Roberto Durrieu fue reconocido por su intervención en defensa de las comunidades oprimidas y el Estado de Derecho
La International Bar Association (IBA) designó a Roberto Durrieu, socio del Estudio Durrieu, como representante de Latinoamérica en su Instituto de Derechos Humanos.
El nombramiento como oficial representante de Latinoamérica para el Instituto de Derechos Humanos de la IBA se llevó a cabo en el marco del Rule of Law Forum de dicha entidad, consolidando la posición de Durrieu como un referente en la práctica del Derecho a nivel global.
La distinción otorgada «no solo atestigua su pericia jurídica, sino que también reconoce su incansable esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de comunidades perseguidas por motivos políticos o culturales en diversos países del mundo. Su enfoque involucra la apertura de investigaciones ante los tribunales argentinos basadas en el Principio de Jurisdicción Universal», describe una comunicado.
Este principio, característico del Derecho Penal, constituye una excepción a la norma general de la «territorialidad», permitiendo que cualquier Estado juzgue y sancione a los responsables de crímenes graves, como genocidios y crímenes de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad o el lugar donde se hayan cometido.
«Se trata de delitos de lesa humanidad, contra minorías políticas y/o culturales», expresó Durrieu, explicando que estos crímenes aberrantes son perpetrados por los propios poderes políticos de cada país, justificando la invocación de la jurisdicción universal para su denuncia y persecución.
Actualmente, Durrieu y su equipo se encuentran inmersos en diversas causas de gran relevancia. Una de ellas es la denuncia presentada por la comunidad educativa turca conocida como «Hizmet Movement» o «Movimiento de Gülen». Este grupo político y cultural fue objeto de persecución sistemática, secuestros y torturas desde 2016 por el gobierno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La causa está siendo tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, Secretaría N°24, de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, Durrieu está abocado a una denuncia contra la dictadura de Myanmar por su plan sistemático de «limpieza étnica» contra la etnia Rohingya. Este genocidio, ejecutado por las fuerzas de seguridad y paramilitares de Myanmar, obligó al pueblo Rohingya a huir y refugiarse en Bangladesh. La denuncia se encuentra actualmente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, Secretaría N°1 de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Estudio Durrieu, también se están evaluando y preparando denuncias contra los gobiernos de la República Popular China y de Corea del Norte por actos similares que afectan gravemente los derechos humanos de comunidades culturales étnicas en ambos países.
Durrieu destaca la fuerte tradición de Argentina en la defensa de los Derechos Humanos, subrayando que «no debe sorprender la apertura de nuestros jueces a avanzar con decisión en la investigación, persecución y sanción de estos terribles crímenes».
«Su compromiso con la justicia y la protección de los Derechos Humanos refleja una vocación que trasciende fronteras y consolida su posición como un defensor incansable en el escenario internacional», sostiene un comunicado.
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