Fiscal general costa rica dejará cargo cuestionada por sonado caso de corrupción
agencias
SAN JOSÉ, 25 jun (Reuters) – La fiscal general de Costa
Rica, Emilia Navas, anunció el viernes que dejará el cargo tras
ser cuestionada por conflicto de intereses durante la
investigación de un presunto cuadro de sobornos millonarios en
la construcción de carreteras en el país, que ha salpicado a
grandes empresarios y funcionarios.
Por el proceso, considerado «histórico», han sido llevados
ante la justicia dos de los empresarios más importantes del
sector y es investigado un cercano asesor del presidente Carlos
Alvarado, Camilo Saldarriaga.
«Con el propósito de no debilitar la función del Ministerio
Público y con el fin de no distraer la atención sobre lo
esencial, el combate frontal contra la corrupción, he decido
acogerme a la jubilación a la que tengo derecho», señaló Navas
en un comunicado.
Policías y fiscales subordinados a la fiscal han llevado a
cabo las pesquisas durante dos años y la funcionaria ha sido
criticada dentro del Poder Judicial porque su esposo es abogado
defensor de las dos principales empresas señaladas, H. Solís y
la transnacional de origen costarricense Meco.
«A raíz del caso denominado ‘Cochinilla’ (como se conoce la
causa), se ha desatado una serie de ataques personales y contra
la institución», reconoció Navas, quien llegó el cargo en 2017
con la promesa de tener mano dura contra la corrupción y se
había mantenido al margen del caso.
Juan Rivero, abogado de los dueños de H. Solís, dijo a
Reuters que sus clientes «son inocentes» y denunció «múltiples
problemas e ilegalidades» en las indagatorias. Algo similar dijo
Erick Ramos, abogado del propietario de Meco y quien señaló
«violaciones al debido proceso».
Saldarriaga, quien asesoraba al presidente en temas de
infraestructura, es investigado por su presunta participación en
el esquema de sobornos. El asesor renunció a su cargo
recientemente para dedicarse a su defensa y ha negado haber
cometido cualquier delito.
Autoridades judiciales estiman que las anomalías detectadas
causaron un déficit equivalente a 127 millones de dólares en los
presupuestos para obras viales entre 2018 y 2020. Dinero, autos
y servicios sexuales habrían sido parte de las dádivas a cambio
de adjudicaciones de carreteras.
La Corte Suprema de Justicia, que el lunes decidió no abrir
una investigación a Navas, nombró a un fiscal especial para el
caso, una semana después de que autoridades judiciales
anunciaran la realización de más de 50 allanamientos y 30
aprehensiones como parte de las investigaciones.
(Reporte Álvaro Murillo; Editado por Raúl Cortés Fernández y
Adriana Barrera)
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