Qué hacer: las definiciones económicas que deberá tomar Javier Milei en la Casa Rosada
El funcionario habla. Sin pelos, incluso, dentro de la prudencia del lenguaje diplomático. Es un hombre clave de la Administración Biden. «En la evaluación de escenarios, nos preguntábamos si era mejor que la Argentina tuviera su crisis ahora o más adelante», cuenta. A su izquierda, por la ventana, se ve la Casa Blanca, tan reluciente como imponente, cerca, a pasos, a sólo una verja de distancia. La cruza casi a diario para encontrarse con el Presidente. «Nuestra respuesta fue que no hubiese crisis», retoma. «No queríamos que la Argentina entrara en un período económico feo. Que no tenga otro 2002», asegura, tajante. Por eso, dice, el respaldo de los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la negociación del acuerdo cerrado en marzo.
«No fue para ayudar al gobierno de Alberto Fernández», aclara. «Fue para apoyar a la Argentina», distingue. Es que, en actual y convulsionado contexto global -cuyas volatilidad e incertidumbre potenció la reciente guerra en Israel por la sanguinaria ofensiva de Hamas-, el país gana relevancia como «aliado vector» de Washington en América latina. La suficiente como para justificar que, desde el Salón Oval, se desfilara por la delgada línea roja que limita la asistencia a la Casa Rosada de la responsabilidad de los Estados Unidos como mayor inversor del organismo. Esa mano continúa tendida, al menos, hasta que el propio proceso electoral -con la parálisis que conllevará a medida que se acerque noviembre- avance en el Norte.
«El próximo gobierno tendrá que tomar decisiones muy difíciles», retoma el funcionario, central en la relación de Joe Biden con los mandatarios al sur de su frontera. «Decisiones muy difíciles, fundamentalmente, en lo fiscal, y en un ambiente político también muy difícil. Eso requiere gastar capital político», dimensiona. «Nosotros queremos dar apoyo a decisiones que sean buenas para la Argentina», completa.
Su diagnóstico describe con fidelidad la situación que también se percibe domésticamente, en el Círculo Rojo. La economía argentina llega al fin del actual ciclo político con altos niveles de deterioro económico y social. Con indicadores, incluso, en estados cercanos a la calamidad. En los primeros 10 días de octubre, el dólar informal cruzó la barrera psicológica de los $ 1000, valor que, apenas jornadas antes, cuando la divisa había empezado a carretear en el mercado blue, se esperaba, recién, para fin de año. Doce meses antes, a octubre de 2022, había tenido un techo de $ 292. Ya a inicios de octubre, nadie esperaba que el cambio oficial llegara a diciembre en el precio ($ 365) al que había quedado clavado tras el salto de más del 20 por ciento que dio el 14 de agosto, día siguiente a las PASO. El 15 de noviembre, fue el Día D: descongelamiento y devaluaciones diarias, hasta llegar a un acumulado previsto del 11% hasta fin de mes.
En ocho meses, según la Secretaría de Hacienda, los ingresos corrientes del Estado nacional crecieron 96,8 por ciento, a más de $ 17,5 billones. El gasto primario lo hizo en más del 100 por ciento, por encima de los $ 19,7 billones. Como consecuencia, el déficit primario -medido bajo los parámetros del Programa de Facilidades Extendidas del FMI- escaló más del 107 por ciento, a $ 2,25 billones. El rojo financiero -es decir, el total, considerando el pago de deuda- se incrementó 123 por ciento, a cerca de $ 4,25 billones. Tuvo su salto interanual máximo (473 por ciento) en julio ($ 754.243 millones). Al menos, hasta ese momento.
La principal forma de financiarlo fue con emisión. Hace un año, los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA) rozaban los $ 8 billones. Son las Leliq, pases y otros instrumentos con los que se pretende evitar que los pesos emitidos drenen a la calle. En diciembre de 2022, ya habían superado los $ 10,6 billones, según el informe monetario de septiembre de la entidad. Para julio de este año, ascendían a $ 16,95 billones. Fueron $ 19,48 billones en agosto y más de $ 21,34 billones el mes pasado, con una base monetaria que promedió los $ 6,5 billones en esos 30 días. El FMI cuantificó la deuda del Banco Central (Leliq y pases) en US$ 66.900 millones este año, desde los US$ 49.100 millones de 2021 y US$ 59.200 millones de 2022. Proyecta esta progresión para los próximos ejercicios: US$ 66.600 millones (2024), US$ 61.600 millones (2025), US$ 62.500 millones (2026), US$ 61.100 millones (2027) y US$ 63.000 millones (2028).
Como consecuencia, la inflación, que quedó en el umbral de los tres dígitos en 2022 -el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 94,8 por ciento-, aceleró en los últimos meses. En términos interanuales, lo cruzó en febrero. Con el 12,7 por ciento de septiembre, acumuló 103,2 por ciento en nueve meses y 138,3 por ciento desde septiembre de 2022. Las consultoras privadas que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central esperaban un 11,7 por ciento, con una proyección del 180,7 por ciento para el año y del 199,4 por ciento para los próximos 12 meses (es decir, a septiembre de 2024). Los más pesimistas auguraron un 237 por ciento. Todo, sin conocer, todavía, el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En octubre, el IPC fue de 8,3 por ciento, con una inflación acumulada del 120 por ciento e interanual que rozó el 143.
Las consultoras del REM también vaticinaron una caída de la economía del 2,8 por ciento para este año. Por encima de la que, pocas horas antes, había difundido el FMI, al develar la actualización de su World Economic Outlook. Con pronósticos de inflación de entre 121,7 y 135,7 por ciento para 2023, espera un retroceso del PBI de 2,5 puntos. «La Argentina tuvo un año muy malo, con un contexto macroeconómico ya en dificultad», advirtió el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas. La alusión no fue sólo a la sequía, que este año le costó US$ 20.000 millones en exportaciones al país. También, a la precaria situación de base de la economía local. «La inflación es muy alta y sigue aumentando. Los colchones de reservas son bajos y las condiciones sociales, frágiles», había descripto pocos días antes la vocera de Fondo, Julie Kozack.
La máquina de generar pobreza
El pavor cambiario de octubre también pulverizó los pronósticos de tipo de cambio. Antes de la vertiginosa carrera del blue hacia los $ 1000, distintos informes situaban esa cifra, recién, hacia fin de año. El oficial, según el REM de octubre, difundido el día 12 y cuyo relevamiento se hizo entre el 27 y el 29 de septiembre, se ubicaba a $ 530 en diciembre -un 20 por ciento más de lo que esperaban un mes antes-, para dar un salto a $ 669,63 en enero, ya con un nuevo gobierno, a $ 731,31 en febrero y a $ 776,32 en marzo. Para septiembre de 2024, lo situaban en $ 1074,76, un ajuste del 161,5 por ciento de la proyección declarada en el REM anterior. Los más pesimistas pronosticaron dólar oficial por encima de los $ 800 en febrero (casi $ 860 en marzo) y rondando los $ 1200 dentro de un año. En este caso, la calibración de lo proyectado fue de más del 177 por ciento. En la primera semana de octubre, ya se habían negociado contratos de dólar futuro a $ 800 para diciembre de 2023 y a $ 1700 para septiembre de 2024.
El dólar oficial está pisado, cada vez más accesible para menos y con inexorable destino de salto poselectoral, ante una brecha que se agiganta con la más de una decena de tipos de cambio paralelo con las que las personas -físicas y jurídicas- se ven forzadas a operar. Al cierre de la edición de APERTURA de noviembre, rondaba el 190 por ciento, la más alta desde el hiperinflacionario 1989. El costo de mantener ese artificio se refleja en el deterioro de la hoja de balance del Banco Central. En su staff report de agosto, el FMI recordó que las reservas brutas de la Argentina sumaban US$ 44.600 millones en diciembre de 2022 y US$ 23.800 millones seis meses después. Más alarmante fue su cálculo de las reservas netas: de US$ 8800 millones positivas en diciembre, a US$ 5200 millones negativas en junio y US$ 10.300 millones, también en rojo, dos meses más tarde.
El Fondo no sólo alertó por la sangría actual de dólares. También, advirtió sobre la deuda que, con un cepo lejos de flexibilizarse y que se endurece semana a semana, acumulan las empresas argentinas en el exterior. A fines de agosto, calculaba un stock de US$ 38.000 millones, equivalentes al 60 por ciento del total de importaciones del país, contra un promedio histórico del 39. Precisó que US$ 16.000 millones se generaron entre diciembre de 2021 y junio de 2023. El promedio mensual de pagos al exterior frenados oscila en US$ 5400 millones, apuntó. Por eso, desde la difusión de ese documento, ya hay quienes hablan de un tsunami de US$ 50.000 millones sobre el cual el próximo gobierno deberá dar, al menos, una esperanza de solución. Ya supera los US$ 45.000 millones que Mauricio Macri le pidió al FMI.
Los descalabros fiscal y monetario, cuyo costo fue la trituración de la moneda, tuvieron como resultado el mayor nivel de pobreza desde 2002.
Combinación entre reestructuraciones globales y hartazgo local, se sucedieron los casos de empresas multinacionales que abandonaron la Argentina en los últimos cuatro años. Más por imposibilidad -eufemismo elegante de cansancio- para continuar operando que por una cuestión de costos o escala del negocio, reconoció la mayoría. La retracción de la inversión se refleja en la creación de empleo privado. Al primer trimestre de 2023, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró 6,76 millones de empleados en el sector privado. Si bien es su nivel más alto desde el primer trimestre de 2018 (6,7 millones), lo cierto es que, desde inicios de 2014, bascula en los 6,5 millones. Cuando cruzó los 6 millones, a fines de 2010, el sistema tenía un total de 8,5 millones de aportantes. A mayo de este año, eran 12,75 millones.
En 2002, el Estado Nacional tenía un total de 265.940 empleados, de los cuales 258.472 eran con cargo permanente y 7468, temporario. Este año, ascendían a 370.295, 358.682 y 11.613, respectivamente, según el Presupuesto Nacional. En ese mismo tiempo, el gasto público pasó de $ 47.342,4 millones a $ 28,7 billones, 606 veces más, con un tipo de cambio nominal 193x más alto ($ 1,40 un presupuesto, $ 269,90 el otro). De 2002 a 2022, la economía argentina creció sólo 6,5 veces, de un PBI de US$ 97.720 millones a US$ 632.770 millones, según las estadísticas del Banco Mundial.
En paralelo con el estancamiento del empleo privado, proliferaron los planes sociales. En 2002, había 2,9 millones de beneficios no contributivos, concentrados en los planes alimentario y Jefas y Jefes de Hogar, relevó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). En 2012, la cifra trepó a 9,4 millones, tras sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH), las moratorias previsionales y las pensiones no contributivas por invalidez. En 2022, observó el think tank, se llegó a 14,1 millones de beneficiarios que reciben un plan social, «fundamentalmente, impulsados por el Progresar y el Potenciar Trabajo», consignó. «A partir de 2001, la cantidad de planes sociales se ha incrementado sistemáticamente, independientemente del ciclo económico. Esto genera un gasto del Estado Nacional de, aproximadamente, 1,8 por ciento del PBI en programas sociales, del cual el 0,5 por ciento corresponde a Potenciar Trabajo», evaluó más recientemente el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el documento de 20 propuestas que presentó a inicios de mes, durante su Coloquio de Mar del Plata.
Lo paradójico es que los descalabros fiscal y monetario, cuyo mayor costo fue la trituración de la moneda, no tuvieron los resultados sociales proclamados. Después del pico de 2002 (57,5 por ciento), la pobreza se redujo al 31,4 por ciento en el primer semestre de 2006, cálculo previo a la intervención del Indec (febrero de 2007). Más de 12 millones de personas en ese momento. En septiembre de 2016, la Argentina difundió su primera cifra oficial del organismo, tras casi una década de oscurantismo estadístico: 32,2 por ciento, unos 8,7 millones de pobres de los cuales 1,7 millones eran indigentes. A inicios de 2018, Macri había celebrado que, en el segundo semestre de 2017, cayó al 25,7 por ciento: 10,4 millones de pobres y 1,9 millones de indigentes. Se fue de la Quinta de Olivos con un 35,5 por ciento (9,94 millones de personas; 2,24 millones bajo la línea de la indigencia). Durante 2020, primer año de Alberto Fernández, creció al 42 por ciento (10,5 por ciento de indigentes). Ya sin pandemia, hubo un descenso promedio de tres puntos por semestre, hasta el 36,5 por ciento de la primera mitad de 2022. Desde entonces, volvió a subir, ya con ambas guerras abiertas: la de Ucrania y la que el Presidente le declaró a la inflación. En septiembre, el Indec difundió que, al primer semestre de este año, el índice había vuelto por encima del 40 por ciento (40,1): 11,8 millones de personas en situación de pobreza; 2,7 millones en indigencia. En términos absolutos, los números más altos desde el ruinoso 2002.
Es una cuestión de actitud
Durante los 20 años que siguieron al colapso de 2001, la Argentina ensayó lo opuesto a los ’90. Respondió a la desregulación económica y la apertura comercial con retenciones a las exportaciones, comercio exterior administrado y controles de precios. Al endeudamiento, con defaults. Al libre flujo de capitales, con cepo. A las privatizaciones, con congelamiento tarifario y estatizaciones. El desendeudamiento resultó en un mero cambio de acreedores. La deuda siguió creciendo: en 2003, ascendía a US$ 178.000 millones; en 2015, US$ 240.665 millones. Al segundo trimestre de 2023, era de US$ 403.836 millones. En octubre, llegó al record de u$s 419.291 millones, según difundió la Secretaría de Finanzas.
En defensa de la mesa de los argentinos, el Estado se comió stocks. Los agotó. También lo hizo con el crédito, en especial, durante la experiencia de Cambiemos, en su intento por corregir los manejos de los 12 años previos. Le facturaron el 100 por ciento del costo de la actualización tarifaria, pese a que la congeló cuando el ajuste recién había recuperado, como máximo, el 70 por ciento del atraso. La danza del gradualismo no atrajo una lluvia de inversiones, sino US$ 86.000 millones de salida de capitales en cuatro años. Los errores no forzados convirtieron una adversidad financiera en dos años de recesión. El precio a pagar fue el préstamo del Fondo, la vuelta de las retenciones y, ya perdida la reelección, el reperfilamiento de la deuda en pesos y el cepo. Lo que siguió con Alberto Fernández no resultó mejor. Hubo un denominador común entre la Administración Macri y las Kirchner, en sus tres versiones: culpar a otros -y, en especial, entre ellos- por sus fracasos.
«El próximo presidente tiene que hacer todo para ser protagonista, no víctima», opina uno de los principales analistas de la City. Su voz es escuchada con atención, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, por los BlackRock y Pimco de este mundo. También, es valorada entre potenciales policy makers. Recurre a la física para ejemplificar. «La economía argentina tiene un problema de mecánica de fluidos», explica. ¿Qué significa? Que, por la debilidad de sus fundamentals, los ciclos -oportunidad, vulnerabilidad, crisis y recuperación, los define- estuvieron siempre determinados por las condiciones externas: voló con viento de cola; se estrelló con el de frente. «Como el agua, que cambia de estado sólido, líquido y gaseoso según la temperatura», compara. A la Argentina, dice, le falta «ponerse en un termo». Traducción: que sus variables endógenas empiecen a pesar más que las exógenas en el ciclo. ¿Cuál sería ese termo? Convertirse en un país de «predictible horizont investment». Es decir, la combinación de buen contexto global con buena política económica.
«El próximo presidente tiene que hacer todo para ser protagonista, no víctima. ¿Qué es eso? Combinar buen contexto global con buena política económica».
«La Argentina tiene una gran oportunidad para salir de ese ciclo», asegura. Considera que, aunque «de prestado», el país todavía no está en crisis, sino en una extendida -y desgastante- fase de vulnerabilidad. Salir de ella, agrega, implica ponerse los pantalones, empezar a tomar decisiones y hacerse cargo de ellas. El challenge del próximo presidente, apunta, será «dejar hacer»: que los equipos económicos ejecuten lo necesario, medidas que, en su opinión, no son diferentes a lo que implementaron los vecinos de la región en las últimas décadas. «Eso permitirá romper el ciclo: ir de la vulnerabilidad a la oportunidad sin pasar por una crisis», afirma. Aclara que no dice que será fácil. Pero sí vital para reconstituir confianza, la principal liability del país, entre quienes ya se quemaron con leche. «Se están revisando muchas decisiones estratégicas. Y, además de un contexto externo que promete ser bueno, incluso mejor que en 2006 o 2007. Los resultados de las PASO también fueron una buena noticia: más del 80 por ciento votó market-friendly. Los que proponen lo contrario, por primera vez, sacaron el 20 por ciento de los votos», valora.
El «Efecto Macri»
Por supuesto, nadie firmará cheques en blanco. «¿Cómo nos ven? Esencialmente, garcas…», la sinceridad brutal de alguien que interactúa a diario con los newyorkers. «El ‘Efecto Macri’ sigue en Washington y eso es algo muy negativo para la Argentina», analiza un ex alto funcionario de Barack Obama. «Cuando Macri ganó, todos aquí se convencieron de que había una nueva Argentina. Y, al final, no hubo tanto cambio», explica. «Mientras todos se entusiasmaban con la Argentina, dije: ‘Cuidado. Primero, es la Argentina. Segundo, Macri fue electo presidente de la Argentina’. Hay cuestiones estructurales de la política y la economía argentina que no cambiarán, sea quien sea el ganador de las elecciones», agrega.
¿Qué son esas cuestiones? «Ser presidente de la Argentina significa serlo de un país con una economía cerrada, orientada hacia adentro. Y, además, de un país con cierto nivel de política clientelista. Son los ejes más importantes que afectan al margen de maniobra de cualquiera que sea su presidente», responde. Augura para quien asuma el 10 de diciembre la carga de una pesada mochila de escepticismo cuando peregrine al Norte. «Llegar y ser el candidato nuevo, fresco, es algo que ya fue usado y no dio tantos buenos resultados», sostiene. Apunta que, de hecho, Sergio Massa ya padeció ese «Efecto Macri» durante sus tironeos con el FMI, pese a que el Ministro de Economía ya era una figura muy bien conocida en el DC.
En los últimos dos años, la relación bilateral de los Estados Unidos con la Argentina tuvo una sintonía que no se veía desde las relaciones carnales de los ’90. La agenda, por supuesto, tiene puntos económicos: recursos naturales estratégicos -energía, litio, cobre, agua- y el 5G. Pero, además, tras un enfriamiento de la relación de preferencia con Brasil -el Lula 2023 resultó distinto al de 2003 para la Casa Blanca- y la incapacidad de encontrarlo en la Colombia del izquierdista Gustavo Petro, la Argentina se perfila hoy como el «aliado vector» que el National Security Council busca en América latina. Es decir, su país nexo con la región. En especial, para identificar acciones frente a su tensión geopolítica y comercial con China y, más recientemente, las esquirlas geopolíticas de la invasión rusa a Ucrania. «Los Estados Unidos no podían quedar como el responsable de la catástrofe argentina. Por eso, su apoyo frente a los países más importantes del board del FMI», contextualiza uno de los engranajes de esa relación.
«El mundo está en uno de esos puntos de inflexión que se ven en una cada cuatro o cinco generaciones», aseguran en la Casa Blanca. Los países de América latina y el Caribe se están preguntando si el G20 tiene relevancia, reconocen. De allí, razonan, el predicamento que ganan los BRICS, más allá de que, como define un analista, aceptar la invitación a ese bloque, si se busca un giro geopolítico y financiero a occiente, sería «ponerse la camiseta de River para ir a La Boca», ilustra un analista. «Países como Brasil y la Argentina están buscando tener más voz en las decisiones globales», interpretan en la Casa Blanca. Admiten que parte de la ayuda en el Fondo provino de la necesidad de un aggiornamiento de los organismos multilaterales. «Pensamos que, aunque la Argentina no era el mejor ejemplo de lo que debía ser la relación el Fondo, por lo que pasaba en el mundo, teníamos que mostrar que el FMI estaba a la altura de ese reto», aseguran. Definen lo hecho con el país como «emblemático» de su relación con la región.
La oportunidad existe. Pero la ventana no estará siempre abierta, sobre todo, a medida que avance la campaña electoral de los Estados Unidos. Será necesario aprovecharla: cualquier nuevo gobierno negociará otro acuerdo con el FMI, ya que el actual, en palabras del propio organismo, «descarriló», dado el incumplimiento de, prácticamente, todas sus metas. El venezolano Luis Cubeddu, responsable del caso argentino, ya admitía hace meses que hará falta un nuevo programa.
Otro acuerdo no es sólo vital para el futuro ocupante del sillón de Rivadavia. También, para el propio Fondo. «El próximo gobierno tendrá un mejor plan económico que el actual. Eso le dará a la Argentina un poder de negociación importante porque el Fondo querrá ser parte de eso y no quedar atado al programa de Alberto Fernández», describe Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental. Fue quien terminó aprobando el préstamo a Macri. Hoy, pasa sus días dando clases en la Universidad de Georgetown.
Cuestión de peso
Una de las grandes preguntas es qué hacer con un país que trituró su moneda. El Gobierno de los Estados Unidos no mira con simpatía la dolarización. Tampoco, el FMI. La ven como una salida fácil. «No sustituye las políticas macroeconómicas más importantes», expresó Rodrigo Valdés, ex Ministro de Hacienda de Chile y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo. Opinión compartida por sus técnicos. Actuales, como Cubeddu, y pasados, como Werner. «No se puede dolarizar en la Argentina. Mejor dicho: probablemente, sí, después de una híper que destruya todos los activos en pesos. Pero demandaría, como mínimo, tres años de estabilización», dimensiona Werner el costo de esa decisión. Ejemplifica con Ecuador: «Lo único que resolvió la dolarización fue la inflación, la nominalidad. Pero sigue con sus problemas fiscales. Es una economía poco competitiva».
El problema de la Argentina, diagnostica, es su desbalance fiscal. «Cuál es el tamaño del Estado que quiere y cómo lo puede financiar. Falta un consenso social sobre eso. Y, cíclicamente, los boom de commodities hicieron que la sociedad escape a esa discusión», define. Recomienda una macro fiscal sustentable a mediano plazo y una política monetaria «sensata». En ese marco, especula que el FMI podría liberar fondos adicionales para sostener la balanza de pagos, aunque no para financiar la salida del cepo. «Ese dinero sería más para sostener importaciones, junto a otras medidas fiscales que recompongan reservas, y no para tener un colchón que permita abrir el cepo», aclara. En una situación como la que tendrá la Argentina en 2024, Werner es más proclive a un desdoblamiento cambiario -el peor de los males; opción también recomendada por Domingo Cavallo- o a, por ejemplo, eximir de los controles para el giro de dividendos a las inversiones nuevas. «Liberar el cepo muy rápido, antes de los 12 meses, sería caer en el mismo error que el gobierno de Macri», sentencia. Concede que podría haber ciertas flexibilizaciones, siempre y cuando, «haya apoyo político a reformas fiscales».
«Mucho de lo que la Argentina necesita ya está inventado en las economías sanas», afirmó Fabián Kon, gerente general del Banco Galicia, durante su participación en el Coloquio de IDEA. «El cambio real es que tenemos que aplicar reglas concretas, creíbles, duras. Instrumentos más sólidos para que los próximos administradores tengan un menor grado de libertad: si se gasta de más, ese gasto de más se convierte en inflación y lo pagan los más pobres», enfatizó. Propuso una ley de equilibrio fiscal para los primeros meses de gobierno. «Que se maneje con criterio de caja: se gasta lo presupuestado y, si hay excedente, que se destine a mejoras y la reducción de distorsiones, como algunos impuestos», planteó.
«Necesitamos equilibrio fiscal. No viene de medidas mágicas. Necesitaremos instrumentos para que los administradores tengan un nivel de gastos adecuado a las necesidades de la población. Y con el valor de la libertad: que el individuo pueda tener los ahorros que quiere y donde quiere. No existe el concepto de fuga: es la libertad de la gente para elegir el mejor lugar donde pueda administrar sus inversiones».
La cuestión fiscal emerge como urgente. Más que motosierra, se requerirá bisturí. El margen es quirúrgico. Pero esa cirugía mayor será sin anestesia.
Kon compartió el escenario con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva de Perú desde 2006 y renovado en el cargo en 2021, por otros 15 años. Velarde sobrevivió a ocho presidentes. Pese a la sucesión crisis institucionales, la economía peruana tuvo una inflación promedio del 5 por ciento anual desde inicios de este siglo. Un factor fue su gestión como banquero central. «Un dólar es un dólar: es uno solo. No se pueden hacer tipos de cambios diferenciados. Cuando se hace eso, se gastan muchos recursos para decir a quién le corresponde tener ese dólar más barato. O, si no, se producen arbitrajes. No es una política buena, no es recomendable. Por eso, preferimos el tipo de cambio único», develó.
Perú tiene reservas por encima de los US$ 70.000 millones. El dólar cotiza a 3,80 soles. «Intervenimos pero tratamos de hacerlo no tanto», dijo Velarde, durante cuya gestión se movió entre 2,50 y 4,20. También la tasa de interés es libre. Hoy, un crédito en soles a 10 años oscila entre 5 y 5,5 por ciento anual.
Uno de los secretos de su éxito son sus límites, develó. «Puedo ser removido si compro bonos para financiar al Gobierno en más del 5% de la base monetaria. No puedo establecer un tipo de cambio diferenciado. No puedo fijar un coeficiente para que los bancos le presten a un sector particular. Tampoco, obligarlos a comprar bonos para financiar al Tesoro», enumeró. «Son cosas que no podemos hacer. Los bancos centrales de la región que han sido exitosos tienen restricciones parecidas», apuntó. Agregó que los peruanos tienen derecho constitucional a disponer de sus ahorros, en la moneda y el lugar que mejor les parezca. «Es dinero de los ciudadanos: el ciudadano decide qué dinero quiere y dónde lo tiene».
La cuestión fiscal emerge como urgente. Más que motosierra, se requerirá bisturí. «El margen es quirúrgico», reconoce una calificada fuente empresaria. Pero, en un contexto de alta inflación, con pronósticos mínimos en el rango del 200 por ciento anual, un recorte -ya no congelamiento- del gasto será cirugía mayor sin anestesia. También, el sinceramiento, del tipo de cambio y los múltiples resortes bajo tensión que son los precios relativos que, formal o informalmente, están contenidos por acuerdos y programas varios.
IDEA elaboró un documento, con 20 propuestas, a partir del trabajo de casi 80 CEOs. En el capítulo fiscal, propone una reorganización del sistema previsional, que representa el 11 por ciento del PBI: si bien cubre al 90 por ciento, existen 177 regímenes especiales con haberes 85 por ciento superiores al resto, de los cuales 175 no son autosustentables En tanto, los subsidios energéticos escalaron de 0,2 por al 2 por ciento del PBI en 20 años. Sólo entre 2011 y 2022, significaron más de u$s 125.000 millones, dimensionó el economista Nicolás Arceo. Pese a que, en el último año, se llegó a quintuplicar la factura promedio, cubren sólo el 40 por ciento del costo de producción. Con una nueva segmentación, por la que los hogares de mayores ingresos (la mayoría) paguen tarifa plena de luz y gas, entre 2002 y 2027, se podrían reducir en un 72 por ciento: US$ 10.000 millones por año.
IDEA identificó 34 empresas públicas, todas deficitarias, con más de 100.000 empleados. En 2022, consolidaron pérdidas por US$ 5000 millones. La propuesta es eficientizar su gestión: que el Estado deje de financiar sus déficits y privatizarlas o liquidarlas, en caso de inviabilidad, salvo aquellas que sean consideradas estratégicas. Todas, con criterios homogéneos de gestión, para lo cual sería necesaria la creación de un holding estatal. En materia de gobernanza y rendición de cuentas, someterlas a las mismas reglas de la Ley de Mercados de Capitales para las empresas privadas bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
«El problema no es el gasto público en sí, sino cómo lo gestionamos. Tenemos un problema de tamaño, no lo podemos financiar: el Estado tiene el recurso de la maquinita y eso provoca inflación. Y, también, hay problemas de eficacia y de eficiencia: se gasta donde no se debe gastar, hay filtraciones», diagnosticó Javier Goñi, gerente general de Ledesma.
El peso del Estado dificulta la actividad privada en la Argentina. «En la micro, todo afecta a la libertad de empresa. Con regulaciones, legales y de facto, el Estado está interviniendo directamente en las decisiones de negocios. Hoy día, las empresas hacen múltiples esfuerzos para cumplir con normativas que no están explícitas como tales», describe el negociador de una de las cámaras empresarias más influyentes. «Son distracciones. Gastos enormes de esfuerzos y energías. Una empresa de retail, por ejemplo, no tiene capacidad de armar su portafolio en función del consumidor o el mercado, sino de lo que le impone el regulador».
El potencial existe. IDEA identificó cinco sectores estratégicos: agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento y turismo. Estas actividades emplean a 6 millones de personas, producen por u$s 160.000 millones anuales, exportan u$s 70.000 millones, invierten u$s 19.000 millones y generan un aporte fiscal de u$s 44.000 millones. En una década, podrían crecer 40 por ciento en empleo, 60 por ciento en producción, 75 por ciento en inversiones y más de 150 por ciento en exportaciones. Por supuesto, con las condiciones adecuadas: remoción de trabas, reducción de impuestos, estabilidad… en última instancia, reglas claras.
«Con estas propuestas, podemos empezar a avanzar por un camino distinto. Es la tercera estrella que nos falta. Jugadores tenemos», apeló Goñi al tono futbolero que, tras la conquista de la Selección en Qatar, inspiró al Coloquio de este año. «Si no hacemos algo, seguiremos siendo el país de las oportunidades», cerró.
(Esta nota se publicó en el número 358 de APERTURA, correspondiente al mes de octubre; el texto se actualizó con datos difundidos desde entonces)
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