Punto por punto, las claves del proyecto: reforma previsional y menos privatizaciones
El Gobierno presentó el borrador de la nueva versión de la Ley ómnibus que se tratará en el Congreso: con 269 artículos, una fuerte disminución respecto de los más de 650 del proyecto original, se incluyen modificaciones clave con las que el oficialismo apuesta a facilitar su tratamiento legislativo.
Entre los principales puntos destaca una reducción de la cantidad de empresas a privatizar a tan solo tres, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Sociedad del Estado, y esquemas mixtos para otras nueve.
Además, también se propone un recorte de la cantidad de emergencias públicas sobre las que Javier Milei tendría facultades delegadas y el plazo de estas: ahora, el Gobierno busca declararla en materia administrativa, económica, financiera y energética por tan solo un año, sin prórroga.
Resalta también la eliminación del capítulo fiscal que el Gobierno presentó en la versión original y que luego se bajó para facilitar su tratamiento legislativo. Se espera que este paquete sea consensuado con los gobernadores y se trate de forma aparte, con modificaciones al Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el Régimen del Monotributo, además de la vuelta de la moratoria y el blanqueo.
También se incluyó la nueva fórmula previsional propuesta por el Gobierno con una actualización por movilidad en línea con la inflación junto a un 10% extra de «recomposición» para abril.
El nuevo proyecto de Ley ómnibus tiene 269 artículos.
Con reforma del Estado incluida, esquemas mixtos de privatización y concesión de otras empresas estatales, una reforma laboral para «promover el empleo registrado», una liberalización del mercado energético y diversas medidas para promover inversiones, ¿qué incluye el nuevo proyecto de Ley ómnibus que presentó el Gobierno?
Punto por punto, qué propone la nueva Ley Ómnibus
Los 269 artículos del nuevo proyecto de Ley Ómnibus que presentó el Gobierno modifican diversos temas, desde la fórmula previsional hasta las empresas a privatizar. Punto por punto, las claves del proyecto:
Declaración de emergencias públicas
Se trató de uno de los puntos más calientes durante el primer debate de la Ley ómnibus: el Gobierno propuso en primer lugar una amplia serie de emergencias sobre las que Milei tendría facultades delegadas por un año -con prórroga- y se enfrentó a una fuerte oposición.
Ahora, en busca de dinamizar el tratamiento legislativo, se redujeron la cantidad de emergencias a cuatro, administrativa, económica, financiera y energética, por el plazo de un año y sin prórroga.
El primer capítulo del proyecto agrega que el Ejecutivo informará de forma mensual y «detallada» al Congreso sobre «el ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos».
Reforma del Estado
Los cinco artículos de este capítulo buscan «mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común» con reducción de la estructura pública para «equilibrar las cuentas» y «transparentar el gasto».
Se dispone entonces la posibilidad de modificar, fusionar, transferir a otros organismos o gestiones e incluso disolver a prácticamente todos los entes de la Administración Pública, con el CONICET, las universidades nacionales y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como los únicos excluidas de esta última opción. Lo mismo con los fondos fiduciarios.
Privatización de empresas públicas
Otro de los puntos polémicos del proyecto anterior se modificó en busca de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso: se pasó de más de 40 entidades a las que se le abre la puerta para privatizar a sólo tres, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Sociedad del Estado.
Además, se plantean esquemas mixtos de privatización y concesión para otras nueve:
- Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA);
- Correo Argentino;
- Belgrano Cargas y Logísticas;
- SOFSE Trenes;
- Corredores Viales;
- YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio);
- Nucleoeléctrica Argentina;
- Banco Nación y todas las empresas del grupo;
- y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales.
El proyecto agrega que estos procesos deberán pasar por el Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la cual «intervendrá en las privatizaciones que se lleven».
Empleo público y reforma del Estado
En este capítulo, se dispone que los empleados públicos despedidos por la reestructuración de entidades estatales «quedarán automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses» y luego serán desvinculados en caso de no volver a ingresar a la APN.
Estos «tendrán derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios».
Fórmula de movilidad previsional
El nuevo proyecto incluye la nueva fórmula previsional propuesta por el Gobierno con una actualización por movilidad en línea con la inflación junto a un 10% extra de «recomposición» para abril.
La fórmula será la siguiente: mt = Var. mensual 2. Esto implica que se tomará el último dato del IPC vigente a la hora de definir las jubilaciones, es decir, el de dos meses atrás. Por ejemplo, la suba de abril considerará la inflación de febrero.
Promoción del empleo registrado
Para este punto, se mantiene la posibilidad de «regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado» iniciadas antes de la Ley Bases. Este proceso «podrá comprender relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas».
También habrá condonación de deuda a empleadores con «falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social».
Desregulación económica
Este capítulo faculta al Ejecutivo a derogar o modificar «regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente». El objetivo de esto es «facilitar la mayor eficiencia y eficacia».
Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI)
Se mantiene la creación del RIGI que apunta a establecer incentivos para reforzar la «certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos» a empresas que aseguren grandes inversiones.
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