Qué planea hacer el Gobierno con las empresas de medicinas prepaga y las obras sociales
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) le acercó a la mesa chica de Javier Milei un borrador con las principales bases de su propuesta para reconvertir las condiciones sobre las cuales se desenvuelven las compañías de medicina prepaga. Si este proyecto se puede resumir en una frase, los propios técnicos del ámbito de la salud que asesoran al gobierno lo definen de la siguiente manera: «Queremos que compitan de verdad».
La frase remite a algo parecido que sucedió en el ámbito bancario, cuando desde el Ministerio de Economía bajaron las tasas de interés y aquello incidió para que estas empresas comenzaran a brindar créditos al consumo y para las viviendas. La idea de los funcionarios libertarios es trasladar un modelo similar a este tipo de compañías mediante la reducción de subsidios específicos, la optimización del gasto hacia obras sociales y continuar con la desregulación del sector.
Este último punto tuvo un parate en las últimas semanas a raíz de las judicializaciones que surgieron por los aumentos de las prepagas. Fuentes autorizadas del Gobierno reconocen que estas empresas «se fueron al carajo», aunque remarcan que la medida inserta en el DNU 70/30 que desreguló el mecanismo de aumento de esas compañías fue acertada. «No nos arrepentimos de esa decisión», dice un técnico de la salud que ocupa cargos en el organigrama estatal.
En sus palabras, el principio es que las empresas de este sector se sostengan menos por los subsidios del Estado. «Parecían empresas financieras más que de salud», dicen desde el Ejecutivo. La idea es que luego de esta estancamiento que tienen los aumentos de las prepagas, se vuelva a normalizar los incrementos progresivos y que de manera complementaria se generen las condiciones para que estas compitan «de acuerdo a sus condiciones y a sus servicios».
«En un momento dejó de importar lo que se pagaba, las prepagas vivían en base a los acuerdos de subsidios con el anterior gobierno», es una de las quejas que se le escucharon a un técnico oficialista.
El ejemplo más aludido es el del Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (Fescas), un programa circunstancial anunciado durante los últimos meses de la administración anterior para modificar el Presupuesto para reforzar asistencias sociales y gastos en salud.
«Fue un envío de fondos a las empresas de salud para que no aumentaran las prepagas y que estas no se desbordaran. Se terminaron sosteniendo artificialmente y, encima, no aumentaron paritarias. Lo mismo sucedió con el ATP y el REPRO», sostienen.
Algunas conclusiones que se desprenden de los diferentes estudios que realizaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud es que «no es tan sencillo que el 30% de la población tenga una prepaga de élite» y que el modelo de los últimos años ha producido que las compañías mermen la calidad del servicio para sus clientes. «El modelo de salud que hoy en día opera en la Argentina no existe en ningún país del mundo», señalan.
Hay un visto bueno en la Casa Rosada para reconvertir el Plan Médico Obligatorio (PMO), es decir, la canasta de prestaciones que las prepagas y obras sociales deben cubrir de manera obligatoria. Asimismo, también se está terminando de definir el reajuste de los subsidios para las coberturas por discapacidad que son transferidos a las obras sociales: según había consignado meses atrás El Cronista, durante la gestión anterior se transfirieron cerca de u$s 5500 millones a estas entidades en conceptos de subsidios y reintegros.
Las decisiones sobre qué se va a tocar y qué no todavía no están cerradas, aunque sí hay algunas certezas. Por ejemplo, el subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE), el cual es distribuido a las entidades en relación a la cantidad de afiliados incluidos en el Régimen de Trabajo Especial. Por otro lado, al Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) se le buscará una escala más progresiva basada principalmente en la matriz de riesgo.
La SSS ya había implementado una primera medida semanas atrás al reformular el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que otorgaba mayores subsidios por cantidad de afiliados a las obras sociales más chicas. La nueva resolución anunciada a comienzos de mes igualó a las transferencias a todas las compañías: desde las que cuentan con menos de 1000 afiliados hasta las que tiene más de 100.000.
«Una obra social que operaba como un sello de goma estaba recibiendo un subsidio millonario sin ofrecer servicio alguno», marcan. Según información internas una obra social de 4400 afiliados recibía $ 22.000 de subsidio por persona, lo que implicaba un monto 30 veces mayor que una de más de 100.000 afiliados. La medida producirá que este pase a percibir $ 3,7 millones en vez de $ 98 millones.
En ese sentido, en la cúpula de la Superintendencia hay una intención de avanzar con las obras sociales consideradas como «sellos de goma» o «cajas políticas». En las últimas semanas se avanzaron auditorías colegiadas. Las visitas se están dando entre dos o tres veces por semana, las cuales se hacen de manera sorpresiva.
Según cuentan, hubo casos en los que no había trabajadores en los domicilios que figuran en las planillas de las obras sociales. «Los inspectores tenían que llamar por teléfono a las obras sociales y avisarles que iban a volver a intentar al día siguiente para que al menos hubiera alguien que les abra la puerta», cuenta un funcionario que participó de esas inspecciones.
A través de las diferentes auditorías y el recorte de subsidios creen que «varias de estos sellos de goma van a tender a desaparecer». Aunque no se reveló cuál, en los próximos días se prevé que haya una intervención en una de ellas sobre la cual se habría probado un desmanejo de fondos. La intención es aumentar las capacidades de la Superintendencia para el control y la aplicación de multas, que durante el 2023 no se computó ninguna.
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