La Corte gira el reclamo porteño a la Procuración y dilata una sentencia
economía y política
Desde aquel miércoles 9 de septiembre en el que Alberto Fernández decidió zanjar el conflicto policial bonaerense restándole 1,18 punto de fondos federales a la ciudad de Buenos Aires, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ya calcula pérdidas de alrededor de $ 1500 millones en concepto de coparticipación.
Día a día, esa sangría se estira en alrededor de $ 150 millones, lo que motivó al gobierno porteño a llevar un planteo de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia a través de una cautelar que le permita, por lo menos, frenar el grifo.
La misma llegó el viernes al máximo tribunal, donde apenas pasó el fin de semana, ya que entre hoy y mañana será girada a la Procuración General, donde debe ser analizada antes de emitir un dictamen, que no será vinculante, pero que puede dar un primer indicio de cómo puede resolver el máximo tribunal.
La Corte no tiene plazos para expresarse sobre la cautelar porteña, por lo cual difícilmente una decisión de su órbita surja en lo que resta de septiembre. Fuentes tribunalicias reconocen la relevancia del planteo, que la Corte resolverá, pero también destacan la importancia del fondo de la cuestión: si es correcta la quita de fondos decidida por Nación, que pasó de otorgarle 3,5% de recursos a 2,32% simplemente con un decreto y que si prospera el proyecto de ley que envió al Congreso podría resentir todavía más esos ingresos, volviendo a un esquema similar al de 2015, antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando recibía un 1,4%.
El hecho de que en el Congreso haya ingresado ese texto oficial que afecta aún más contra los recursos porteños podría generar que la Corte pose su mirada más en esa discusión parlamentaria que en el amparo actual. La discusión de una ley, que seguramente será judiciable por parte de la Ciudad si se concreta, aplicaría más dentro de la estructura cortesana. Ese «fondo» de la cuestión podría extender más los plazos de la cautelar, aunque una resolución no invalida a la otra.
Entre los puntos centrales que plantea la Ciudad para que la Corte valide su reclamo sobresalen que «en nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales».
La Corte se encuentra trabajando de manera virtual, con sus acordadas de los martes, y teniendo como caso de resolución pendiente los traslados de jueces federales que ordenó el macrismo y que la semana pasada el kirchnerismo, desde el Senado, decidió dar marcha atrás.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi reclamaron por per saltum al máximo tribunal, pero no recibieron una respuesta. Se espera que, ya definido el tema en el Congreso y con un decreto presidencial y el fallo de Casación confirmando la medida, los jueces ahora sí decidan en qué lugar deben desempeñarse esos dos jueces y Germán Castelli, otro magistrado que llevó a la Justicia su reclamo, y que como sus pares, investigó a la expresidenta Cristina Kirchner.
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