La OA pide que la justicia investigue a funcionarios de Macri por la fusión Telecom Cablevisión
La Oficina Anticorrupción (OA) consideró que funcionarios de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que dictaminaron a favor de la fusión de Telecom y Cablevisión, en 2018, debieron haberse abstenido por presuntos conflictos de intereses y envió su resolución a la Justicia penal por «la posible comisión de delitos de acción pública».
Aumentan las tarifas de celulares por encima de lo que pide el Gobierno: de cuánto es la suba
La causa, impulsada por un particular que busca la nulidad de la operación y rechazada por la empresa, deja expuesta una interna en el Gobierno.
En noviembre de 2021, el Estado debió responder ante la justicia comercial por un planteo de nulidad que hizo la abogada Liliana Zabala, en representación de Jorge Sombra y otros trabajadores y extrabajadores de Telecom. El planteo original aduce que Telecom, desde el inicio de la privatización, en 1992, incumplió con la participación de los trabajadores en sus ganancias prevista en los pliegos y que, por lo tanto, debe invalidarse cualquier modalidad de contratación con el Estado. Entre ellos, la fusión que la CNDC aprobó a mediados de 2018.
Conflicto de intereses
Entre la prueba que aportó Zabala a esa causa, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial 3, se encuentra un dictamen de la OA que dirigía Laura Alonso. La oficina apercibió al extitular de la CNDC, Esteban Greco, había sido director de la consultora GPR Economía, desde donde asesoró a Cablevisión y a Telecom en varias oportunidades, entre 2009 y 2016.
Ahora, la OA al mando de Félix Crous retomó la investigación, a pedido de Zabala. Y sumó a Roberta Bidart, vocal de la CNDC durante el macrismo. Bidart intervino, como externa, en algunas consultorías para GPR que involucraron a las empresas fusionadas. Según la OA, debió haberse excusado porque no pasaron tres años entre esos trabajos y sus actuaciones como funcionaria.
Según la resolución 4 de la OA, a la que accedió El Cronista, Bidart «infringió el deber de abstención previsto» en la ley 25.188. Y Greco, si bien se excusó en algunos trámites, podría haber intervenido a través de Bidart, sospechó el organismo que conduce Crous.
«Remítase copia de todo lo actuado al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a los efectos de poner en su conocimiento la posible comisión de delitos de acción pública por parte de (…) Bidart y (…) Greco, en sus respectivos roles de vocal y presidente» de la CNDC, se lee en la resolución.
Pedido de nulidad
Para Zabala, esta instancia da pie a su reclamo de nulidad, que impulsa desde agosto de 2018. «Quienes dieron el aval técnico fueron integrantes de la CNDC que trabajaron como asesores de las mismas compañías denunciadas», dijo. «La investigación de la OA habilita para que la Justicia declare la nulidad absoluta», consideró.
La CNDC emite dictámenes no vinculantes. Quien validó la fusión en lo formal fue el entonces secretario de Comercio Interior, Miguel Braun.
Fuentes de la compañía descartaron que la investigación afecte la fusión. «La operación ya fue perfeccionada y aprobada, y el Estado, durante este Gobierno, la ratificó en sede judicial», indicaron, ante la consulta de El Cronista.
La interna
La fusión está tironeada por la puja dentro del Gobierno. Formalmente, la CNDC depende de la secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti. A poco de haber asumido, en noviembre, abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo defendieron lo actuado por la CNDC y rebatieron un planteo de Zabala de que «la fusión producirá un monopolio y una reducción de la competencia».
«Cabe recordar que los efectos de conglomerado o de cartera a los cuales parecieran aludir los demandantes, sí fueron tenidos en cuenta en el dictamen elevado oportunamente», dijeron los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo. «Destacó por entonces la CNDC que el empaquetamiento es una tendencia internacional que implica beneficios tanto para los consumidores (posibilidad de precios más bajos, un único proveedor) como para las empresas (economías de alcance, fortaleza competitiva)», sostuvo.
En ese escrito de contestación, los abogados que responden al ministro Matías Kulfas pidieron convocar a los terceros afectados, ya que la demanda es contra el Estado: Telecom Argentina, Cablevisión y Fintech, el fondo de inversión de David Martínez, socio del holding de Héctor Magnetto que había entrado en Telecom antes de que se oficializara la fusión.
Según la OA, la CNDC se negó a entregar copias de expedientes solicitados para verificar si Greco y Bidart incurrieron en irregularidades porque, de acuerdo con el artículo 34 de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia, «los procedimientos de la presente ley serán públicos para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar desde su inicio; el expediente será siempre secreto para los extraños».
Instancia abierta
Pero la CNDC también dejó abierta en esa oportunidad una «instancia administrativa» en la que se define si se incurrió en algún tipo de irregularidad. Según fuentes oficiales, desde noviembre hubo escasos avances en ese expediente. La compañía lo desconoce e insiste: «Nada de esto afecta a la Fusión y el Estado contestó la demanda diciendo que la fusión estuvo bien hecha».
Para la abogada, la nulidad sería una responsabilidad de la empresa, que debería hacerse cargo de los costos.
https://www.cronista.com/economia-politica/la-oa-pide-que-la-justicia-investigue-a-funcionarios-de-macri-por-la-fusion-telecom-cablevision/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/la-oa-pide-que-la-justicia-investigue-a-funcionarios-de-macri-por-la-fusion-telecom-cablevision/