Tensión en Parque Patricios ante el inminente desalojo de una fábrica donde viven más de 100 familias
actualidad
Una «tensa y preocupante» calma sobrevuela el barrio porteño de Parque Patricios ante el inminente desalojo de unas 500 personas que viven en la denominada Casa Santa Cruz que ordenó el juez Fernando Cesari.
«Hay ocho oficiales de Justicia y un despliegue policial alarmante», advirtió Rosa Herrera, abogada de la cooperativa Papa Francisco conformada en la ex fábrica recuperada en el año 2004. En el lugar esperan que el juez se pronuncie ante la posibilidad de abrir un compás de espera de cinco días con una mesa de negociación en la que se buscarían soluciones alternativas para dar respuesta a la situación habitacional
«La respuesta del juez no está siendo positiva. Ahora lo que nos dicen es que entreguemos como acto de buena fe algunos vecinos y vecinas para que pueda dar el sí el juez. Eso no va a pasar en absoluto. No vamos a entregar a nadie como carne de cañón. El juez está duro, no quiere ceder», expuso la letrada Iliana Llanos, quien vive hace 10 años en el edificio y representa a las familias que viven en el lugar, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Télam.
Según relató, la intención del magistrado sería que algunas de las familias dejen el edificio y se trasladen a un lugar propuesto por el gobierno porteño y también hacer un censo hoy sobre la cantidad de personas que vive en la Casa Santa Cruz, cuando «ya tienen uno del 16 de septiembre».
Los habitantes del edificio con orden de desalojo judicial habían alcanzado un entendimiento -que está en consideración del juez- en el marco de una negociación en la que intervinieron oficiales judiciales, representantes del Gobierno porteño y de las familias, y el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cerca de las 10.30, las familias y otras personas que se congregaron en el lugar para resistir el desalojo aguardaban una respuesta del juez nacional de Primera Instancia en lo Civil, Fernando Cesari.
La denominada Casa Santa Cruz se encuentra ubicada en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios y allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes.
Se trata de un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del ’90, y en el que fueron instándose familias desde 2004. Hoy la edificación cuenta con servicios de agua, luz y cloacas.
Esta mañana, a instancias de la orden de desalojo dispuesta por la justicia, la Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo que incluyó el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.
«Estamos tratando de confirmar una mesa de diálogo, sabemos que hubo otras, pero vamos a intentar que está funcione, donde estarían el gobierno de la Ciudad que es la primera responsable de resolver el problema habitacional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que el juez vea que hay garantías para poder levantar el desalojo o suspenderlo o que pueda hacerse de forma escalonada. Las familias quieren vivir dignamente«, aseveró esta mañana la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.
«Los niños viven acá, van a las escuelas de la cercanía, les falta poco para terminar la escuela. ¿Dónde van a ir esos nenes? Yo, como defensora de los derechos de NNyA, no voy a permitir que los niños y las niñas vayan ni a un parador ni a un hotel. No son condiciones dignas. Vamos a tratar de impedir que se haga el desalojo en estas condiciones», agregó la funcionaria nacional.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil número 60.
Según una resolución dictada por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma «escalonada» y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales «ante la complejidad del caso», de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició el juicio por desalojo que hoy se encuentra en instancia de ejecución.
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