Por qué es inviable el plan de Milei de gobernar por decreto: reformas profundas y trabas legales
Sin una mayoría propia en el Congreso y con más preguntas que certezas respecto a cómo puede instrumentarse un acuerdo programático eventual con el PRO, la perspectiva de un gobierno de Javier Milei sigue despertando dudas sobre su solidez en la cuenta regresiva al 19-N. La incógnita sin dilucidar no varió demasiado respecto a los dos test electorales previos: qué grado de gobernabilidad puede tener el economista ante las nulas chances reales de ejercer un gobierno por decreto como prometió hacer para sortear los bloqueos a sus pretendidas reformas.
En rigor, el ascenso de Milei a la Presidencia lo convertiría en un Presidente sin territorio, salvo por tres intendencias de pueblos chicos que pudo conquistar este año en Córdoba y Chubut. Tampoco tendrá, a priori, provincias propias o aliadas: hasta el momento, incluso los gobernadores enrolados en Juntos se cuidaron de mostrar distancia prudencial con el líder de La Libertad Avanza, aún después del acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el candidato.
Si bien entre el 13 de agosto y el 22 de octubre, Milei retuvo su primer lugar en cantidad de votos en diez provincias -retrocedió en otras seis-, a lo largo de todo 2023 falló en transferir su caudal a los pocos candidatos y candidatas elegidas para representarlo en las elecciones provinciales por lo que no pudo conquistar ninguna gobernación.
A diferencia de ello, el resultado del 22 de octubre sí le significó un número considerable de legisladores en distintos niveles pero en ningún caso le garantiza una mayoría propia para sesionar, menos aún una diferencia holgada para impulsar las reformas con las que sueña. En consecuencia, cualquier medida de profundidad que desee tomar chocará inevitablemente con las resistencias dentro y fuera del Palacio y lo confrontará con su promesa de saltar cualquier traba por decreto.
Por qué los decretos de Milei pueden ser bloqueados
Milei no cuenta hoy con un ascendente sobre el Poder Judicial, una lectura que comparten algunos de sus nuevos socios en Juntos. Incluso hubo magistrados como Horacio Rosatti que ya se pronunciaron en público contra una vulneración de la moneda nacional como la que traería aparejada la dolarización que pretende Milei. La consecuencia inevitable sería entonces una judicialización extrema de la política a partir del cuestionamiento de esos decretos.
«Si se intenta gobernar por decreto de necesidad y urgencia, la consecuencia ineludible es que se van a judicializar todas las medidas que se tomen por esta vía. En ese sentido la Corte Suprema de Justicia es muy estricta en cuanto a que la habilitación tiene que ser por razones excepcionales, que el Congreso tiene que estar cerrado, o aún funcionando tiene que ser de una necesidad muy súbita», explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez a El Cronista.
En efecto, el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna establece que «solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, (el Presidente) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia».
Gobernar -o intentar hacerlo- solo por decreto, no solo pondría a Milei en tren de colisión con las instituciones que busca comandar sino que, paradójicamente, lo convertiría en un exponente más de la llamada democracia plebiscitaria que tanto cuestiona de gobiernos como el de Venezuela al que califica de dictadura.
«No es posible gobernar exclusivamente por decreto de necesidad y urgencia, primero por la limitación constitucional, y segundo porque esto desvirtúa el funcionamiento del sistema democrático cuyo corazón es el Congreso sancionando leyes», completa Gil Domínguez. Y aún en los casos en los que se emiten, estas decisiones deben sortear el trámite de convalidación de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso que fija el mismo artículo 99 de la Constitución Nacional.
Cómo se pueden trabar los decretos de Milei en el Congreso
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo la integran ocho diputados e igual número de senadores, designados por el titular de cada Cámara a propuesta de los bloques legislativos, respetando la proporción de su número de bancas. Esto quiere decir que los bloques mayoritarios tienen más lugares en la comisión. Además, la presidencia y la vicepresidencia es rotativa de forma anual entre Cámaras: en 2024 le tocaría al Senado poner a la cabeza de la comisión.
Acorde al resultado electoral del 22 de octubre, La Libertad Avanza ganó 36 bancas que se suman a las dos que ya tienen desde 2021. Juntos por el Cambio quedará con 93. Del mismo modo, en el Senado, LLA ingresará con siete bancas y Juntos tendrá 24. El Pacto de Acassuso trastocó todo esto y lo dejó con un final abierto: si gana Milei, los bloques podrían reconfigurarse con libertarios y halcones de PRO conformando un nuevo tipo de formación de hasta 80 bancas en la Cámara baja y 12 en la alta, y reubicando al resto de Juntos como tercera minoría en Diputados.
La proyección pertenece a la Agencia de Información Legislativa Esfera Pública (EP) aunque sus responsables aclaran que el final no está escrito, a la luz de las disidencias que despertó el acuerdo de Milei con Macri en las filas del libertario. No está claro aún que esas muestras de enojo se materialicen en fracturas del bloque si el libertario gana. Con todo, en el mejor de los escenarios para el libertario, todavía no le alcanzaría para salir adelante con sus reformas, y ni siquiera estaría cerca de los 129 y 37 que requiere como quórum para sesionar en Diputados y el Senado.
En el período 2023, la conducción de la comisión reposó en el oficialismo como primera minoría, a cargo del diputado santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos). Por lo que el año que viene debería ocupar ese lugar un representante de la Cámara alta. Si se ciñen a las proporciones tal como se prevén hoy, el lugar permanecería en manos de Unión por la Patria acorde a la distribución de fuerzas proyectada a partir de la elección.
«Esta comisión tiene un plazo de 10 días para convocar a tratar cada decreto aunque el plazo no se cumple a rajatabla. Cuando hay una situación política por la expectativa que despierta el DNU, no llega a pasar la mesa de entrada que convocan a la Bicameral», sostiene Doris Stauber, codirectora de EP. «Recién cuando se conformen los bloques parlamentarios con los números finales de cada uno, se verá qué peso relativo tiene cada fuerza en la comisión», completa.
Entre las prerrogativas de la Bicameral figura la potestad de expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto que analiza y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para que lo convalide o no. Allí vuelve a ponerse en juego el peso legislativo del oficialismo. Si se rechaza en ambas cámaras, el decreto queda derogado, por lo que en definitiva se trata de mayoría simple en el que, a priori, el libertario también está condenado a perder sin el respaldo del sector de Juntos que lo rechaza así como de los bloques provinciales, la izquierda y Unión por la Patria.
«El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado», dicta la norma. En otras palabras, se examina si el decreto se justifica -por circunstancias excepcionales que ameriten su «necesidad» y «urgencia»- o si avanzó deliberadamente sobre potestades del Congreso. De usarse como Milei pregona, para sortear las trabas legislativas, difícilmente resulte avalado por el Legislativo en cuestión, lo que conducirá a una parálisis de gobierno.
Además, la Constitución Nacional cierra específicamente el camino a la vía del decreto para cualquier reforma que verse sobre cuestiones penales, tributarias, electorales o el régimen de los partidos políticos. Gran parte de las ideas promovidas en la plataforma de La Libertad Avanza van por esos carriles, desde la baja en la edad de imputabilidad y las reformas a las leyes de Contrato del Trabajo, Seguridad Interior e Inteligencia pasando por las prometidas modificaciones impositivas.
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