Impuesto a las Leliq en CABA: el BCRA pide a la Corte que lo declare “inconstitucional”
gcba
No ha sido un año fácil para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los conflictos están lejos de terminar. El nuevo capítulo lo protagonizan el GCBA y el BCRA.
Tras la quita de fondos coparticipables, primero por decreto y luego por un proyecto de ley que aprobó el Congreso el jueves pasado, el Gobierno porteño reaccionó con un Presupuesto “de contingencia” para 2021. Allí, además de ajustar el gasto, creaba y subía algunos impuestos para fortalecer la caja: un gravamen de 1,2% en las compras con tarjetas de crédito, subía la alícuota de Ingresos Brutos al sector financiero y, también, eliminaba la exención sobre los Ingresos Brutos a las Leliq (7%) y los pases. Fue esto último lo que causó la disputa entre el GCBA y el BCRA, que lidera Miguel A. Pesce.
El viernes, el BCRA se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de las leyes que gravan los títulos públicos y actividades reguladas por el BCRA con Ingresos Brutos. El jueves, la Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2021 y la reacción del BCRA era esperable porque ya había intimada a CABA para que desista de ese tributo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, también había fustigado el tributo.
En la presentación, el BCRA requiere a los supremos un pronunciamiento por el cual se declare la inconstitucionalidad de las normas locales porque “afectan la política monetaria, cuya ejecución le compete por disposición expresa de la Constitución Nacional, al BCRA”.
El BCRA solicita que “se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen aludido”.
“Se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional”, consideró el BCRA en su presentación al advertir que “el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”.
“La Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del BCRA resultan la materialización de los artículos constitucionales referidos, de modo tal que las disposiciones de carácter local no pueden interferir en las misiones y funciones del BCRA (en cuanto Banco Federal -art. 75 inc. 6 CN), al que le compete, además, hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación (art. 75 inc. 11 CN)”.
“En razón de lo expuesto, la Ciudad de Buenos Aires al gravar los títulos y operaciones reguladas por el BCRA se ha atribuido poderes en materia financiera, pues tales tributos impactan directamente en el sistema monetario”, advirtió el BCRA.
“Es por ello que corresponde y así se solicita, la intervención de ese Alto Tribunal de Justicia en el conflicto suscitado respecto de la interpretación de la normativa federal involucrada, la que se ve obstaculizada por el accionar de la CABA”, sostuvo el BCRA en su presentación.
Más allá de los argumentos y los números de un lado y del otro, queda claro que el proceso general ha sido, cuanto menos, desprolijo y se ha abierto una caja de Pandora que no será fácil de cerrar.
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