperado 10 puntos de imagen positiva entre diciembre del año pasado y hoy. Habla de una recuperación de Macri. Y acá lo interesante es la dinámica de las polarizaciones. No sabemos si el Gobierno no está incurriendo en esa dinámica en la que incurrió ya el gobierno de Macri.
¿Qué dice Máximo Kirchner habitualmente? Que el error del gobierno de Macri fue no darse cuenta de que Cristina, su madre, no había desaparecido de la escena pública. Tenía entre 20 y 30 por ciento de los votos. La estrategia de convertirla en el demonio y la culpable de todo lo que pasa no solo la mantuvo sino que probablemente la devolvió al poder.
Las polarizaciones tienen esta peculiaridad, se convierten en algo automático. Si yo soy tu contrafigura: todo lo bueno que me pase a mi te daña a vos sin que hagas nada. Pero cuidado porque todo lo malo que me pase a mi te beneficia a vos también sin que hagas nada. Si a mí me va mal a vos por automatismo te va bien. Es como un subibaja impersonal.
¿El Gobierno lo estará resucitando a Macri, que era la figura prohibida de Juntos por el Cambio (hasta su primo Jorge dice: “Soy más Jorge que Macri”)?.
¿Veremos a Jorge Macri decir ahora: “Soy más Macri que Jorge”? Es un gran signo de interrogación extensivo a toda la escena de Cambiemos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay un duelo. Hay un duelo entre Larreta y Macri, entre el radicalismo y el Pro, hay una discusión no saldada sobre el pasado, sobre por qué la derrota, sobre por qué los errores económicos. Todo se reaviva ahora con la reaparición de Macri.
Y la gran novedad, para decir algo gracioso: llegó Diego Santilli a Vicente López, una foto que todo el mundo estaba capciosamente esperando, porque todos sabemos que hay una pelea de fondo por la candidatura a gobernador de 2023.
Seguramente Santilli, embanderado con Larreta, y Jorge Macri, embanderado con su primo. Es muy interesante ver la cuenta de Twitter de Jorge Macri, porque está haciendo una campaña a gobernador paralela muy discreta. Va a San Martín, Ituzaingó, Chacabuco: recorre la provincia, se saca fotos con intendentes, muestra los lugares, muestra lo que él ha hecho en Vicente López hablando de la provincia, no de Vicente López. Está llevando adelante una campaña paralela de gobernador mientras Santilli hace la suya.
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Ahí se está dando otro duelo, que es el duelo de la provincia. Además Jorge Macri es bonaerense, y compite contra un foráneo, que es Santilli, que viene de la Capital. Como Kicillof, o como Scioli, o como Vidal. Este tema es muy interesante: una provincia que se allana a que la gobierne gente de otro distrito, como la Capital Federal, que fue la antigua capital de esa provincia. En el fondo podría haber algo históricamente natural en ese movimiento.
Ahí está dada esta dinámica de la polarización que antes afectó a Cristina, probablemente nos devolvió a Cristina y ahora hace reaparecer a Macri, de tanto que lo nombran.
El oficialismo tiene el problema de una narrativa muy controvertida para lo que ofrece: bienestar social, la felicidad de los más pobres. Ese relato está perforado. Con un aumento en el precio de los alimentos que supera el promedio de la inflación, aparece una discusión, probablemente la discusión más importante de este tiempo, a la que la oposición no se suma.
Es un debate entre actores del propio oficialismo que tiene que ver con qué hacemos con la pobreza. No cómo la resolvemos, sino cómo la administramos. Y, en este contexto, una gran irrupción de los movimientos sociales que están adentro y afuera del Gobierno. Tenemos al Movimiento Evita, que forma parte de un gran club, dentro del Gobierno, con Barrios de Pie, la CCC, todas las organizaciones que rodean a Juan Grabois -en general, de cartoneros-, que quieren constituir un sindicato, Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). ¿A quién se lo piden? A Emilio Pérsico, líder de la Utep.
Es Pérsico el que negocia consigo mismo. Con un poder importantísimo que se lo da la asignación de los planes sociales que ya dijo Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la provincia), la debe hacer el Estado, no los movimientos sociales. Pero la hacen los movimientos sociales, que sólo consiguen más si se movilizan y presionan.
El Movimiento Evita y esos funcionarios del Gobierno empiezan a ser amenazantes para la política, para los intendentes, para La Cámpora. Administran un programa, el programa estrella, que es el Potenciar Trabajo. Son prestaciones que les dan a integrantes de cooperativas. No se entiende cómo está auditado, no sabemos si tiene que tener alguna contraprestación política. Pero lo que sorprende, además, es la cantidad.
¿Cuántos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo había cuando se fue Cristina Kirchner? 225 mil. ¿Cuántos dejó Macri, después de la gestión de Carolina Stanley? Ella negociaba con esas mismas organizaciones, que hoy se denominan el grupo “Los cayetanos”, por la fiesta de San Cayetano y para sugerir que su referencia es el Papa. Son los mismos a los que el periodista Horacio Verbitsky llamaba “Los carolinos”. Con la gestión de Macri pasaron a 500 mil prestaciones. Se duplicó el Potenciar Trabajo.
En diciembre del año pasado ese programa pasó a 750 mil beneficiarios. Y hoy hay más de un millón. Cristina dejó el Potenciar Trabajo, uno solo de los programas sociales, con 200 mil beneficiarios y Macri pasó a 500 mil. Alberto Fernández pasó en un año a 750 mil, y en lo que va de este año alcanzó un millón. Si sigue esta progresión vamos a terminar en varios millones.
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El dato es que Pérsico les dice a sus amigos, en voz baja: “Yo puedo movilizar más de un millón de personas en contra del Gobierno. No lo haría porque es desestabilizador”.
¿Qué dicen los kirchneristas alarmados por estos movimientos sociales? “A la izquierda trotskista, los programas sociales se los da Pérsico”. Y con este dato, algunos que son más mal pensados que yo dicen que Pérsico los anima, para mandar un mensaje a Cristina y Alberto, a La Cámpora: “¿Prefieren éstos que salen a tomar la plaza o me prefieren a mi, que a cambio de programas ofrezco paz social?”
Estamos ante un problema de primera magnitud desde el punto de vista del gasto público y del mercado del trabajo. Y contra esto compite un proyecto, que lo llevó adelante Juan Zabaleta, a quien pusieron ahí para controlar. Es un viejo proyecto de Jorge Triaca, elaborado en la gestión de Macri, de estimular a las empresas a que tomen gente con planes sociales para bajar cargas impositivas si pasan del plan social al trabajo formal.
En el caso del macrismo no dio resultado: es muy difícil de hacer porque no hay más trabajo. Lo que sucedería no es contratar más gente, sino blanquear a la que ya está trabajando sin contrato. El problema de la pobreza tiene solución en el marco de otra política económica, con un pacto de crecimiento de muchos años, que genere trabajo genuino. Y una gran revolución educativa. Debe ser un programa para erradicar la pobreza, no para aprovechar la pobreza. Porque el que se jacta del poder de movilización que tiene sobre gente que vive de los planes sociales, tiene un estímulo a hacer que haya más de esa clientela, porque eso es lo que le da poder. Eso es lo que dice Larroque cuando advierte que el que tiene que asignar ese programa es el Estado, no el que se beneficia políticamente con la existencia del pobre.
Es una discusión que curiosamente se está dando dentro del kirchnerismo, ni siquiera del peronismo. Es una gran discusión en un país que ya llegó al 42 por ciento de pobreza y tiene 51 por ciento de pobres en el conurbano, muchos de ellos menores de 14 años. Es un país que se convirtió en una máquina de hacer pobres desde hace 20 o 30 años. Es otro país.
Esa manera de hacer política amenaza a los políticos, sobre todo a los del campo popular: los peronistas. Es una gran cuestión que está transitando por la banquina de la campaña.
¿Cómo solucionar esta discusión y recuperar el dominio del Estado sobre la política social? Porque lo que tenemos es una privatización de la política social, a través de los movimientos sociales que asignan los planes. El Estado resignó su política social en manos de estos dirigentes que ahora quieren tener un sindicato. No sabemos qué es un sindicato en este caso. ¿Tener una obra social? ¿Ir consolidando un tipo de régimen laboral sumergido? Estos son, vamos a pensarlo así, satélites del kirchnerismo, del oficialismo, que empiezan a generar un problema.
Otro satélite, que ya se fue de órbita, es Facundo Moyano. Que no se sabe bien por qué sale del Frente de Todos y renuncia a la banca. Él está al frente del sindicato de los peajes. Los viejos sindicalistas decían con ironía que había sido un regalo de Hugo: “Le creó un sindicato”. Ese sindicato está en un conflicto con una empresa que se llama Auba SA, que es de la provincia de Buenos Aires y tiene al frente está Ricardo Lissalde, un hombre que viene de las inmediaciones del massismo y que reporta a Kicillof.
En esta empresa de peajes se ha abierto un conflicto desde hace varios días. El que pasa por la autopista a La Plata, o por la ruta 2, pasa sin pagar peaje. Están levantadas las barreras. Por qué es la huelga: por un conflicto salarial. ¿Seguro? Porque ya se cerró la paritaria de ese sector y, aun así, sigue el conflicto. Cuando se pregunta aparecen explicaciones imposibles de verificar. El señor Lissalde es un hombre de carácter, viene de Saladillo, ligado a la corriente de José Eseverri en Olavarría. Y empezó a modificar contrataciones: se terminó con las empresas que se dedicaban al corte de pasto al lado de la autopista, y se entregó ese trabajo a las municipalidades.
De golpe, se desató un lío con el gremio de Facundo Moyano, como si esas empresas tuvieran algún vínculo con Moyano. De golpe, Lissalde recibe una presión para cambiar todo el parque de vehículos que mantienen las autopistas. Y él dice: “Por qué lo vamos a cambiar si se cambió en 2019”. Ese rechazo generó mucho malestar en el gremio de Facundo Moyano, como si Facundo tuviera algo que ver con eso.
El 80 por ciento de la recaudación de las autopistas de Lizalde va al pago de sueldos. ¿En cuánto arranca la pirámide salarial? 110 mil pesos de bolsillo. Esta empresa tiene 1600 empleados: un empleado de Auba SA gana tres veces lo que gana un maestro, cuatro lo que gana un policía, y el 3 por ciento de la masa salarial tiene que ir al sindicato para capacitación y actividades deportivas. ¿Será por este conflicto que Facundo Moyano se volvió opositor? Cuando Alberto Fernández le preguntó a Hugo Moyano qué pasa con Facundo, Hugo le respondió: “Cosas del pibe”.
Pero es un modus operandi muy parecido al que ocurría cuando algunos intendentes del conurbano no querían contratar más con Covelia, la empresa de Ricardo Depresbíteris, y de golpe Moyano se ponía nervioso.
¿Covelia es de Moyano? Es imposible demostrarlo. Estas empresas en conflicto con Auba SA: ¿son de Facundito? Imposible demostrarlo, pero es otro satélite que entra en conflicto.
Un tercer satélite se llama Cristóbal López. Es un satélite benéfico para el oficialismo. Ayuda, no entorpece.
La AFIP se allanó al conflicto que tenía con Cristóbal López y decidió que no iba a seguir en el proceso de quiebra. Eso permite que a él le devuelvan las empresas y esto lo beneficia especialmente. Es la AFIP de Marcó del Pont, del gobierno implacable con el empresariado prebendario. Además, como todos sabemos, en la ley de moratoria introdujeron la posibilidad de que López se viera beneficiado aún cuando estaba procesado. Por eso la oposición decidió no votar.
López va a recibir una tonelada de plata. Esperemos que no decida además iniciar una catarata de juicios contra el Estado. Paralelamente empieza una reivindicación en el interior, sobre todo, en Neuquén, donde tiene gran desarrollo el grupo Indalo, de López. Aparecieron carteles denunciando “la persecución” con el eslogan: “Volver a ser, para volver a hacer”, con la firma del grupo.
Cristóbal López fue un gran empleador del Presidente, que tiene una vinculación mucho más estrecha con él que con Cristina Kirchner.
Cuando Fernández iba a Tribunales a hacer gestiones judiciales no era para pelear contra el supuesto lawfare contra la vicepresidenta. Iba a hacer gestiones para López, lo cual no es ningún delito. Era un abogado de la matrícula defendiendo a un cliente. Uno muy especial, al que le dio con Néstor Kirchner, a través de un DNU, un negocio inconmensurable: la extensión de la concesión de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.
Cristóbal López pretende ir en contra de los que supuestamente lo persiguieron. Ya sabemos la polémica con Fabián Rodríguez Simón. Pero el objetivo es Macri, que tiene un gran conflicto con Nicolás Caputo, entre otros motivos, a raíz del vínculo con López. López y Caputo tenían una gran relación cuando Macri gobernaba la ciudad. Relación que habría incluido financiamiento para las campañas de Macri.
El Gobierno no se mete en esta persecución y López avanza contra los que, él denuncia, lo hostigaron en el juzgado de Servini de Cubría. La madrina del fiscal González. Y empiezan las agresiones sobre jueces independientes, como Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, citado a explicar llamados entre él y Rodríguez Simón.
Lo curioso de esto es que el Gobierno no aparece. Salvo que el abogado de López es el de Cristina, Carlos Beraldi. Algunos suponen que Beraldi cobra de López por todos los servicios. El no tiene un discurso profesional. Tiene un discurso político, casi electoral.
El método es interesante. En la época de Kirchner, no mandaban a la policía a reprimir a los manifestantes del campo. Aparecía Luis D’Elia, es decir, “el pueblo”, que sale a defender su modelo, su proyecto. En el plano judicial se replica la misma lógica. No es el gobierno de Alberto Fernández el que practica el lawfare. El lawfare se privatizó en Cristóbal López, que obtiene beneficios extraordinarios para llevar adelante la batalla oficial como si fuera la de un privado. Es otra tercerización. Tercerizamos la política social, tercerizamos el corte de pasto en las autopistas y tercerizamos la persecución judicial.
Hay otros casos de lawfare, que lo ejecuta el Gobierno. Es el caso de Ricardo Nissen, el titular de la Inspección General de Justicia, que había dispuesto que en los directorios de las sociedades civiles, mutuales, etc. tenía que haber igualdad de género. Una sentencia de la Cámara Comercial desautorizó esa medida.
Nissen emitió una resolución aclarando que no iba a cumplir con la sentencia. Y pidió el juicio político de los dos camaristas que no le habían dado la razón. Desde el Congreso, el diputado Jorge Enríquez pidió la remoción de Nissen. No va a ocurrir. A pesar de que el Presidente se ufana de ser un amante del Estado de derecho.
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