El viaje de Pablo Moyano al centro del kirchnerismo
opinion
Héctor Daer y Pablo Moyano compiten por seducir al kirchnerismo duro y sumarlo a su favor en la disputa que libran por la conducción de la CGT. El actual secretario general, Daer, intenta ser reelegido y permanecer en el cargo. Moyano se propone sucederlo. Un proceso que se definirá en octubre con el congreso que convocará la CGT, pero que antes tendrá otros capítulos. La proclama del 25 de Mayo, donde los dos aparecen suscribiendo los postulados de Fernanda Vallejos, podría ser el prólogo aparentemente inesperado.
Vallejos es una diputada y economista muy ligada a Cristina Kirchner. La suma de casi todos los males para la ortodoxia sindical, que le endilga a Fernández responsabilidad en ese giro hacia posiciones ajenas a su idiosincrasia. Los Gordos esperaban que el Presidente enfrentara a su vice. Algo que ellos evitaron los últimos diez años. El reparo común que los inhibe es que Cristina es la única que tiene lo que al oficialismo le falta: votos propios. Lo que le concede la última palabra en cualquier decisión relevante.
Resulta lógico que cuerpos extraños a su universo, como Daer y Moyano, se esmeren por orbitar cerca de ella. Fernández convive con esa realidad. Esta semana envió a sus funcionarios a participar de la catarsis organizada por la CGT para resistir que cuatro miembros de La Cámpora sean designados en la Superintendencia de Salud. Santiago Cafiero, Carla Vizzotti y Claudio Moroni fracasaron en su misión: persuadirlos de que esa medida refleja el espíritu de coalición que el Presidente desea imprimir al Gobierno.
Los sindicalistas utilizaron ese argumento para refutarlos. Hace un mes acordaron con el Presidente la designación de Daniel López en ese organismo para integrarse a su administración. Igual que el padre de Vizzotti, López pertenece al entorno de Ginés González García. La gravitación del exfuncionario resulta incomprensible para La Cámpora, crítica de la gestión del ministro de Salud: es lo que la sostiene en el cargo. Si fuese desplazada, se teme que Cristina decida su reemplazo.
Las designaciones en la Superintendencia de Salud quedaron en suspenso. Los Gordos están convencidos de que es un intervalo. El último trimestre concentra tres acontecimientos importantes para el futuro del oficialismo: la elección de autoridades en la CGT en octubre, los comicios de medio término en noviembre y la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense en diciembre. Los Gordos especulan que Cristina depende del rédito que obtenga en ellos para avanzar sobre la CGT y el sistema de salud.
A fin de año, la vicepresidenta planteó la posibilidad de fusionar las prestaciones privadas y públicas. Una salida a la crítica situación económica que arrastra el sector pero profundizada por la pandemia. La Superintendencia de Salud audita el funcionamiento del sistema. Otorga subsidios a las obras sociales sindicales y autoriza reajustes en los servicios de medicina prepaga. Pero la solución universal de Cristina, el control de la caja, esta vez es parte del problema.
El empleo en blanco integra el selecto club de la economía formal: diez millones de puestos, pero con una tendencia decreciente desde 2004. Entre ese año y 2008 se crearon 2,4 millones de nuevos puestos. En 2016, 300.000. El empleo en negro equivale en la actualidad al empleo en blanco. La falta de inversión y un clima de negocios apropiados para incentivarla es una de las causas de este declive. La inflación es otra. Las prestaciones se ajustan a su ritmo. Los salarios, no. Sin crecimiento no hay salida ni posibilidad de cumplir con los acreedores externos.
La mayoría de los sindicatos pediría un ajuste superior al 50% cuando apliquen la cláusula de revisión incluida en los acuerdos salariales que este año firmaron por debajo del 29% de inflación prevista en el presupuesto. Un escenario de tensión que perjudicaría a Daer, muy cercano al Presidente. Pero que no atina a capitalizar Moyano. Probablemente por su mimetización con el kirchnerismo, cuyos movimientos encuentran resistencia en la Justicia. En especial, el Ministerio Público bonaerense.
El 17 de mayo el sindicato de camioneros bloqueó la Química Oeste para que sus 60 empleados desistan de su afiliación al Sindicato de Comercio. Proveedora de insumos a la industria petrolera, la firma instalada en Esteban Echeverría es patrocinada por Florencia Arietto, que solicitó la intervención de la policía. Sergio Berni envió a la infantería a garantizar el funcionamiento de la fábrica. Mientras que Fernando Gray solicitó al fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, una actitud más firme de la fiscal Verónica Cifarelli, finalmente apartada.
La preservación de un bien tan escaso como el trabajo en una región donde la pobreza supera al 50% provocó una infrecuente transversalidad entre personalidades en apariencia incompatibles como la dirigente de Pro, el ministro de Seguridad y el intendente de Esteban Echeverría. El caso de Baccini es diferente. El 31 de mayo confirmó el recurso de apelación que el fiscal Sebastián Scalera presentó en la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones contra el sobreseimiento a Moyano en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente.
Baccini era partidario de congelar cualquier acción en ese sentido hasta abril. El mes en que debía llegar al Senado bonaerense su pliego para ser designado en una de las tres vacantes de la Cámara de Apelaciones de Lanús. Un trámite complicado. No solo porque las ternas aún no fueron confeccionadas por el Consejo de la Magistratura, donde se inscribieron nueve candidatos. Axel Kicillof acaba de enviar a la Legislatura los pliegos de 41 aspirantes a integrar el Poder Judicial. Es un detalle curioso. Todavía no firmó el decreto para confirmar los 40 que se aprobaron el año pasado.
Existe otro antecedente que pudo persuadir a Baccini. El 21 de mayo la misma Sala 2 le ordenó al juez de Garantías Nº 10 de Lomas de Zamora, Jorge López, desistir de inhibirse para intervenir en la causa por el presunto delito de coacción que Scalera abrió contra Daniel Llermanos y Víctor Hortel, a los que acusa de presionar al exbarra de Independiente, Damián Lagaronne, para que cambie su testimonio y favorecer a Moyano. La sala también rechazó cualquier conexión de ese caso y el que investiga Ariel Lijo: el juez federal que le había solicitado a López que se inhibiera.
Es inevitable que López cite a declarar a Llermanos. No es la única mala noticia para el defensor de Moyano. El recurso de Scalera contra su sobreseimiento hallaría fundamentos en la medida dispuesta por Brenda Madrid. Para la jueza está probada la asociación ilícita, pero no la participación de Moyano. Lo curioso es que incluya en ella a Noray Nakys y Héctor Maldonado, exmiembros con cargos inferiores al de vicepresidente que Pablo sigue ocupando en la comisión directiva del club.
Operadores del kirchnerismo le sugieren a Moyano cambiar de abogado. Llermanos insiste en acusar a Scalera por tuiter de estar ligado a la AFI. El aparente espionaje ilegal contra Cristina que investigó la Justicia Federal demostró el vínculo anterior a esa causa entre Llermanos y el exagente Facundo Melo. Un caso que devolvería a Federico Villena, el primero que lo subrogó, a su cargo original: juez civil de Moreno. Una moraleja para Moyano. El viaje al centro del kirchnerismo no ofrece garantías.
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