Se podrán derivar aportes a cualquier obra social o prepaga: será oficial en las próximas horas
Tal como ya había adelantado el Gobierno, esta semana se publicará el decreto que habilitará a los trabajadores a derivar con libertad sus aportes a la obra social o prepaga de su elección.
Así lo confirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa: «Va a estar publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación».
Se trata de la reglamentación de una medida dispuesta en el mega decreto de desregulación publicado por Milei a fines del año pasado, el cual modifica distintos puntos referidos a la operatoria de las obras sociales sindicales en busca de otorgarle mayor libertad de decisión a los individuos.
En esta línea, también se eliminará la obligatoriedad de que los trabajadores nuevos permanezcan durante su primer año en la obra social correspondiente a su actividad, medida dispuesta en su momento por el expresidente Alberto Fernández como guiño a los gremios.
Al respecto, Adorni señaló que, «durante décadas», muchos trabajadores estuvieron «obligados a mantener la obra social de la actividad o el sindicato al que pertenecían».
«Durante décadas», muchos trabajadores estuvieron «obligados a mantener la obra social de la actividad o el sindicato al que pertenecían».
Y, sobre los cambios en la reglamentación, destacó que «esto les va a dar mucha más libertad en virtud de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios y la mejor atención».
«Lo que se busca es terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso de la obra social del sindicato que te nuclea, y que además una vez por año tengas la libertad de volver a elegir», sumó.
La «caja negra» de las obras sociales sindicales: por qué las analiza el Gobierno
Tal como definió El Cronista, las obras sociales sindicales son consideradas por el propio Milei como una de las «cajas negras» de la política que busca relevar, examinar y reestructurar con la finalidad de eficientizar recursos.
Se trata de un asunto que le añadirá tensión a la relación que la CGT tiene con el Gobierno, que ya está lo suficientemente alterada producto de las negociaciones salariales y la determinación del oficialismo de aminorar el impacto de las marchas y manifestaciones sindicales en las calles a través del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Con el paso de los años, los sindicatos incorporaron un esquema de diferentes servicios adicionales a los de la propia representación gremial. Entre ellos, las prestaciones médicas para sus afiliados se volvieron una de las más importantes para las entidades más grandes, aunque también existen en gremios de menor tamaño.
Según la hipótesis del Gobierno «no habría correlación entre la cantidad de afiliados, las prestaciones que dan y la plata que reciben» la gran mayoría de los sindicatos. «Ese agujero negro es plata que damos y que termina siendo financiamiento para la política», indican.
«Estamos investigando triangulaciones de obras sociales que administran algunos de los programas de subsidios que otorga el Estado. Es una primera etapa de relevamiento para ver lo que está aconteciendo», explican. La Superintendencia de Servicios de Salud tuvo cerca de $ 46.900 millones en gastos corrientes durante el último año.
Una gran parte de estos son producto de los movimientos que hace el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de los trabajadores en relación de dependencia y sus empleadores hacia las obras sociales.
Dentro de este, el principal subfondo es el Sistema Único de Reintegro (SUR), que se encarga de que las Agencias de Salud cumplan el Programa Médico Obligatorio (PMO) y diferentes tratamientos complejos para sus afiliados. Este distribuyó a un centenar de obras sociales y asociaciones la cifra de $ 30.450 millones durante todo el 2023.
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