Piñera y la recta final
Números alegres para la economía chilena. A pesar de la mala situación general que ha provocado la COVID-19 en casi toda la región y el planeta, la economía trasandina se expandirá entre 10,5% y 11,5% este año debido a una recuperación por encima de lo previsto, indicó el Banco Central chileno en su informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre.
Dicho informe señala que la recuperación ha sido posible debido a «la capacidad de adaptación de empresas y personas y el importante avance del plan de vacunación, que ha permitido dar paso a un amplio proceso de apertura de la economía», todo esto, sumado a un entorno internacional marcado por la acción simultánea de contención de la crisis.
Es así que la estimación en materia de crecimiento eleva la proyección realizada en junio, donde se había estimado una expansión de entre 8,5 y 9,5% para este año.
Por ello, se debieron cambiar las proyecciones para los años subsiguientes. Para el 2022 se estima un rango de crecimiento más bajo (1,5 a 2,5%) y para 2023 «la paulatina desaparición de los efectos de la política fiscal y la acción de la política monetaria reducen el rango de crecimiento estimado para dicho año (1 a 2%)», según reza el informe.
Cuarto retiro y suba de tasas
Pero no todas son rosas. El reporte que el miércoles 1 de septiembre presentó el titular del BC Mario Marcel ante la Comisión de Hacienda del Senado, advierte fuertemente sobre el rumbo de la inflación y el «escenario de riesgo» en que pone a la economía chilena nuevos retiros de ahorros previsionales. Esto, justo el mismo día en que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votó la idea de legislar en general, el paquete de iniciativas.
En la víspera, la entidad sorprendió al mercado con una «fuerte» alza en la tasa referencial de interés para «evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos». Así, el BC fijó la tasa en un 1,5% subiendo 75 puntos base, una medida inédita en el país, para contener la inflación reinante.
Por eso en el IPoM de septiembre, el BC reconoce que «en el escenario central, la inflación anual del índice de precios al consumidor (IPC) culminará el año en 5,7% (4,4% en junio), situándose en cifras por sobre 5% durante la primera mitad del 2022 explicadas también por el alza del componente volátil de los precios de la energía y los alimentos».
Recordemos que los anteriores retiros del 10% de las Aseguradores de Fondos de Pensiones (AFP) – autorizados por el congreso para paliar el efecto de la pandemia y ante la poca o nula ayuda estatal de principios de la cuarentena- fueron un duro golpe para el gobierno de derecha de Sebastian Piñera ya que tocaban, justamente, a una de las dos joyas del modelo neoliberal chileno. La otra es la constitución pinochetista del 80.
Hoy la ayuda estatal, que llegó de la mano de bonos para la clase media e IFE universal entre otros, se ha puesto a la altura, pero la piedra ya fue lanzada y la idea de que las AFP deben desaparecer fue uno de los reclamos del estallido social de 2019 y ya se ha instalado en el grueso de la opinión pública.
Y paradójicamente, el sistema de pensiones que sobrevivió durante los 30 años que duró la Concertación (variopinto conglomerado político de centro izquierda) estaría emitiendo sus últimos estertores en un gobierno del mismo color político que los ideólogos que le dieron vida. Mas aún; el cerebro detrás de las AFP es Jose Piñera, hermano mayor del presidente. Definitivamente, nadie sabe para quién trabaja.
Al limite
Este último tramo del gobierno ha sido, por decir lo menos, agitado y es sabido que la baja aprobación del presidente chileno (26% en agosto y que había llegado a 4% en el peor momento) necesitaba de una carta ganadora para terminar su mandato con algo más de apoyo.
Por eso se dice entre corrillos que la incontinencia conductual de Piñera y su compulsión por ser protagonista – y no tanto el tema electoral- habría sido el motor de la resiente controversia por las diferencias limítrofes entre Chile y Argentina por la plataforma continental en el territorio antártico.
La decisión de informar la actualización de la Carta Náutica 8 que ordenó el presidente Piñera, habría sido tomada el 23 de agosto, pero pasó inadvertida hasta su publicación en el diario oficial, el 27 de ese mes. Esta prendió las alarmas en la cancillería argentina y lo que siguió fue el pimpón de comunicados entre ambas cancillerías que todos conocen.
En la mente de Piñera, todavía pesaría la «derrota» arbitral contra Perú en el 2014 durante su primer mandato y seguramente quería dejar su segunda presidencia con algún hito un poco más oneroso para sus logros como presidente.
El fallo de la Haya en 2014 le dio la razón a Perú y generó un nuevo limite marítimo en el cual Chile perdió 22.000 km de mar patrimonial como también un área de pesca fina para empresarios chilenos, al tiempo que dejó al puerto de Arica sin un frente de acceso directo a alta mar.
Perú, en cambio, logró aumentar su mar patrimonial a costa del chileno y además una porción de alta mar que favoreció a empresas pesqueras peruanas, entre ellas, Exalmar S.A.
En una nota escrita en 2016 para el diario digital El mostrador los periodistas Santiago Escobar e Ivan Weissman consignaron que en medio de los juicios de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, «Piñera realizó una inversión relevante en la Empresa Pesquera Exalmar S.A., una de las más grandes del Perú».
Los periodistas indicaron entonces que dicha empresa «resultó favorecida en sus derechos de pesca por la sentencia emitida el 27 de enero del 2014 por el referido tribunal internacional. Es decir, en términos gruesos, parte de lo que Chile perdió a manos de Perú en ese juicio, lo ganó el ex mandatario con sus inversiones en esa compañía peruana».
Según el medio electrónico, Sebastián Piñera nunca le habría informado al país, ni antes ni durante los juicios. Del lado peruano, solo lo sabrían los dueños de la empresa Exalmar, el grupo Matta Burotto y presumiblemente el núcleo central del gobierno peruano.
Como dato de color, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el ex mandatario peruano, renunció en diciembre de 2015 al directorio de esa misma empresa, poco antes de asumir como candidato a presidente del Perú, cargo que en definitiva obtendría en una estrecha segunda vuelta con Keiko Fujimori.
El fin de estallido
Lentamente el fin del modelo chileno sigue su curso. Se espera una nueva constitución para el primer semestre del próximo año y -entre otros hitos- quizás el paso de las AFP a manos estatales o un sistema mixto de cotización que asegure pensiones mas dignas que los $ 160.000 chilenos (u$s 205) que cobraban en promedio los jubilados a principios de la pandemia. El valor de la canasta básica de alimentos a principios de 2021 fue de unos $ 74.000 chilenos (u$s 98).
Pero de la mano de aquello, también se extingue el fin de la vieja política con sus partidos tradicionales o partidos del orden, la ingenuidad de una población que salió a las calles en octubre de 2019 a manifestarse contra una economía basada en el endeudamiento de los hogares y hasta las manifestaciones de ese mismo estallido.
El triunfo estruendoso de la nueva «Lista del pueblo» -un espacio político independiente en las elecciones constituyentes de mayo de 2021 y que representaba en la política lo que el estallido social expresó en las calles- parece extinguirse con la impugnación de su carta presidenciable por temas de fraude electoral y luego de que varios de los constituyentes por ese espacio se alejaran del mismo, por no respetarse los objetivos para los que fueron convocador: redactar la nueva constitución.
Y Sebastián Piñera, muy por el contrario de lo que vaticinaban distintos actores políticos -y esta misma columna- no solo pasó agosto de 2020 y 2021 sino que seguramente también entregará el mando al próximo presidente que tendrá la misión de llevar adelante una nueva transición y -dos o cuatro años después- entregar el mando, ahora sí, a un mandatario que inaugure una nueva era en Chile: la de una nueva constitución.
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