La guerra por la inflación pasar por definir los límites políticos del gasto
El conflicto que atraviesa a toda la coalición de gobierno tiene dos componentes opuestos, que a la vez actúan como un contrapeso: de un lado, una visión política que exacerba las posibilidades del Estado como resolvedor de problemas; del otro, una visión económica que le tiene más respeto a la restricción presupuestaria y que asume que hay límites que no conviene traspasar.
Esas visiones chocan en la política energética, la política social, la política de precios, la política educativa, y todos aquellos enunciados oficiales en los que un sector se propone expandir el radio de acción del Estado, a través de un mayor gasto, y el otro levanta la mano para moderar ese impulso.
Más allá del poco tacto que exhibió como parte del equipo económico, al señalar que el acuerdo sellado con el FMI «está muerto» por todas las variables que se movieron con la guerra en Ucrania, lo que le reclamó Roberto Feletti a Guzmán es una política de ingresos que defienda a los sectores más vulnerables de la inflación. Para el secretario de Comercio Interior, jugarse a dar ese paso es hacer «política económica». Entiende que en esa trinchera se da la verdadera pelea contra los precios, y no en las listas que después no se respetan. «No hago milagros», reiteró, como si alguien tuviera dudas.
Guzmán defiende la inflación multicausal, y si bien reconoce parte de las situaciones que expone Feletti, las enumera en otro orden. Su prioridad no es elevar las retenciones o salir a buscar especuladores, porque ese no es el camino que reduce el ritmo de aumento de los precios. Al final del día, el ministro está de acuerdo en que haya un límite para el financiamiento monetario. Respaldar esa postura hoy es el centro de la verdadera guerra que dispara la inflación.
Para tratar de despejar algo este escenario, el titular de Economía empezó por tratar de tapar el agujero más grande que tiene hoy el frente fiscal: el gasto en subsidios energéticos. La urgencia no solo la pone la cercanía del invierno, sino la necesidad de saber cuánto gas será necesario importar y a qué precio, ya que de esa manera el Ejecutivo podrá tener un cálculo más preciso sobre los dólares que deberá destinar con este fin. Cuando tenga este panorama relativamente definido, Hacienda podrá estimar el nivel de subsidios y su contracara, la tarifa que los financia.
A la vista del equipo económico, mucho más no se puede hacer a corto plazo. La temperatura social obliga a dar respuestas, pero con una inflación que navega cómoda a un ritmo superior a 50% anual, los movimientos bruscos son un arma de doble filo. El Gobierno apuesta a una desaceleración que ponga el piso mensual por debajo de 4%. Tiene que conseguir un mes parezca «normal» (para la Argentina, por si hace falta aclarar) y hacer ver a la sociedad que la inercia no es solo ascendente.
La política se pregunta si puede conseguir este objetivo con los actuales responsables o hace falta un cambio que sirva para volver a galvanizar la coalición. Es una movida que debe resolver Alberto Fernández de cara al 2023.
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