Una empresa de las Fuerzas Armadas al borde de su disolución: reorganización interna y pedido de fondos al Estado
Tras la decisión del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa de convertir a COVIARA en una Sociedad Anónima, los trabajadores siguen a la deriva y recibieron por primera vez en 59 años de historia a un sindicato dentro de la empresa pública. Además, la firma debió pedir una partida de 600 millones de pesos a Luis Petri para regularizar la situación antes de cambiar de nomenclatura.
Según informó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, COVIARA o Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. se transformó en febrero en una SA como paso previo a su disolución.
La empresa se encargaba de construir casas que vendía de manera preferencial a integrantes de la Armada Argentina y la Prefectura Naval.
En este sentido, la firma tiene en su cartera terrenos preferenciales y departamentos en la Ciudad de Bahía Blanca, Punta del Indio y San Nicolás de los Arroyos.
La tarea de facilitar su absorción y posterior disolución por parte de Playas Ferroviarias es menester del abogado Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
La desarrolladora funcionaba con fondos propios y por lo tanto no requería fondos del Tesoro para funcionar. Si bien la empresa no genera gastos al Estado, en cierto sentido, los 40 trabajadores vieron frenada su actividad el pasado 30 de enero del 2024.
Según fuentes internas, el freno de sus funciones se debió a la devaluación llevada a cabo por Luis Caputo en el comienzo del gobierno de Milei. «No vendimos un departamento más hasta junio», remarcaron.
De los 40 empleados que había quedan alrededor de 29 personas, esperando un destino incierto y según indicaron desde el Ministerio de Desregulación serían absorbidos por Playas Ferroviarias, perdiendo así su función para las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a casi tres meses del decreto presidencial, todavía existe un problema para su transformación en Sociedad Anónima, y su posterior disolución: la empresa no tiene las cuentas al día.
La situación financiera se agravó por la paralización del mercado inmobiliario y lleva meses de salarios atrasados y sin pagar aportes patronales.
En este sentido, fuentes internas indicaron que ahora se solicitó una partida de 600 millones de pesos al Ministerio de Defensa para sanear los problemas económicos y poder pagar sus cuentas.
Esto último fue confirmado por fuentes allegadas a Luis Petri a El Cronista, la partida vendría del Ministerio de Economía.
Con cinco meses de atraso en el pago de salarios, recién la semana pasada los trabajadores cobraron un primer sueldo que provendría de otra partida de 50 millones otorgada por Defensa.
Además, internamente están intentando acelerar la venta de departamentos para cubrir los gastos de la empresa.
Aún así, los trabajadores que históricamente no son agremiados, tuvieron una primera asamblea con la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) en la sede de la Liga Naval ubicado en el centro porteño.
Los empleados no tienen abierto los retiros voluntarios por falta de presupuesto por parte de la empresa y desde ATE remarcaron la importancia de que sigan acudiendo a sus puestos laborales para poder cobrar lo adeudado por el gobierno nacional.
De la mano con una nota presentado en enero por el personal, también se está barajando un pedido de un recurso de amparo que frene cualquier transformación de la empresa hasta que se cobren totalmente los salarios.
El paso a Playas Ferroviarias todavía es incierto, el decreto presidencial no indica que harán con los terrenos y viviendas de Coviara. Se trata de 20 inmuebles que precisarán de un decreto presidencial para ser transferidos a la empresa que tiene terrenos muy valiosos en la Ciudad de Buenos Aires.
En la propia web de la empresa se anuncia que Playas Ferroviarias tiene la posesión de los terrenos ferroviarios que corresponden a los barrios porteños de Liniers, Palermo y Caballito.
Dicho organismo es controlado en parte por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) y el ANSES, aunque hoy está a cargo de Diego Chaher. La empresa estaba sujeta a privatización en la primera versión de la Ley Bases y fue sacada tras un extenso debate en el Congreso Nacional.
A dichos terrenos, Playas Ferroviarias sumaría un loteo en Punta de Indio en Provincia de Buenos Aires. Dichos lotes tienen una superficie de entre 360 y 456 m2. Los mismos se ofrecían a un precio promocional al personal de la Armada, Prefectura y del Ministerio de Defensa.
Paralelamente, tendrán el «Coviara 89» ubicado en la Ciudad de Bahía Blanca sobre Vieytes 470.
Por último, en San Nicolás de los Arroyos está el Coviara 101 que tenía la misma disposición para el personal de las Fuerzas y podía ser comprado con créditos del IAF.
Según la oficina de Chaher, el cambio en Coviara puede implicar «cesión, apertura a capitales privados o incluso cierre».
«Estamos trabajando en todas las empresas para que el Estado deje de cumplir funciones de empresario. Si se toma la decisión de privatizar es necesaria la aprobación del Congreso», sostuvieron en diálogo con El Cronista.
Según la cartera, se está contemplando que las viviendas son para el personal de la Armada. «Están dentro de los parámetros indicados por el presidente», cerraron.
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